- Presidenta legislativa alegó falta de competencia para continuar el proceso contra el exdiputado por presunto hostigamiento sexual.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, ordenó este jueves archivar el expediente relacionado con las denuncias por presunto hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado, al concluir que el Congreso perdió la potestad para sancionarlo tras dejar su cargo como legislador.
La resolución sepulta los tres informes elaborados por la comisión especial que investigó las denuncias presentadas por la exdiputada Marulin Azofeifa, dos de los cuales recomendaban imponer una sanción ética pública contra Alvarado.
“Por lo que se ordena el archivo del presente expediente”, resolvió Jiménez en el Plenario Legislativo.
La presidenta legislativa aseguró que la decisión no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del caso.
“Esta presidencia hace constar expresamente que lo resuelto en esta resolución no implica pronunciamiento sobre el fondo de los hechos investigados ni sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a razones de competencia, legalidad, debido proceso y límites objetivos y subjetivos del reglamento aplicable”, indicó.
La decisión se tomó pese a que la Dirección de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa concluyó, en un criterio del 7 de mayo, que el proceso sí podía continuar aunque Alvarado ya no fuera diputado, debido a que la eventual sanción tenía carácter ético y los hechos denunciados ocurrieron cuando ejercía el cargo.
Sin embargo, Jiménez privilegió un criterio posterior del Departamento de Servicios Técnicos, emitido este mismo jueves, que sostuvo que la Asamblea pierde la potestad sancionadora cuando la persona denunciada deja de ser legisladora.
Minutos antes de anunciar el archivo, Jiménez afirmó que “repudia total y absolutamente el acoso sexual”, aunque lamentó que la Asamblea anterior no resolviera el caso cuando todavía tenía competencia plena.
El expediente llegó a la actual integración legislativa luego de que, en abril, una serie de ausencias impidiera alcanzar el cuórum necesario para votar los informes en el Congreso anterior. En esas sesiones faltaron diputados oficialistas, legisladores de Nueva República y aliados del gobierno.
Oposición acusa “red de cuido”
La decisión provocó fuertes críticas de las bancadas opositoras y de la representación legal de Azofeifa.
La diputada Claudia Dobles calificó la resolución como “vergonzosa”.
“Me parece vergonzoso que acabamos de recibir de parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa una resolución en donde dice que no va a culminar el proceso de sanción de Fabricio Alvarado, justificándose en algo que es contrario a toda jurisprudencia”, afirmó.
Dobles acusó a la actual mayoría legislativa de evitar que el caso llegara al plenario para impedir una votación pública sobre una eventual sanción.
La diputada liberacionista Janice Sandí sostuvo que la resolución envía un mensaje negativo a las mujeres costarricenses.
“Con vergüenza este primer poder de la República declina en la voz de su presidenta, doña Yara Jiménez, de discutir el caso por hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado”, manifestó.
Por su parte, el diputado frenteamplista José María Villalta aseguró que el oficialismo y Pueblo Soberano activaron una “red de cuido” para proteger a Alvarado.
“Están poniendo a funcionar la red de cuido para proteger a abusadores, acosadores y sentar un precedente vergonzoso en Costa Rica”, afirmó.
Villalta también cuestionó que Jiménez alegara incumplimientos de la Asamblea anterior sin denunciar a quienes, según él, bloquearon las votaciones en abril mediante ausencias deliberadas.
Defensa de denunciante anuncia nuevas acciones
El abogado de Azofeifa, David Delgado, afirmó que el archivo del expediente representa “una protección para garantizar la impunidad” del exdiputado.
“Una vez más el Estado le está fallando a Marulin Azofeifa, quien esperaba justicia por parte del primer poder de la República”, declaró.
El abogado sostuvo que la resolución contradice criterios de la Sala Constitucional y de la Sala Segunda sobre la posibilidad de imponer sanciones éticas a exfuncionarios por hechos ocurridos durante el ejercicio del cargo.
Además, advirtió que agotarán “todas las vías necesarias” para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios que, por acción u omisión, habrían entorpecido el proceso.
Tras la resolución de Jiménez, las bancadas del PLN, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana apelaron la decisión. No obstante, la apelación fue rechazada por la bancada de Pueblo Soberano y aliados, con 29 votos.
El jefe de esa fracción, Nogui Acosta, defendió que la discusión no giraba sobre la culpabilidad de Alvarado, sino sobre la legalidad del procedimiento.
“Aquí no estamos juzgando a don Fabricio Alvarado, sino definiendo la legalidad de seguir con el procedimiento o no”, sostuvo.
El caso contra Alvarado continuará en la vía judicial ordinaria. El exdiputado enfrenta varias denuncias por presuntos delitos sexuales y ya fue citado por la Fiscalía General para una indagatoria. También se le impusieron medidas cautelares para no perturbar a una de las denunciantes durante la investigación.
