Abogado especialista en contratación pública, Cristian Campos, conversó con Noticias Columbia y explicó lo que podría ocurrir luego de la finalización de estos convenios, según la forma en la que se dio.
La finalización del convenio que mantenía el Gobierno de la República con la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y la Fundación Omar Dengo (FOD) trajeron a la mesa de debate nacional la efectividad de las alianzas público-privadas, en algunas áreas de trabajo.
Para entender el tema a profundidad, en nuestro programa “Por Tres Razones”, conversamos con el abogado especialista en contratación pública, Cristian Campos.
Según el experto, es importante considerar que cuando estas asociaciones privadas empezaron a ver la luz, en la década de 1980, el Estado tenía limitaciones en sus quehaceres.
“Todo empieza con que el Estado no tenía la capacidad para hacerlo. Podía tener muchas ganas, pero no infraestructura, recurso humano y presupuesto. Entonces, aparecen este tipo de acuerdos con sujetos privados que algunos son colaboraciones, como las de las fundaciones. Otros van un poco más allá y los llamamos ya figuras de contratos como concesiones o alianzas público-privadas”, aseguró el abogado.
Además, Campos también explicó que la construcción del país ha sido, en parte, gracias a la cooperación entre las instituciones públicas con las empresas privadas, de diferente tipo.
“La historia de este país siempre ha mostrado que los gobiernos de turno han ocupado, históricamente, de los sujetos privados, de las empresas, de las fundaciones, de las asociaciones para hacer el país que, hoy en día, tenemos. Costa Rica se debe, no solamente porque hemos tenido muy buenos gobiernos visionarios, a que hemos tenido una contribución o aporte del sector privado que es encomiable”, mencionó Campos.
El experto señaló que aún no están claras las razones técnicas de la finalización de los convenios con Cinde y con la Fundación Omar Dengo, por lo que, bajo ciertas condiciones, estas podrían proceder a una demanda en contra del Estado.
“Estos dos sujetos, Cinde o la Fundación Omar Dengo, dependiendo de cómo esto vaya avanzando, podrían plantear demandas por gastos efectivamente erogados que van a tener que ser indemnizados. Eventualmente, si es por interés público, habrá que indemnizar daños y perjuicios. Si son motivos de fuerza mayor o caso fortuito, solo habrá que reconocer los gastos efectivamente erogados. Es muy importante saber si es por interés público o fuerza mayor lo que estamos alegando”, explicó Campos.
Finalmente, el abogado agregó que, desde su criterio, una ruptura del convenio con Cinde por “incumplimiento de metas” no sería el camino más adecuado.
“Ha habido mucho énfasis en el desarrollo fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). Si el nuevo Gobierno quiere una línea fuera del GAM, es cuestión de sentarse a hablar sobre ello y ajustar lo que haya que ajustar para focalizar en ese punto. El Gobierno tiene todo el derecho, porque para eso lo eligió el pueblo, de decir que quiere otro tipo de gestiones. Entonces, podría sentarse a hablar sobre eso. Si es por esa razón, la solución no debería ser rescindir, terminar o no continuar una relación”, añadió el especialista.
