Este lunes, en los Tribunales de Goicoechea, comenzó el debate contra el exministro de Ambiente, Roberto Dobles y seis personas más. Por estos hechos hubo un juicio en el 2015 pero la sentencia fue anulada y se ordenó un nuevo proceso.
En el 2008, Dobles y el expresidente Oscar Arias firmaron un decreto que declaró el proyecto minero de interés público y conveniencia nacional. El documento así como muchos de los trámites que le antecedieron han sido objeto de polémica y causas judiciales.
A pesar del paso de 14 años, el asunto sigue teniendo repercusiones que están pendientes de resolución.
En el juicio que inició este lunes, la Fiscalía sostiene que Dobles y cuatro exmiembros de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), de apellidos Lezama, Boza, Cruz y Corrales, presuntamente cometieron el delito de prevaricato, que significa, dictar resoluciones contrarias a la ley.
Se atribuye la misma conducta a la exsecretaria de Setena, de apellido Espinoza y a la la exjefa del Registro Nacional Minero, de apellido Cavallini.
Extensa cronología del caso
La Fiscalía hizo un extenso recuento de los acontecimientos que marcaron la historia del proyecto minero que se ubicó en Cutris de San Carlos. Este es un resumen:
Diciembre de 1999. Se presentó la solicitud de concesión de explotación minera ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Diciembre del 2001: El presidente Miguel Ángel Rodríguez y la ministra de Ambiente, Elizabeth Odio, otorgaron la concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A. para la explotación de oro, plata, cobre y minerales asociados. La resolución fue la R-578-2001-MINAE.
Se indicó que el concesionario, previo al inicio de actividades, debía contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Setena.
Junio del 2002. El Poder Ejecutivo declaró moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad minera metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional.Sin embargo, se estableció que todo derecho adquirido antes de la publicación sería respetado.
Marzo del 2002. Industrias Infinito presentó el estudio de impacto ambiental para aprobación ante la Setena para contar con la licencia.
Marzo del 2003. La Comisión Plenaria de Setena denegó la viabilidad del proyecto minero al considerar que el proyecto implicaría el cambio de uso de suelo de la cobertura de bosque.
La empresa presentó un incidente de nulidad y recurso de apelación.
Octubre del 2003. El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez Echandi declaró con lugar el incidente y el recurso de Infinito.
Noviembre del 2004. La Sala Constitucional anuló la resolución del 2001 que otorgó la concesión minera a Industrias Infinito porque se atribuyó sin el estudio de impacto ambiental.
“Con la resolución, el proyecto minero Crucitas perdió cualquier derecho adquirido derivado de la concesión que se le otorgó en el año 2001”, dijo el fiscal Randy Hernández.
Octubre 2005. Industrias Infinito presentó ante el ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, solicitud de restablecimiento de la concesión minera.
Diciembre del 2005. La Comisión Plenaria de Setena aprobó el estudio de impacto ambiental y sus anexos del proyecto minero.
Mayo del 2007. La empresa presentó ante el Registro Nacional Minero, Dirección de Geología y Minas, la solicitud de convalidación de la resolución R-578-2001-MINAE alegando que se cumplió con el estudio de impacto ambiental.
Para la Fiscalía, esa resolución estaba anulada por el voto de la Sala IV y la empresa había perdido los derechos adquiridos.
Noviembre del 2007. El ministro de Ambiente, Roberto Dobles, presentó ante la Sala Constitucional una solicitud de adición y aclaración del voto del 2004 que anuló la concesión. Los magistrados la declararon sin lugar al considerarla extemporánea.
Diciembre 2007. Mientras se resolvía la solicitud de convalidación del a concesión, la Fiscalía acusa que Industrias Infinito presentó ante la Setena “modificaciones significativas” a la viabilidad ambiental del proyecto, con lo cual se impactaría el acuífero de la zona.
También se modificó la profundidad de la extracción de oro. “Lo que implicaba un proyecto diferente, por ello se debía presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y, en caso de ser aprobado, gestionar nuevamente la concesión minera que había sido anulada”, agregó el fiscal.
Enero del 2008. El Ministerio Público sostiene que Cruz, representante del Minae, Corrales del MAG, Lezama de AyA y Boza del Ministerio de Salud, como integrantes de la Comisión Plenaria de Setena, “conocieron y aprobaron en firme, de forma ilícita, las modificaciones a la viabilidad ambiental del proyecto minero Crucitas, al prescindir del requisito fundamental de exigir un nuevo estudio de impacto ambiental (…)”
El fiscal aseguró que esa aprobación autorizó irregularmente el rompimiento del acuífero inferior y permitió que la cantidad de material a extraer se duplicara.
Marzo 2008. El ministro Roberto Dobles anuló una resolución dictada en el 2007 del oficial Mayor del Minae, “con lo cual, alcanzó la finalidad de reanudar el trámite del expediente administrativo, tendiente a convalidar la concesión minera a favor de la empresa Industrias Infinito”
Abril 2008. Cavallini elaboró la recomendación para aplicar la conversión de otorgamiento de concesión de explotación minera a favor de Industrias Infinito, que se materializó en un memorándum firmado por el director de Geología y Minas.
Según el fiscal Hernández, Cavallini colaboró “de manera decidida” con Dobles para que este contara con una herramienta jurídica que le permitiera seguir con procedimientos administrativos a favor de Industrias Infinito.
Por su parte, Dobles, ordenó la conversión del acto de concesión minera otorgada mediante la resolución R-578-2001-MINAE.
“Aplicando esa figura otorgó la concesión minera de oro a cielo abierto a la empresa Industrias Infinito, con claro conocimiento de que dicha figura legal resultaba inaplicable al caso concreto”, añadió el Fiscal.
El Ministerio Público alega que esa resolución había sido anulada por la Sala IV en el 2004 y anulada administrativamente por una resolución del 2007 del Minae.
Junio 2008. Se publicó en La Gaceta un decreto suscrito por Dobles mediante el cual se derogó el anterior decreto del 2002 que declaró la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto.
Hernández aseveró que Dobles hizo esto “con el fin de beneficiar los intereses de la empresa Industrias Infinito”.
Setiembre 2008. El Director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, solicitó a Setena “una certificación de cuáles fueron los instrumentos autorizados y utilizados para determinar la relación costo-beneficio, en donde demuestre que la eliminación de 192 hectáreas de bosque y la consecuente afectación de áreas de protección, produciría al Estado costarricense un beneficio socioeconómico mayor que el costo socioambiental, balance necesario para la declaratoria de Conveniencia Nacional”.
Esto ocurrió luego de que Industrias Infinito hizo una solicitud de cambio de uso de suelo en bosque y afectación de áreas de protección.
Octubre del 2008. Espinoza, secretaria General de Setena, emitió un oficio dirigido al director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, en el que indicaba que el balance obtenido mediante los instrumentos apropiados permitió establecer que los beneficios socioeconómicos eran mayores que los costos ambientales.
El fiscal acusó que Espinoza actuó de esa forma, “con el fin de favorecer los intereses del desarrollador y prestar colaboración a Dobles Mora”. También le achaca que se atribuyó funciones que no le correspondían.
Dobles, en calidad de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, emitió el decreto ejecutivo 34801-Minaet, publicado en La Gaceta del 17 de octubre del 2008, con el que se declaró de conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.
La acusación defiende que el proyecto no reunía las condiciones legales para ser declarado de conveniencia nacional.
Como consecuencia de ese decreto, el Área de Conservación Arenal Huetar Norte aprobó la solicitud de cambio de uso de suelo y la consecuente corta de árboles en área de bosque y áreas de conservación de recurso hídrico.
“(…) Con la emisión del decreto se amparó un daño ecológico de grandes dimensiones ante la tala rasa de bosque que realizó la empresa Industrias Infinito en dicha zona al permitírsele, irregularmente, el cambio de uso de suelo en 192 hectáreas de bosque”, expresó Hernández.
Diciembre 2010. El Tribunal Contencioso Administrativo anuló resoluciones de Setena, Minae y el decreto ejecutivo de octubre del 2008 al considerar que eran ilegales. Con esto se anuló la concesión del proyecto minero.
En noviembre del 2011, la decisión fue ratificada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
En enero del 2015, un Tribunal condenó a Dobles a tres años de prisión por prevaricato. Se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena, de manera que no hubiera tenido que descontarla en la cárcel.Las otras seis personas fueron absueltas.
Nueve meses después un Tribunal de Apelación anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio al considerar que la condenatoria y las absolutorias carecían de adecuada fundamentación.
En una nota aparte, expondremos la posición de los abogados defensores de los imputados.
Nota: Los abogados defensores solicitaron que no se publique la imagen ni la voz de los acusados, situación que avaló el Tribunal por ser un derecho que asiste a las personas imputadas.
