Según el director del CENFI, Melizandro Quirós, los costos de terreno y construcción complican el panorama para quienes desean tener casa propia.
Acceder a una vivienda asequible es cada vez un mayor desafío para los costarricenses, según un estudio desarrollado por la Defensoría de los Habitantes.
La investigación señala que un grupo amplio de la población no califica para préstamos de vivienda debido a sus bajos ingresos. Además, el pago de alquileres evita, en muchos casos, que puedan ahorrar.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, aseguró que esta situación provoca un círculo vicioso que afecta, principalmente, a las personas en pobreza y pobreza extrema.
La jerarca se refirió a la evolución de los recursos otorgados a través del programa Bono Ordinario, en los últimos cinco años.
Eso sí, señaló que es necesario que se ataquen los problemas estructurales de la problemática, mediante estrategias como la inserción laboral.
«En cuanto al programa del Estado sobre el Bono Necesidad Extrema, destinado a familias que no poseen lote propio y con una situación económica calificada de extrema necesidad, los datos del presupuesto asignado en el periodo 2019-2024 muestran que los años de mayor reducción en la asignación presupuestaria son el 2020, con una disminución del 17.1% y el 2022 con una caída del 18.7%. En contraste, para el año 2024, se registra el presupuesto más alto asignado con un incremento del 19% respecto al 2023. Para la Defensoría, la solución del déficit habitacional debe ir más allá de la entrega de una vivienda. Se requiere una articulación con programas de inserción laboral, atención de asentamientos informales y planificación urbana de manera que se aborden las causas estructurales de problema. Además, la modernización de los sistemas de información y seguimiento del Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI) es esencial para mejorar la transferencia y la emisión de cuentas en la gestión de los recursos públicos», mencionó Cruickshank.
El estudio indica que, entre el 2020 y 2022, el déficit habitacional se ha mantenido entre un 3% y un 5%, lo que apunta a que estos programas sociales no han logrado una reducción significativa del déficit ni un efecto relevante en la población.
El director ejecutivo del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (CENFI), Melizandro Quirós, explicó que el costo de la construcción y del terreno han afectado el acceso a vivienda, específicamente en la región urbana del país.
«Una de las problemáticas que más estamos teniendo con el tema del bono de vivienda, que tiene que ver con los costos de construir una vivienda y el costo del suelo en el área urbana, el 77% de los bonos del 2024, que fueron 9.320 bonos que se dieron, el 77% se dieron fuera del área urbana. Esto tiene que ver mucho con la problemática que hoy se tiene de que los subsidios a la vivienda no están teniendo un impacto significativo en el gran área metropolitana, donde más se requiere vivienda, precisamente porque los costos de construcción más el costo del terreno son relativamente altos. Por ejemplo, en Escazú se dio un bono de vivienda, en Santa Ana se dio un bono de vivienda, en Curridabat se dieron dos bonos de vivienda. En Santo Domingo o Belén de Heredia, que son zonas muy deseables de vivir, no se dieron bonos de vivienda. La problemática más crítica que hay en esta materia es que los bonos están enfocados a ayudar a que la gente trate de comprar una solución, pero hoy, con los precios de vivienda que hay, definitivamente tenemos un desacople entre la oferta y la demanda de vivienda. Esto no lo está pudiendo solucionar el bono», destacó Quirós.
Finalmente, el director del CENFI aseguró que, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), las soluciones de vivienda en el área metropolitana no corresponden con la realidad del mercado.
«El costo de construcción, sin terreno, de una vivienda de clase media tiene en Costa Rica un precio de 45 millones de colones, solo el costo de construcción. Si vos le sumás un terreno en el área urbana de unos 15 millones, ya estamos hablando de que tenemos en San José una solución que hubiese que dar de 60 millones de colones. Eso en San José es imposible de dar, no hay forma de hacer una vivienda de 60 millones en San José. Por eso es que las viviendas que la gente ve a nivel de oferta superan los 80 o los 100 millones, porque ese tipo de solución de clase media de 60 millones solo lo puedes hacer fuera del gran área metropolitana y ahí el efecto del bono, que es lo que ayuda con el tema del terreno, es poco impactante a nivel urbano», añadió el experto.
