¿Cómo se evaluará a los magistrados que quieren reelegirse?

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa definió los criterios para los magistrados que manifestaron su deseo de reelegirse.

La Comisión Legislativa de Nombramientos, encargada de tramitar los procesos de elección y reelección de magistrados, definió la metodología con la cual se evaluará a los funcionarios que manifestaron su deseo de mantenerse en el puesto por ocho años más.

Se trata de los cuatro altos jueces cuyo plazo vence este año: Jorge Araya, de la Sala Constitucional; Patricia Solano, de la Sala Tercera; y Jorge Olaso y Roxana Chacón, de la Sala Segunda.

La metodología

Durante la sesión nocturna de este jueves, por unanimidad, los diputados aprobaron las metodologías de evaluación de Jorge Araya, Patricia Solano y Roxana Chacón, con las reglas, los plazos, las etapas y las votaciones.

Entre los requerimientos se encuentran:

Documentos que comprueben atestados y aptitudes, como años de experiencia, antecedentes penales, inexistencia de impedimentos y publicaciones académicas, entre otros
Rendición de cuentas
Entrevista legislativa con 20 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas, con un valor de 30% (antes del 50%)

Además, se prohíbe a los diputados reunirse de forma pública o privada con alguno de los aspirantes fuera de las audiencias en la Comisión, en aras de la transparencia, la probidad y la ética.

“Logramos bajarle el porcentaje de entrevistas, históricamente se le ha metido como un 50% a la entrevista y eso sin ningún criterio evaluador, entonces eso dejaba un margen muy grande para la arbitrariedad, al final si un diputado por criterio político o personal quería bajarle el piso a un candidato o inflar a un candidato muy malo nada más le ponía una puntuación arbitraria en la entrevista, al bajarle el porcentaje a la entrevista se reduce el margen de arbitrariedades, se les están pidiendo documentos que demuestren el manejo de recursos públicos, que hayan sido jueces o no, porque el Poder Judicial pues también maneja sus propios recursos, se les está consultando sobre mora judicial, cómo han resuelto los casos, no por el fondo, sino en en cuanto a plazos y mora judicial, y eso va a permitir tener indicadores más objetivos de evaluación”, explicó el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión, Antonio Trejos.

Por su parte, el liberacionista y también integrante de la Comisión, Salvador Padilla, comentó que la metodología contó con el trabajo de todas las agrupaciones políticas.

El liberacionista se refirió a los cambios que se integraron, entre los cuales se encuentra la evaluación de antecedentes por crimen organizado y delitos sexuales.

“Nosotros propusimos que se tomaran en cuenta antecedentes que tengan que ver con crimen organizado o delitos sexuales, los cuales, si bien por Constitución no podrían descalificar a nadie, son de interés público, y deben informarlo a la Comisión que es la encargada de hacer un filtro y, bajo el principio de idoneidad, enviar las mejores personas al Plenario Legislativo y poder debatir sobre quiénes deben ocupar estos espacios”, manifestó.

Ajustes necesarios

Desde el Foro de Justicia, que reúne a organizaciones civiles relacionadas con la administración de justicia, se ha hecho hincapié en la necesidad de que haya reglas claras y objetivas para cada proceso de elección.

En conversación con Columbia, la integrante del Foro, Marcia Aguiluz, se refirió a ciertas pautas que deberían incluirse en la evaluación.

“Uno de los planteamientos es que necesitamos regular y estandarizar eso, y para eso hacer una reforma reglamentaria que establezca un procedimiento estándar, de manera que la gente que se va a postular tenga claridad de qué es lo que tiene que cumplir; hay que definir perfiles profesionales, necesitamos garantizar transparencia en todo el proceso, incorporar criterios de paridad de género, regular las entrevistas, porque en el pasado las entrevistas se han usado básicamente para castigar candidatos o candidatas que no le gusta a algún diputado, reducir el peso de las entrevistas, la propuesta del Foro es que sea un 15%, incorporar exámenes escritos, pruebas psicológicas, que los diputados y diputadas no solamente hagan público su voto, sino que tengan que justificar por qué eligieron o no a una persona”, enumeró.

Durante la sesión de este jueves, la presidenta de la Comisión, Marta Eugenia Esquivel, recordó que presentó un proyecto de ley para fijar las evaluaciones de elección y reelección en la normativa costarricense

“Los requerimientos que están por Constitución son los que privan y, por eso, esta diputada presentó un proyecto de ley para que esto que hoy estamos haciendo se convierta en un aspecto de orden legal y constitucional para que no sea incluso cuestionado el trabajo que hace esta comisión”, expresó.