Voces políticas discrepan sobre reformas al sistema de nombramientos y controles.
El presidente del Poder Judicial respondió a los cuestionamientos de la presidenta electa tras la extradición de Celso Gamboa y rechazó señalamientos de inacción institucional.
El jerarca de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Orlando Aguirre Gómez, afirmó que el nombramiento del exmagistrado no fue decisión del Poder Judicial. “No fue la corte suprema de justicia la que designó como magistrado al señor Celso Gamboa Sánchez, fue la asamblea legislativa (…) la que lo designó como tal”, dijo. Aguirre indicó que la Corte solicitó la destitución cuando se le atribuyeron hechos indebidos y expresó disposición de trabajar con la presidenta electa Laura Fernández en mejoras al sistema.
Las declaraciones surgen luego de que Fernández cuestionara la reacción del Poder Judicial ante el caso y señalara la falta de alarma institucional por la extradición del exmagistrado.
Desde el sindicato judicial, Hugo Solís defendió los controles internos. “También desconoce, doña Laura Fernández (…) los mecanismos que desde entonces se han ideado para poder sostener la probidad de las personas (…) y todos los controles que se llevan”, afirmó, al tiempo que recordó cuestionamientos previos al desempeño de Gamboa.
El señalamiento de Aguirre sobre la responsabilidad del Congreso coincide con el hecho de que la Asamblea Legislativa de Costa Rica nombró a Celso Gamboa magistrado en 2016 con 43 votos. El exjerarca fue suspendido en 2017 y destituido en 2018 a solicitud de la Corte.
El caso reactivó el debate sobre el paso de funcionarios entre poderes del Estado. El abogado constitucionalista Fabián Volio, asesor de la presidenta electa, planteó limitar estos movimientos. “La persona que ha ocupado cargos en el poder ejecutivo (…) no puede pasar al poder judicial (…) hasta pasados 10 años”, indicó, y propuso restricciones internas dentro del propio Poder Judicial.
La diputada Gloria Navas Montero rechazó cambios legales de ese alcance. “Hacer un cambio de leyes en ese nivel (…) no necesariamente es adecuado”, afirmó, y citó casos de funcionarios que han transitado entre poderes.
La oficialista Pilar Cisneros Gallo pidió analizar el tema sin posiciones absolutas. “No le podemos negar al país que funcionarios con excelente trayectoria (…) puedan servir temporalmente en el poder ejecutivo”, señaló.
Este medio solicitó la posición de una magistratura sobre las declaraciones y el debate en curso, pero al cierre de edición no hubo respuesta. El intercambio ocurre en medio de cuestionamientos al sistema de nombramientos y controles del Estado, tras el ascenso y posterior caída de Celso Gamboa dentro de las más altas esferas del poder público.
