La jerarca de la CGR, Marta Acosta, afirmó que el reto para el Gobierno es saldar sus responsabilidades con la seguridad social sin afectar las finanzas públicas.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó su informe “Balance del seguro de salud: Una deuda país con la solidaridad” ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Durante la exposición, la contralora Marta Acosta se refirió al incremento que ha sufrido la deuda del Estado con la institución en los últimos 17 años.
Según la jerarca, esta deuda, que se ha multiplicado por 10 en ese periodo, compromete la estabilidad financiera del sistema de salud público.
«Observamos que, según la Caja, la deuda acumulada del Estado con el seguro de salud ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 17 años, pasando de 348.000 millones de colones en el 2008 a 3.5 billones a diciembre del 2024. Esto representa un incremento de 10 veces en ese periodo. En términos del PIB, la deuda pasó de un 1.1% al 7% en ese periodo. Al respecto de la discusión sobre este tema, sugerimos nosotros que debería enfocarse en las causas y cursos de acción para atender estas deudas y obligaciones con el seguro de salud. Este crecimiento sostenido de esta deuda es reflejo de un desbalance estructural entre los pagos y los cobros, con una morosidad estatal que compromete la sostenibilidad financiera del sistema de salud. El ritmo de los pagos no ha sido suficiente para contener el incremento de la deuda. Esto genera una presión adicional sobre los recursos de la Caja. La magnitud de esta deuda limita la capacidad en temas como infraestructura en salud, adquisición de tecnología y la mejora en los servicios», detalló Acosta.
Eso sí, la contralora general de la República advirtió que el desafío para el Estado es saldar sus obligaciones con la Caja sin comprometer las finanzas públicas.
Acosta afirmó que el pago de la deuda implicaría un impacto en los recursos del presupuesto nacional.
«Para que el gobierno pueda atender el 100% de estas obligaciones, tendría que destinar un monto equivalente a un 1% del PIB, monto que equivale a 16 títulos presupuestarios del presupuesto de la República de los 25 títulos, o sea, un 1% del PIB. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, atender estas obligaciones por medio de recortes a otras partidas o títulos presupuestarios, podría comprometer la prestación de otros servicios públicos, como la educación, la seguridad, el ambiente, etcétera. En este sentido, se presenta una tensión entonces entre la sostenibilidad del seguro de salud y la sostenibilidad fiscal, porque el desafío no solo radica en que el Estado pague sus obligaciones y deudas con el seguro de salud, sino que lo haga sin comprometer las finanzas públicas a mediano y largo plazo. Entonces, el desafío es muy grande y las decisiones que se tienen que tomar son relevantes», añadió la contralora.
Por su parte, la directiva representante de los trabajadores, Martha Rodríguez, señaló que ha faltado responsabilidad del Estado en el pago de sus obligaciones con la institución.
«Hay una discusión, me parece no zanjada, con el tema de lo que es el primer nivel de atención. Por ejemplo, en el 2024, el Estado trasladó cero colones para pagar la atención del primer nivel de atención cuando se trasladó a la Caja esa responsabilidad, pero con los recursos correspondientes y esos recursos no han llegado. Eso tiene que ver con el ejercicio del derecho universal al acceso a la salud», manifestó la directiva de la Caja.
En la misma línea se refirió el gerente financiero de la Caja, Gustavo Picado. El funcionario aseguró que se recibe menos de lo esperado por parte de lo que corresponde a las obligaciones del Estado.
Además, Picado mencionó que es necesario realizar un rediseño del financiamiento en la seguridad social.
«Más o menos, el 15% de la población nacional está cubierta con alguna modalidad de aseguramiento que debería estar financiada por el Estado. Son los asegurados por cuenta del Estado, leyes y normas especiales y eso no es poco, más allá de la universalización es un 15%, de lo cual recibimos realmente un monto muy inferior al que nosotros estimamos como obligaciones. Parte de poder resolver esto, yo estoy totalmente de acuerdo, no es una solución que venga de la Caja, requiere un consenso nacional y un trabajo de muchos actores. En el fondo, también creo que tiene algo que que tal vez es complicado decirlo ahora, pero probablemente una reforma de carácter tributario, porque si uno espera acomodar las finanzas para que tengan espacio para la Caja, no lo va a lograr. He visto una encuesta muy interesante en la OCDE donde le preguntaron a personas de diferentes países si estaban dispuestos a dar hasta un 2% más de ingresos vía impuestos o contribuciones sociales para mejorar diferentes servicios no solamente de salud, pero el de salud es el que tiene el porcentaje más alto de disposición y eso claramente refleja que la gente está en disposición de pagar más, siempre y cuando los servicios sean más eficientes, más oportunos, etcétera. Lo que creo es que finalmente hay una discusión de cómo vamos a financiar no las obligaciones del Estado, sino la Seguridad Social en general», afirmó el gerente financiero.
Recientemente, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió la posición que ha mantenido el Gobierno sobre el pago de la deuda con la Caja.
Según el jerarca, existen rubros que ha cobrado la institución y que no son asumibles por parte de Hacienda.
«Yo no puedo pagar una factura que no evidencia qué es efectivamente lo que me están cobrando, y yo creo que usted acaba de decir algo que es bien importante, a la Caja le toca resguardar su estabilidad, hoy no tiene una premura, pero sí a futuro, y yo creo que en ese proceso es importante que tengamos claridad de qué es lo que vamos a hacer, porque también la Caja me cobra cosas que yo no puedo pagar», declaró el ministro en la comisión legislativa que estudia aparentes irregularidades en la institución.
