El director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero, se refirió al proyecto frenteamplista para permitir a las personas con enfermedades graves acceder al ROPC.
El retiro de la totalidad del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) por parte de personas con enfermedades graves no afectará el sistema de pensiones.
Este es el criterio del director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero, luego de la consulta de Noticias Columbia.
El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) fue creado en el 2000 como un complemento a la pensión básica del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que reciben las personas al jubilarse.
Fue uno de los temas más debatidos en la Asamblea Legislativa, cuando se discutía el proyecto de “Ley de Reforma al artículo 26 de la Ley de Protección al Trabajador 7983 y sus reformas” (expediente 23.547), propuesto por el diputado liberacionista Gilberth Jiménez para permitir el uso del ROPC anticipadamente.
Durante esta semana, la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó de manera afirmativa, y por unanimidad, una iniciativa impulsada por el Frente Amplio para habilitar el retiro total del ROP en casos de enfermedades graves o terminales.
El diputado frenteamplista Jonathan Acuña explicó el sentido de este proyecto de ley.
“Hemos encontrado múltiples casos, que también ha sido informados por la prensa, de personas que, encontrándose en esta situación, siguen viendo impedido su acceso a los recursos que han logrado en sus cuentas del Régimen de Pensiones Obligatorias, y eso provoca que estas personas hayan tenido que ir a la Sala Constitucional que una y otra vez les ha dado la razón y ha obligado a las Operadoras a darles esos recursos, con este proyecto de ley aseguramos que cualquier persona que tenga la certificación de encontrarse en una situación de enfermedad grave pueda solicitar a su operadora el retiro total de los recursos de manera inmediata, porque, por supuesto, esto es un asunto de humanidad básica: que puedan utilizar esos recursos también para poder atender su situación de salud o cualquier otra situación socioeconómica que se le presente mientras está pasando por esta situación grave de salud”, expresó.
Los casos constitucionales
Durante este 2024, la Sala Constitucional ha resuelto una serie de casos relacionados con el retiro anticipado del ROP por parte de personas con enfermedades graves.
Para junio anterior, el Tribunal Constitucional informó que en los últimos tres años ha habido un aumento en los reclamos por ROPC: 28 casos en el 2022 (ninguno fue declarado con lugar), 85 casos en el 2023 (seis declarados con lugar), y en ese momento el 2024 acumulaba 80 expedientes, de los cuales seis han sido declarados con lugar.
Dentro de las resoluciones, se obligó a la Operadora de Pensiones del Banco Nacional y la Operadora de Pensiones del Banco Popular a entregar la totalidad del ROPC a pacientes con cáncer.
OCF recomiendan iniciativa
Consultado por Noticias Columbia, el director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero, manifestó que ve positivamente el proyecto propuesto por el Frente Amplio.
Según Montero, actualmente la Ley de Protección al Trabajador incluye la posibilidad del retiro del ROP solo en casos de enfermedades graves, pero se necesita una declaratoria oficial de la Caja.
Por ende, la reforma planteada vendría a resolver, de manera automática, que las operadoras de pensiones devuelvan los fondos en casos de enfermedades graves o terminales.
“En realidad no es una cantidad significativa para el tamaño que tiene el ROP en Costa Rica, los casos terminales son relativamente pocos y, por lo tanto, no tendría absolutamente ningún impacto y nos parece que es una medida muy eficiente, mucho más eficiente que lo que tenemos hoy en día, porque las personas son obligadas a tener que acudir a la Sala Constitucional y esta es la que obliga a las operadoras de pensiones a devolver la plata, que no lo pudieron haber devuelto antes porque la ley no se los permite, no es porque no quieran, de manera que entonces este proyecto de ley lo que viene es ayudar sustancialmente al trámite de los consumidores que requieren esos recursos como resultado de una enfermedad terminal y, por otro lado, le evita a los operadores de pensiones la problemática de tener que asumir costas procesales a las que son castigadas, porque las personas tienen que acudir a la Sala para que les devuelvan esa plata, de manera que es un proyecto bastante conveniente para toda la sociedad costarricense”, explicó.
