Expertos de la Universidad Nacional (UNA) insisten en la necesidad de que el país tenga un modelo tributario adecuado a su realidad.
Costa Rica sigue quedando en deuda con su sistema tributario y la forma en la que se distribuye el peso de la recaudación de impuestos.
Así se desprende del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Según el coordinador del estudio, Carlos Carranza, los cambios que se intentaron en otros gobiernos siguen sin funcionar.
«Lo hemos señalado durante 5 años. Desde la reforma de (Carlos) Alvarado dijimos que iba a ser insuficiente, igual dijimos cuando lo hizo Luis Guillermo Solís: si el país no hace un modelo tributario adecuado, que logre cobrar lo que es adecuado, no podrá salir adelante, porque evidentemente el elemento de cobrar a los sectores más débiles no es la mejor política como tal. Los impuestos de consumo que se hicieron fueron muy duros para ciertos sectores populares y cuando se ve que los números del Ministerio de Hacienda no va a cuadrar en los próximos años, Costa Rica tiene que discutir de eso», explicó.
Carranza agregó que el país tiene que establecer un modo correcto de recaudación y distribución de los impuestos.
«La otra parte de la discusión es cómo esos recursos vayan a sectores que realmente lo requieren, primera parte; segunda, cómo se administra eficientemente esos recursos; tercero, cómo se invierten en programas sociales e infraestructura y otras áreas; y cuarto, evaluar más adecuadamente, no se puede hacer un país de primer nivel si no tenemos diferentes órdenes de gestión pública», indicó.
En la exposición presentada por la UNA, titulada “Costa Rica en la encrucijada, conflictos, decisiones y el rumbo del país”, los académicos también cuestionaron las decisiones tomadas por la administración Chaves Robles sobre la forma de distribuir el Presupuesto Nacional.
«Interesante las asignaciones que se dan de presupuesto con bajas designaciones para Fodesaf, que es un programa de primer nivel. Si hablamos de educación y salud es un programa de primer nivel que hay que darle énfasis. Segundo, 15.000 millones para seguridad y 20.000 para el MEP y la Sala Constitucional ordenó cumplir con la asignación para programas sociales. Bueno, si lo que se quiere es desmontar el estado social hay que decirlo abiertamente, porque es un tema fundamental para decidir, como elemento primordial y sustancial», acotó Carranza.
