Sesión entre Poder Judicial y Legislativo dejó dos iniciativas definidas como prioritarias para su aprobación en el Plenario.
Los proyectos de ley de ejecución de la pena, tramitado bajo el expediente 24.019, así como otro de capitales emergentes, expediente 22.834, fueron las dos propuestas definidas como prioritarias en la reciente reunión sobre seguridad entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
¿En qué consisten estas propuestas? En Noticias Columbia conversamos con expertos para conocer cómo pueden impactar las iniciativas en el trámite de la justicia.
Según el abogado penal, Dennis Solano, el proyecto de ejecución de la pena viene a llenar un vacío, ya que anteriormente sus alcances y procedimientos estaban definidos en un reglamento y no en una ley.
«Esta propuesta se puede decir que es casi que una copia del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional que se ha regido a través de los diferentes años. Más bien, es cumplir con un vacío normativo que por décadas Costa Rica ha estado debiendo, ya que todas las relaciones de ejecución de la pena se han venido dando a través de un reglamento. Por ejecución, entiéndase, básicamente, aquellas disposiciones, facultades, derechos; incluidas sanciones, que tiene la persona privada de libertad ya frente a una eventual condena. Entonces, es como que eventualmente se va a regular a las personas privadas de libertad y siempre me parece una propuesta fundamental el tema de regular este tipo de incidencias por medio de una ley, lo que pasa es que eso viene a solventar un vacío y una necesidad exorbitante que ha tenido el país por décadas; pero no viene a solventar el tema de seguridad de forma inmediata porque es un complemento», detalló Solano.
Este proyecto se encuentra en el orden del día para su discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
La otra propuesta, sobre capitales emergentes, ya fue votada afirmativamente en primer debate.
El experto en materia Penal, Rodrigo Araya, explicó en qué consiste esta iniciativa y sus efectos sobre los trámites judiciales.
«Es un proyecto que pretende que cuando una persona no pueda justificar el origen lícito de dineros, de capitales, de bienes, pero tampoco la Fiscalía pueda determinar que proviene de un origen ilícito, entonces poder, de alguna manera, embargar o capturar dichos bienes. En otras palabras, en caso de duda sobre el origen de los bienes, se comisarían a favor del Estado y eso es lo que se conoce como capitales emergentes. Sabemos que si se logra determinar que bienes o dineros provienen de un origen ilícito, estaríamos hablando de un delito que se llama legitimación de capitales; pero este proyecto lo que quiere es que en caso de duda, aunque eso no se pueda probar, pero tampoco la persona pueda demostrar un origen lícito, pues se llama capitales emergentes y se comisarían también a favor del Estado», afirmó el abogado.
Pese a que el proyecto pareciera contar con el apoyo para votarse en segundo debate, el mismo tiene oposición dentro de la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP).
El representante de la fracción dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gilberto Campos, señaló que la iniciativa invierte la carga de la prueba y podría ser utilizada para perseguir a personas con fines políticos.
«Este proyecto viene regresando de la Sala Constitucional. Ya la Comisión Legislativa de Consultas de Constitucionalidad observó el criterio de la Sala respecto de un tema que consideró inconstitucional en lo relativo, específicamente, a temas de notificaciones contenido en el artículo 2 del proyecto. Sin embargo, esto no resuelve las preocupaciones de no solamente el PLP, sino también de otras fracciones que se han han sumado a estas preocupaciones respecto del artículo 1 del proyecto de ley en donde, prácticamente, se invierte la carga de la prueba. Esto, para decirlo en sencillo, es que no aplique el principio de ‘usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario’, sino que es al revés, ‘usted es culpable hasta que se muestre su inocencia’, para decirlo en términos coloquiales. Eso es lo que debemos valorar con mucha prudencia y seriedad, porque hay que recordar que las leyes se hacen para todos, no solamente para un grupo en específico y perfectamente podría ocurrir en el futuro que la instrumentalización política de una herramienta de este tipo podría generar, en alguna medida, persecuciones contra contrincantes políticos, adversarios de gobierno o, sencillamente, personas que piensen distinto», manifestó el diputado liberal.
