- Últimos cinco periodos electorales tuvieron un abstencionismo aproximado del 40 por ciento.
Costa Rica entrará en proceso electoral en 2026 con un padrón de 3,7 millones de personas habilitadas para votar, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se prepara para instalar entre 6.800 y 7.000 juntas receptoras en alrededor de 2.100 centros de votación en todo el país. Además, habilitará 49 juntas en 42 países, lo que permitirá que la ciudadanía en el extranjero también ejerza su derecho.
Para organizar las elecciones, el TSE presupuestó ₡3.942 millones para 2025 y ₡6.275 millones para 2026, para un total de ₡10.217 millones sin incluir una eventual segunda ronda, que tendría un costo adicional de ₡3.362 millones. Todas estas cifras dependen, todavía, de la aprobación legislativa y podrían variar, ya que el gasto efectivo suele ser menor al presupuesto.
A pesar del volumen operativo, Costa Rica mantiene uno de los procesos electorales más baratos del mundo, con un costo estimado de entre $2 y $3 por voto, mientras que en otros países el costo puede superar los $20 o incluso los $50. Para esta elección, el Tribunal ordenó imprimir 7,6 millones de papeletas, divididas entre los cargos presidenciales y legislativos.
Sin embargo, cuando una proporción importante de personas decide no votar, el país absorbe un costo que no se compensa. Si el abstencionismo llegara al 40%, como en los últimos cinco procesos electorales, cerca de 1,48 millones de personas no acudirían a las urnas, lo que implicaría una pérdida económica equivalente a entre $2,96 millones y $4,44 millones (entre ₡1.570 millones y ₡2.350 millones, según un tipo de cambio de ¢530).
Pero el impacto no es solamente financiero.
El director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Hugo Picado, explica que la legitimidad del presidente electo proviene del voto efectivamente emitido, por lo que quienes se abstienen “renuncian a elegir a sus autoridades y renuncian a ejercer ese poder”.
El politólogo Mario Quirós coincide en que el abstencionismo tiene un costo político profundo:
“Un gobierno elegido en una elección de baja participación tiene menos respaldo ciudadano real, especialmente en una población que ya se siente desconectada de la política. Esa debilidad se nota cuando llegan los momentos clave para tomar decisiones importantes.”
Quirós advierte que esta condición reduce la capacidad de impulsar políticas de largo plazo y aumenta la presión social:
“Cuando hay alto abstencionismo, las protestas y los desacuerdos toman más fuerza, porque el gobierno representa menos a la mayoría en la práctica, aunque sea legalmente legítimo.”
El politólogo Sergio Araya agrega que el costo en la gobernanza:
“Entre menos gente participe, más débil es la legitimidad de inicio de quienes resultan electos. El mandato se vuelve menos robusto y el margen de maniobra se reduce desde el primer día.”
El impacto democrático y los riesgos para 2026
Picado también señala que el sistema democrático depende de la participación ciudadana, ya que el derecho al sufragio funciona como derecho y deber. En esa línea, el TSE ha intensificado su campaña para promover la participación electoral y evitar que la desinformación y la polarización—dos de las principales amenazas para las democracias modernas—afecten el comportamiento en las urnas.
El Tribunal espera un aumento en la participación respecto a 2022, cuando el país todavía enfrentaba los efectos de la pandemia.
“Tenemos la expectativa de que los 3,7 millones de costarricenses llamados a las urnas participen, o al menos una gran mayoría”, señala Picado.
