Los dos expresidentes anteriores, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, tuvieron que dar cuentas a los diputados por casos polémicos. Rodrigo Chaves fue llamado, este martes, por presunta participación en caso Barrenador y otras situaciones en la CCSS.
La moción que aprobó la comisión que investiga aparentes irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para convocar al presidente de la República, Rodrigo Chaves, se convierte en la primera llamada de la actual Asamblea Legislativa al mandatario.
Sin embargo, otros presidentes también han sido convocados a comparecer ante los diputados en las últimas administraciones.
El exmandatario, Carlos Alvarado, debió atender la llamada de los legisladores que integraron la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), precisamente por el caso de aparente espionaje mediante esta unidad.
En su momento, Alvarado se presentó ante el órgano legislativo y negó afectaciones para los costarricenses con la creación de la UPAD.
«Sé que lo único que se hizo fue por un bien superior, que es el bien de nuestro país. Viéndolos a los ojos, les puedo asegurar que ni uno solo de los 5 millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto comprometida su privacidad con los proyectos que se desarrollaron. Viéndolos a los ojos, les aseguro que ningún alcance de esta iniciativa sirvió para el beneficio particular de nadie o de ningún tercero, nadie se robó un cinco de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales», aseguró Alvarado en su momento.
Al igual que Alvarado, el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, también compareció ante los diputados por un polémico caso de presunta corrupción.
El exmandatario se vio envuelto en críticas por el Cementazo, por lo que fue llamado a responder las preguntas de una comisión investigadora de la Asamblea.
Sin embargo, Solís no fue a Cuesta de Moras, sino que recibió a los legisladores en Casa Presidencial, donde negó haber beneficiado al empresario Juan Carlos Bolaños, principal señalado en el Cementazo.
«Agradezco que aceptaran mi invitación y que hayamos concordado en ello, tanto la comisión como la Presidencia de la República, a recurrir esta noche con el propósito de despejar las dudas que puedan existir sobre la participación de la Casa Presidencial y sus jerarcas en la gestión de la apertura del mercado de cemento y los esfuerzos realizados para beneficiar a la mayor cantidad de costarricenses con la reducción en el precio de este insumo vital para la construcción. En campaña, prometí total transparencia en mi gobierno. Al asumir el cargo de presidente de la República, juré decir la verdad ante Dios y lo más sagrado de mis convicciones y, por ello, respondo con respeto a sus consultas en público y con transmisión en vivo al país», manifestó Solís en setiembre de 2017.
Para el analista y experto en Comunicación Política, Mario Quirós, el llamado al presidente Chaves responde a un uso de las comisiones legislativas con fines políticos, de parte de los diputados que dirigen esta investigación.
Además, señaló que la propia justificación para llamar al mandatario está basada en una estrategia y no en la búsqueda de mejorar la gestión de la Caja.
«En última instancia, esta comparecencia, desde mi punto de vista parece responder a la misma dinámica de espectáculo político que ha caracterizado las comisiones investigadoras que convocaron a presidentes anteriores, específicamente a don Luis Guillermo Solís y a don Carlos Alvarado. No noto que haya una intención clara de avanzar en la solución de los problemas estructurales de la Caja y, sobre todo, de la atención con calidad a los pacientes, que es lo que debería ocuparnos. La relación del presidente Chaves con muchos de los Diputados ha sido de enfrentamiento y tensa y esto me hace pensar que hay muchos diputados que están buscando aprovechar equivocadamente, desde mi punto de vista estratégico, la exposición mediática para desafiar su imagen y ganar terreno político. Al convocarlo en un tema tan sensible, están buscando tener una plataforma efectiva para presentarlo como responsable, o al menos como figura relevante, en un tema de alta preocupación pública. Más allá de esta estrategia de exposición, no observo elementos nuevos que sugieran un compromiso distinto con la búsqueda de soluciones reales y, por el contrario, me parece que es una repetición del uso de las comisiones como herramienta de presión política», detalló el analista.
Por su parte, el politólogo, Ignacio Azurdia, mencionó que los diputados buscan conectar con quienes rechazan al presidente Chaves o a sumar apoyos dentro de los seguidores del mandatario.
«Las comisiones investigadoras de la Asamblea Legislativa son espacios políticos, no judiciales. Por lo tanto, son espacios de competencia de poderes y narrativas. Sería de esperar que Rodrigo Chaves aprovecharía ese espacio para insistir en su narrativa confrontativa ante ciertas instituciones, incluyendo al mismo congreso y los diputados, para así seguir cohesionando sus apoyos dentro de la población; apoyos que vienen de sectores que también valoran negativamente a esa institucionalidad. Por lo tanto, con esta decisión de los diputados de la comisión, y aún más con la pretendida presencia del presidente en dicho espacio, desde la oposición confían en generar una contranarrativa a ese discurso del Presidente para ver si logran conectar, al menos, con los sectores de la población que rechazan a Chaves, según los últimos estudios del CIEP; o, bien, aspirar a quitarle apoyos dentro de ese 50-55% de la población que lo respalda», afirmó el politólogo.
Finalmente, Azurdia aseguró que es posible que Chaves utilice este espacio para buscar desacreditar, una vez más, a los diputados durante su comparecencia.
«Las diferencias o semejanzas con expresidentes radica en los niveles de apoyo o rechazo que tenían en la población al momento de ser convocados y, sobre todo, la estrategia discursiva de cada uno.
Sabemos muy bien que el presidente Chaves ha tenido una estrategia discursiva de conectar con los públicos que desconfían de una gran parte de la institucionalidad de Costa Rica. Por lo tanto, no sería extraño que insista en desacreditar a los mensajeros de esa institucionalidad; la misma que denuncia y acusa, porque hasta el momento le ha funcionado para retener esos apoyos del 50-55% de la población, según el último estudio del CIEP en septiembre; y, por supuesto, ya veremos cómo siguen esos datos de opinión pública en el próximo estudio más reciente», añadió Azurdia.