Datos de la Defensoría de los Habitantes informan que más de la mitad de estos hechos se dieron en el Ministerio de Educación Pública.
En dos años, los casos resueltos de hostigamiento sexual, en el sector público, crecieron más de un 100%.
Así se desprende de un informe presentado por la Defensoría de los Habitantes, en el cual indican que en 2021 se dieron 225 hechos, mientras que para el 2023 se contabilizaron 452.
Cinco instituciones encabezan la lista como las que más casos registraron:
- El Ministerio de Educación Pública (MEP): 260.
- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): 42.
- El Poder Judicial: 39.
- El Ministerio de Seguridad Pública: 22.
- El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): 16.
El informe resalta que las principales víctimas fueron mujeres, representando un 92% de los casos registrados.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, se refirió a los hechos y cómo terminaron las denuncias.
«De estos 452 casos resueltos, un total de 211 quedaron demostrados que la persona denunciada fue responsable. En 198 casos fueron absueltos, 33 casos archivados y los 10 restantes hubo un desestimiento, la gestión de despido fue rechazada o fue declarado un proceso prescrito. Con respecto a las sanciones de estos 211 casos resueltos, la mayoría de las personas responsables fueron suspendidas laboralmente entre 1 y 31 días, seguido por el despido, entre otras sanciones. Para la Defensoría, el abordaje de esta problema es fundamental, por lo que mediante talleres relacionados con el hostigamiento sexual se ha brindado asesorías puntuales a diferentes órganos disciplinarios. En el 2024, la Defensoría de los Habitantes realizó 17 talleres de capacitación», detalló Cruickshank.
La abogada y especialista en derechos humanos, Larissa Arroyo, explicó las leyes y reglamentos que existen para combatir el hostigamiento sexual laboral.
Además, la experta se refirió a los tipos de sanciones que existen para quienes incurren en estos hechos.
«Tenemos la ley 7.476, que es la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Esa es la ley marco para el hostigamiento o el acoso sexual, que también se se le llama. Ojo que es únicamente en el empleo y la docencia. Hay otras leyes que pueden ser sobre violencia sexual, por ejemplo, la de acoso callejero, pero es otro contexto totalmente diferente. Ahora, ¿Qué es lo que pasa? Cada instancia pública agarra la ley y la transforma a su normativa interna, es decir, tiene que tener todo lo básico que dice la ley, pero lo adapta a sus procedimientos. Las sanciones pueden ir desde una amonestación, eso sí, cumpliendo el procedimiento y las garantías que establece la ley, que es muy clara y puede llegar hasta un despido sin responsabilidad patronal. Un punto importante es que va a haber un registro público que me diga a mí quién fue sancionado o sancionada por hostigamiento sexual y qué tipo de sanción. ¿Por qué esto es importante? Porque hay un tema de transparencia y de rendición de cuentas», explicó la abogada.
Eso sí, Arroyo señaló que estos mecanismos cumplen con una serie de procesos para garantizar la transparencia que no necesariamente se dan también en el sector privado, donde no existen estudios con datos sobre la cantidad de casos que ocurren.
La abogada mencionó que existe una total responsabilidad del Estado en cuanto al aumento en el hostigamiento sexual, según lo que informa la Defensoría.
«¿Qué es lo que esos números nos dicen? Que ha habido una acción estatal ineficiente que no está rindiendo los frutos que debería tener y que, además de eso, está en un marco en donde, por ejemplo, hay discursos de odio basados en el género contra las mujeres, incluso de los máximos agentes estatales. Entonces, claramente esto de alguna manera lo que motiva es un grado de impunidad por un lado de los perpetradores, que tenemos los números son 93% son hombres, 92% son de víctimas mujeres. Por otro lado, también nos queda la evidencia de que la violencia sexual justamente tiene una base de género. Eso también se puede comparar con los números, por ejemplo, de abuso sexual o de violación sexual dados por el Poder Judicial», manifestó Arroyo
Finalmente, la abogada recordó que no es fácil para las víctimas iniciar una denuncia, por lo que los casos apuntan a ser más que los que acaban en un proceso en contra de un hecho de hostigamiento sexual.
«Es importante saber que una puede denunciar, pero también tenemos que saber que los procedimientos de denuncia por hostigamiento sexual no son fáciles. Es decir, que si ha habido un aumento en las denuncias, más bien deberíamos considerar aquellas que no se están haciendo, porque justamente parte de lo que nos hace falta es hacer investigaciones acerca de quién no denuncia, por qué no denuncia, si los casos se denuncian pero no llegan a una resolución, si hay un abandono en el proceso porque hay un desgaste. Eso lo tenemos que reconocer, tenemos que alentar la denuncia, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que denunciar representa un precio muy alto para la víctima en términos económicos, por ejemplo, para gastos de psicología, incluso algunas veces asesoría jurídica, un desgaste a nivel físico, a nivel emocional, incluso hasta a nivel laboral en cuanto a reputación y demás», añadió Arroyo.
