En conversación con Columbia, la jefa del Área de Planilla de Diputados del Congreso, Hazel Araya, abordó las características de este pago.
Cada uno de los 57 legisladores de la Asamblea Legislativa puede llegar a percibir, como máximo, cuatro millones de colones al mes.
Esto no es un salario, sino una remuneración establecida en la Ley de Remuneraciones de los Diputados (Ley 7352), y que depende de varios factores.
En conversación con Columbia, la jefa del Área de Planilla de Diputados del Congreso, Hazel Araya, comentó que el monto se compone de dos rubros.
Uno de ellos se conoce como “gastos de representación”, que ronda 1.444.000 colones y que los diputados reciben cada mes de manera fija.
“Los gastos de representación se consideran una ayuda técnica administrativa y son mensuales, es un monto mensual establecido, es una ayuda técnica administrativa independiente a los viáticos; no depende de nada, es un monto mensual”, comentó.
El otro rubro es “la dieta”, cuyo monto se ubica en 2.956.595,55 colones. Según la funcionaria, este componente sí depende de la asistencia de los diputados y de sus justificaciones.
“El cálculo de las dietas de los señores diputados es individualizado cada mes, porque cada uno de ellos participa o integra diferentes órganos legislativos, eso quiere decir que todos los meses para cada uno ese total de asistencias va a variar; desde el área financiera, nosotros recopilamos las asistencias de los señores diputados a cada una de las sesiones que pertenecen (Plenario, comisiones, reuniones de fracción, sustituciones); una vez que tenemos todas las asistencias o la cantidad de sesiones a las que participaron en cada mes, entonces tomamos el monto mensual de las dietas y lo dividimos entre ese total de asistencias y ahí vamos a obtener el costo o el monto de una dieta”, detalló.
Si el diputado asiste a todas las sesiones o justifica sus ausencias recibirá la totalidad de las dietas que, junto con los gastos de representación, podría llegar a representar 4.000.714,75 colones, según datos del Área de Planilla de Diputados.
Este monto sí está sujeto al impuesto de renta y a cargas sociales, lo que deja una remuneración neta de 3.052.145,50 colones (para quien asiste a todos sus compromisos).
Existen otros rubros que también reciben los legisladores, como el combustible o los viáticos.
“El combustible está normado en la Ley de Salario de los Diputados, ahí se establecen 500 litros mensuales para los señores diputados; el cálculo se hace los 500 litros por el costo de la gasolina súper del día 15 del mes anterior; ese monto es depositado a una cuenta que la establece directamente la Asamblea Legislativa, ellos cuentan con su tarjeta, ahí se deposita el monto que corresponde en colones y ellos lo van utilizando conforme ellos quieran”, explicó.
Las giras con vehículos institucionales se rebajan del monto depositado.
“Con respecto a los viajes, los viáticos deben ser solicitados al Directorio Legislativo, quien decide si ese diputado va a recibir viáticos, tiquetes aéreos, póliza o bien lo que se estime, siempre y cuando ningún ente, ya sea nacional o internacional, esté costeando alguno de estos rubros”, agregó.
Además, reciben un plan celular que se renueva cada dos años, y son sujetos de aguinaldo, que se calcula “con la remuneración bruta devengada entre los meses de noviembre a octubre de cada año”, según Araya.
¿Tope al monto?
Recientemente se han presentado algunas iniciativas que inciden en este pago, como la propuesta del Frente Amplio denominada «Ley para Congelar las Remuneraciones de los Diputados, Presidente, Ministros y Viceministros, Magistrados, Rectores, Presidentes Ejecutivos, Rectores de Universidades Públicas, y Gerentes del Sector Público Descentralizado» (exp. 25.198).
Este proyecto busca prorrogar el congelamiento salarial impuesto en el periodo anterior en el marco de la Regla Fiscal, que vencerá en el 2026 y que podría traer un crecimiento salarial a los diputados, según comentó la gerente legislativa, Karla Granados, ante los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La propuesta inicial surgió en 2018 con el frenteamplista Jose María Villalta, y luego se prorrogó en el 2021 (exp. 22.516).
