Quien fue fiscal, ministro de Seguridad, director de la DIS y magistrado, enfrentará ahora un proceso en Texas por presunto tráfico internacional de drogas.
Celso Manuel Gamboa Sánchez, de 49 años de edad, es abogado. Tiene una maestría en criminología y en gerencia de proyectos. Comenzó a ganar notoriedad cuando se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público en distintas zonas del país como Limón.
Es un hombre de buen verbo y dinámico. Tenía fama de ser de mano dura, diligente y decidido de lucha frontal contra la delincuencia. Con el paso del tiempo su voz y su rostro empezaron a volverse más familiares para la ciudadanía por sus constantes apariciones en medios de comunicación.
En el 2011, fue designado viceministro de seguridad en la administración de la entonces presidenta Laura Chinchilla. En el 2013 lo nombraron en la cabeza de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y también comisionado antidrogas.
Su carrera en el Poder Ejecutivo siguió en ascenso y ganando notoriedad. En el año 2014, en la administración de Luis Guillermo Solís, asumió el cargo de ministro de Seguridad.
En febrero del 2015, renunció a ese puesto para regresar al Ministerio Público, esta vez como fiscal adjunto en la Fiscalía General de la República.
El meteórico ascenso de Gamboa continuó a inicios del 2016 cuando la Asamblea Legislativa lo nombró magistrado de la Sala Tercera o de Casación Penal.
De esta forma, se convirtió en un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia.
En el año 2017, estalló el caso conocido como el “Cementazo”, en el cual se investigaban presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos bancarios millonarios al empresario Juan Carlos Bolaños, quien se dedicaba a la importación del cemento chino.
A Gamboa le señalaron una supuesta cercanía con Bolaños. En aquella época trascendió que, en octubre del 2016, coincidieron y compartieron en un viaje a Panamá.
En octubre de ese año la Corte Plena acordó suspender al magistrado varios meses. Luego la Asamblea Legislativa comenzó el proceso que terminaría con la revocatoria de su nombramiento como integrante de la Sala Tercera.
En todo el trámite, Gamboa, dijo que no renunciaba al cargo porque no se había demostrado que cometiera faltas
En el año 2020, la Fiscalía acusó Gamboa por presuntamente haber recibido como dádiva el viaje a Panamá, con los gastos de tiquete aéreo y hospedaje cubiertos por el grupo económico de Bolaños.
También le atribuyeron que, en abril del 2017, ayudó al empresario a realizar un trámite judicial y que, tiempo después, ambos mintieron durante sus comparecencias en una comisión legislativa en la cual les pidieron cuentas por las situaciones investigadas.
La caída
La vida de Celso Gamboa fuera del Poder Judicial no estuvo exenta de polémica. Incursionó en el fútbol como presidente del extinto Limón FC. Su bufete era uno de los patrocinadores de la institución.
Por diversas circunstancias el equipo descendió en el 2021 y Gamboa recibió múltiples críticas por la gestión.
En abril del 2022, dijo que apoyaba, como aficionado al nuevo proyecto futbolístico en la Liga de Ascenso: Limón Black Star, que terminó desafiliado de la competición.
En el ámbito laboral, Gamboa asumió varios casos mediáticos en los cuales figuró como abogado de personas sospechosas de tráfico de drogas y lavado de dinero.
De hecho, fue abogado de Edwin López Vega, conocido como “Pecho de rata”, otro de los extraditables costarricenses.
La tarde del 23 de junio del 2025, el entonces director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó la detención del exmagistrado tras coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA). Añadió que era requerido por autoridades judiciales de Texas como sospechoso de tráfico internacional de drogas.
A partir de ahí comenzó un largo proceso que culminó con su extradición este viernes 20 de marzo. Esta entrega consistió en la primera que Costa Rica realiza de un nacional tras la modificación constitucional que se hizo en mayo del 2025.
