Medida fue presentada por la Cooperativa Agrícola Industrial de Productores de Fruta de la Zona de los Santos (Frutalcoop), quienes adujeron el Gobierno descuidó la aplicación y resguardo de la Constitución Política con su decisión
El Tribunal Contencioso Administrativo determinó, en una resolución de primera instancia, que la decisión del Gobierno de permitir nuevamente el ingreso de aguacate tipo hass al país no estuvo debidamente justificada. La medida, implementada por la actual administración, fue objetada por la Cooperativa Agrícola Industrial de Productores de Fruta de la Zona de Los Santos (Frutalcoop), que denunció un aparente menosprecio a principios constitucionales.
El caso se remonta a la administración de Luis Guillermo Solís, cuando se impidió la importación del aguacate mexicano debido a la presencia del viroide conocido como “mancha del sol”. Sin embargo, bajo el gobierno de Rodrigo Chaves, Costa Rica reabrió sus fronteras al producto.
Desde la perspectiva de Frutalcoop, esta reversión en la política fitosanitaria carece de sustento técnico sólido, y evidencia según el gremio un irrespeto de principios constitucionales.
Así lo expuso la gerente de la cooperativa, Johana Chanto.
«El artículo constitucional que garantiza un ambiente sano fue clave para nuestra demanda contra el levantamiento de las restricciones al aguacate enfermo. Sirvió como base legal para Frutalcoop y otras organizaciones, porque solos no lo habríamos logrado. Cualquier decisión que ponga en riesgo la sanidad ambiental viola directamente esa norma.»
El criterio fue respaldado por el ex secretario del Servicio Fitosanitario del Estado, Francisco Dall’Anese, el mismo que acogió la medida en el 2014, pero que ahora asesora legalmente a las empresas afectadas por el reingreso de la fruta procedente de México.
“Tanto Rodrigo Chaves como Carlos Alvarado y Renato Alvarado son responsables. Cuando recibieron la notificación, dijeron a los productores que no había dinero para aplicar la medida, cuando solo se requería enviar ingenieros agrónomos al campo. Es una irresponsabilidad de ambos gobiernos, pero más grave aún es la decisión arbitraria de Chaves al levantar la restricción sin justificación, como lo señala la propia sentencia. Toda medida fitosanitaria debe basarse en ciencia, con un análisis de riesgo de plagas. Eso no se hizo, y eliminaron resoluciones anteriores que sí cumplían con esos criterios técnicos.”, apuntó el ex funcionario.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería defendió su actuación. Según el jerarca, Víctor Julio Madrigal lo que señala el fallo es la necesidad de mejorar la argumentación formal, y por tanto el Gobierno apelará la decisión.
“La resolución del SFE carece de motivación suficiente. Aunque la OMC ya había determinado que la medida no procedía, esa conclusión no se refleja en el documento. Todo acto administrativo debe estar debidamente fundamentado, y en este caso faltó plasmar claramente los razonamientos que llevaron a tomar esa decisión. Si el SFE optara por no hacer nada, podría generarse un incumplimiento con la OMC y México. Por ahora, confío en que el Servicio actuará conforme a la ley y el reglamento.”, manifestó Carvajal, quién dijo apelarán la medida antes de que adquiera firmeza.
El Ministerio de Comercio Exterior también se pronunció a través del titular Manuel Tovar, señalando que las medidas adoptadas por gobiernos anteriores fueron irresponsables. Recordaron que Costa Rica enfrentó un proceso ante la Organización Mundial del Comercio por esta situación, el cual podría haber resultado en una condena millonaria. Por ello, se optó por permitir el ingreso del aguacate hass en cumplimiento de los acuerdos internacionales.
“Hay una condena internacional contra el Estado costarricense por una medida adoptada en el gobierno de Luis Guillermo Solís y mantenida irresponsablemente por la administración de Carlos Alvarado. Un alto tribunal internacional determinó que esa decisión fue ilícita y contraria a las obligaciones que Costa Rica había adquirido.”, manifestó Tovar.
La discusión vuelve a abrir el debate sobre cómo equilibrar la protección a los productores nacionales con los compromisos del país ante organismos multilaterales.
