Póliza de la ‘vergüenza´ o de la ‘impunidad’, son algunas de las maneras en las que diputados se han referido a seguro de responsabilidad civil que busca el Gobierno para sus jerarcas.
El procurador general de la República, Iván Vincenti, compareció este jueves ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para dar sus impresiones sobre la intención del Gobierno de contratar una póliza de responsabilidad civil para sus jerarcas.
Los legisladores de este órgano mantienen una investigación abierta sobre esta pretensión del Poder Ejecutivo, debido a que se ha cuestionado el uso de recursos públicos con este fin.
Vincenti señaló que, el año anterior, desde el Ministerio de la Presidencia preguntaron a la Procuraduría General de la República (PGR) si se pueden utilizar fondos públicos para contratar este tipo de seguro.
«A través de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, artículo 7, hay una obligación para el Poder Ejecutivo y para las autónomas de contratar sus seguros con el Instituto Nacional de Seguros (INS). Esto, a pesar de que se había dispuesto la apertura del mercado. Se establece de manera expresa que el Poder Ejecutivo venga obligado a contratar con el INS, siempre y cuando sea la mejor opción en temas de prima, cobertura y deducible. Esta autorización que tiene el Poder Ejecutivo abarca todo tipo de seguros. No hay una potestad discrecional para elegir al proveedor de seguros, lo que hay es una potestad discrecional de elegir de definir cuál es el tipo de seguro que puede adquirirse, atendiendo a las necesidades y a la finalidad de las competencias que está ejerciendo ese específico reparto de la administración», indicó Vincenti.
Además, el jerarca de la PGR afirmó que es competencia de la Contraloría General de la República (CGR) determinar si es posible utilizar fondos públicos para contratar la póliza.
«Respetando las competencias que son propias de otros órganos, la PGR no se puede referir a la legalidad o no legalidad de la utilización de fondos públicos para la adquisición de este tipo de seguros, porque es un tema que corresponde a la Contraloría General de la República. En esa medida, dejamos clarificado que, como les dije al principio, no solo no revisamos ningún acto concreto de la suscripción de una póliza, sino que además igualmente debemos podemos reconocer la competencia excluyente y prevalente de la Contraloría para analizar si se pueden utilizar fondos públicos para adquisición de este tipo de seguros», añadió Vincenti.
Estos señalamientos del procurador, sumados a un informe emitido al respecto, no convencieron a los legisladores.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, lamentó que el pronunciamiento de la Procuraduría no fuera claro en si procedía una contratación de este tipo de póliza.
«La confianza de buena parte de la población en el prestigio y la objetividad de la Procuraduría, al menos desde mi perspectiva, por encima del tecnicismo que usted invoca, quedó lesionada porque esperábamos un pronunciamiento más preciso, indicando si era o no era procedente ese tipo de póliza. Se lo digo por lo manifiesto y evidente que es la intención que tiene de vaciar el contenido de la responsabilidad objetiva del funcionario y trasladarlo con fondos públicos a una institución aseguradora que además es pública, del INS. Entonces, se paga con fondos públicos la póliza, pero además el daño que venga, la reparación de ese daño, tomando en cuenta una serie de factores como tratamiento psicológico al funcionario público, asistencia periodística, pago de abogados y todos los gastos que tengan que ver con eso. Entonces, da un sabor como de que ustedes no se quisieron ganar ese trabajo completamente. Se lo digo con sinceridad. Yo, hasta en Plenario le he citado a usted, por supuesto, en el marco del respeto, diciendo que yo quería ver de qué madera estaba hecho usted como cabeza de la Procuraduría. Se lo tengo que decir de verdad, objetivamente, quedé muy decepcionado con ese informe de ustedes», manifestó el verdiblanco.
De igual manera, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, indicó que el informe de la Procuraduría sirvió para contratar una póliza que es ‘indebida y roza con la ética en la función pública’.
«A través del documento se abrió un portillo jurídico para justificar indebidamente una acción que a todas luces era incorrecta. Vuelvo a insistir y porque lo conozco muy bien, lo que diga la Procuraduría no se refiere a un caso particular, sino a un tema general, pero fue utilizado y tomado como elemento para justificar para un tema particular donde hubo una póliza cuyas condiciones particulares fueron cambiadas», afirmó la socialcristiana.
