Existen criterios opuestos entre diferentes expertos en materia de seguridad sobre limitar o no a los costarricenses a adquirir armas de fuego.
Recientes sucesos entre civiles volvieron a poner en la mesa el debate sobre la tenencia legal de armas entre los costarricenses.
El exfiscal general de la República, Francisco Dall’Anese aprovechó su espacio en una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en la cual se discutía sobre la Ley de Sicariato, para hablar sobre la portación de armas de fuego.
Según Dall’Anese, la actual legislación que tiene el país en esta materia es permisiva, por lo cual instó a los diputados a limitar el acceso mediante un nuevo proyecto de ley.
«La ley dice quienes no pueden usar armas, todos los demás sí. Es decir, es permisiva salvo ciertas excepciones y, desde mi punto de vista y respeto a los que tengan otro punto de vista, lo correcto es que la norma prohíba totalmente las armas y diga las excepciones de quienes sí pueden usar armas y de ese modo sería prohibitivo. La mayoría de los homicidios en este país se cometen con armas inscritas, no con armas no inscritas. Las personas compran armas, las guardan, las dejan en el carro, se las roban, se las roban de la casa o del carro, se olvidan, nunca saben dónde está el arma y de repente el arma aparece implicada en homicidios, robos y otras delincuencias en las calles», manifestó Dall’Anese.
El abogado también fue crítico con la prueba psicológica que deben aprobar las personas interesadas en portar un arma de fuego.
«Quiero aclarar algo, porque a veces me atacan y me dicen que como yo no tengo armas y yo tengo tres armas inscritas, me gustan las armas, pero estoy dispuesto a entregarlas el día que se prohíba, porque creo que lo peor que le puede pasar a un país es que el pueblo esté armado y con absoluta ignorancia de cómo se usan y sin preparación para el uso de armas. El Estado irresponsablemente ha confiado a quienes usan las armas el autocontrol, entonces es el que tiene que ir a buscar un psicólogo, es el que tiene que hacerse el examen, que creo que es muy liviano, para decirlo de alguna manera. Hay que entender que el estado psicológico en el que lo evalúan a uno es un momento, es una fotografía, las emociones que vienen después pueden hacer que un irresponsable utilice un arma matando gente», agregó el exfiscal.
Por el contrario, el experto en crimen organizado y anticorrupción, Mario Arias, cuestionó las justificaciones de quienes pretenden que se cree legislación para prohibir el acceso a armas de fuego por parte de los costarricenses.
«La propuesta de limitar el uso de armas exclusivamente a profesionales en seguridad y establecer ciertas excepciones, es una medida que ha sido discutida en diversos ámbitos. Por un lado, aquellos a favor de esta restricción argumentan que reduciría la disponibilidad de armas para los criminales y la incidencia de delitos violentos, algo que no es del todo cierto ya que hay un mercado negro muy grande en el tráfico de armas desde Suramérica y Norteamérica hacia Centroamérica. Además, sostienen que restringir el acceso a las armas podría contribuir a mejorar la seguridad pública y prevenir tragedias o tiroteos masivos eso no es necesariamente conlleva a una reducción significativa a la criminalidad violenta», explicó el especialista.
Arias recordó que las personas involucradas en el crimen organizado no utilizan los procedimientos legales para la obtención de las armas de fuego.
«El país vive una ola de criminalidad, la cual las personas buscan la autodefensa para proteger su patrimonio y sus seres queridos, recordando que las personas que están vinculadas al crimen no tienen la portación de armas, mucho menos llevan el proceso en el Ministerio de Seguridad Pública», señaló Arias.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, explicó que existen iniciativas de ley que buscan endurecer penas contra personas que utilicen armas de fuego de manera irregular.
«Existen elementos y argumentos donde se muestra, que tanto la ley de armas permitidas como aquellas prohibidas, requieren realmente de ampliar las penas para que éstas sean mucho más severas y que las personas que estén, no solamente facilitando su arma y que no hagan la denuncia oportuna o, por otro lado, utilizando menores de edad, personas adultas mayores u otro tipo de acción ilícita, conlleve esto a una sanción mucho más fuerte y que sean sancionadas con cárcel en donde hoy tenemos algunas faltas que son leves y no llevan a una sanción mayor. Hay dos proyectos presentados, uno por mi persona con respecto al uso de armas permitidas y otro también con las armas no permitidas, de tal manera que se tenga una legislación mucho más actualizada a la realidad y conlleve a mayores penas para cada uno de los casos», detalló el liberacionista.
