La Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor recibió al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien externó que dos instituciones fueron alertadas del allanamiento previamente.
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) sabía días antes del allanamiento a la Fundación Hogar Manos Abiertas.
Así lo externó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, ante los diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, que ya han cuestionado al CONAPDIS por el manejo de los pacientes.
La Fundación Hogar Manos Abiertas, ubicada en Alajuela y La Unión, trabajaba desde 1991 en la atención de menores de edad y adultos mayores declarados en abandono, entre los cuales hay personas con discapacidad y con enfermedades terminales.
Dicha institución fue allanada el pasado 5 de marzo, luego de una serie de denuncias sobre supuesto maltrato a los pacientes. Esto derivó en la investigación de cinco personas por los presuntos delitos de explotación laboral, maltratos físicos y malversación de fondos.
Tras la intervención, instituciones del Estado como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el CONAPDIS asumieron la atención médica y la administración de las instalaciones.
Esto llevó a los legisladores a promover una investigación sobre posibles arbitrariedades e irregularidades en la atención de la población de personas con discapacidad dentro de este asunto.
En audiencia este miércoles, el director del OIJ se refirió al protocolo de allanamiento en el caso, que en principio se haría el 22 de diciembre, pero se ejecutó el 5 de marzo en tres lugares diferentes.
Zúñiga aseguró que se habló con las jerarcas del PANI y del CONAPDIS antes del allanamiento para que tuvieran el tiempo necesario para tomar decisiones.
“Logramos que las diferentes instituciones involucradas se dieran cuenta de lo que íbamos a hacer algunas semanas antes, es así como el 12 de febrero se habla con la presidenta del PANI, doña Kenly y le explicamos toda la operación que íbamos a hacer; de igual forma con doña Bilbia de CONAPDIS, nos reunimos con ella el 23 de febrero, le explicamos toda la operación que se iba a hacer y ya estaban al tanto de la situación que iba a ocurrir”, expresó.
El director del OIJ indicó que el día del allanamiento las personas fueron reportadas con condiciones de salud buenas, y que se entregó la administración de los pacientes al PANI y al CONAPDIS.
“De acuerdo a las acciones previas que ya se habían acordado con doña Kenly y con doña Bilbia, se les iba a entregar a ellos la administración de las personas que estaban allí; entiendo que en el caso de CONAPDIS decidieron trasladar a algunos adultos fuera del edificio que estaban en La Unión, y en el caso del PANI pues prefirieron mantenerlos allí”, agregó.
Según el jerarca del OIJ, no se podía detener la operación de la institución por el bienestar de las personas, que quedaron a cargo del PANI y de CONAPDIS respectivamente.
El jefe de la Sección de Anticorrupción, Christian Montenegro, explicó que se les avisó previamente para que tomaran las decisiones necesarias.
“El Patronato mantuvo a las personas dentro de la Fundación y el CONAPDIS decidió el traslado de las personas con discapacidad a otros centros; dentro del día del allanamiento hubieron personas que, de la valoración médica del doctor que ellos coordinaron, hay algunas personas que se trasladaron a Hospitales, a otros lugares de residencia o a otras sitios donde ya el CONAPDIS había coordinado que iban a ser recibidos”, indicó.
La presidenta de la Comisión, Katherine Moreira, cuestionó a la jerarca del CONAPDIS, Bilbia González, por haber dicho que conocieron del allanamiento en el mismo momento.
“Vieras que como usted nos explica tan explícitamente, doña Bilbia cuando vino no nos indicó nada de lo que usted nos comentó, lo que ella nos dijo fue que le avisaron que iba a haber un allanamiento y que ellos no tuvieron tiempo para prepararse”, cuestionó.
En su participación el pasado 19 de junio, González fue fuertemente cuestionada por los integrantes de la Comisión, por el manejo de la población con discapacidad involucrada en el caso.
Sin embargo, la jerarca externó que mantuvieron el encuentro con el OIJ en febrero, y defendió la labor realizada por el CONAPDIS en el caso.
Según datos de la Fundación y de CONAPDIS, más de 20 personas han fallecido desde los allanamientos. No obstante, el director del OIJ expresó que ha conocido alrededor de tres casos.
