“El Ministerio Público citó de manera personal al señor Carlos Alvarado para que se presente a rendir su declaración”, dijo la fiscala Natalia Villalta.
El caso de la extinta Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) cumplió ya cuatro años y su avance sigue siendo lento en sedes judiciales.
Ante consulta de Noticias Columbia, la Fiscalía confirmó que, además de tener pendiente la revisión del contenido de los aparatos electrónicos decomisados, está previsto indagar a las personas imputadas, entre ellas, el expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
“Otras de las diligencias que se encuentran pendientes son las declaraciones indagatorias que tenemos que recibir. Sobre este punto, sí debo hacer notar que el Ministerio Público citó de manera personal al señor Carlos Alvarado para que se presente a rendir su declaración indagatoria en los próximos meses”, expresó la fiscala adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Natalia Villalta.
Alvarado y el exministro de la Presidencia, Víctor Morales, son dos de las personas que figuran en la causa judicial por estos hechos que se remontan a octubre del 2019.
El exmandatario actualmente reside en Estados Unidos donde se dedica a labores académicas y otras relacionadas con materia de cambio climático.
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La UPAD fue creada para que, desde el despacho de la Presidencia, se recopilara información de instituciones públicas. El Gobierno alegó que la intención era tomar decisiones y crear políticas públicas con base en datos.
Sin embargo, el decreto, publicado en febrero del 2020, levantó polémica porque establecía que las entidades debían brindar toda la información que la UPAD necesitara para sus fines, incluso con acceso a información confidencial.
La Fiscalía investiga si Alvarado y Morales cometieron irregularidades en el trámite del decreto que creó la UPAD y si tienen responsabilidad por su contenido, el cual, infringía la legislación nacional según la acusación que planteó el Ministerio Público en febrero del 2022.
También se analiza si durante el poco tiempo que funcionó la UPAD, se vulneraron las normas de protección de datos de los habitantes del país.
Aunque existe una acusación relacionada con el decreto de la UPAD, el actual fiscal general, Carlo Díaz, dijo que es necesario reformularla, pues no estaba de acuerdo con que se manejara ese tema de forma separada a la investigación por presunta violación de datos personales.
Este asunto tiene la particularidad de que inició cuando Alvarado y Morales eran miembros del Poder Ejecutivo y tenían inmunidad. Eso implicaba que el trámite lo realizara directamente el Fiscal General de la República.
Para levantar la protección, los magistrados de la Sala III tenían que revisar la acusación y enviar la solicitud a la Asamblea Legislativa. El tiempo pasó y esa diligencia no se hizo.
Cuando Alvarado y Morales dejaron sus puestos públicos en el Poder Ejecutivo, inmediatamente, el caso UPAD pasó a la “vía ordinaria”. En esa etapa lo asumió la FAPTA y comenzó a verse ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
Defensa
Durante este proceso, los abogados Roger Guevara y Rodolfo Brenes han tenido la representación legal del expresidente Alvarado Al cumplirse los cuatro años de los allanamientos a la Casa Presidencial, el pasado 28 de febrero, ambos se refirieron al estado del caso.
Guevara dijo que la UPAD “no era ningún tipo de espionaje”. Agregó que “no se le causó daño a nadie ni se cometió ningún tipo de delito”.
El abogado alegó que el Ministerio Público pretendía revisar todo el contenido de los celulares y la computadora del expresidente Alvarado, incluyendo archivos que no tienen relación con el caso UPAD.
Esa diferencia de criterio provocó múltiples objeciones y recursos que causaron demoras en el proceso.
“En el curso del proceso se ha cometido una serie de excesos por parte de la Fiscalía General, incluso desde el inicio de la causa, que más bien ha retrasado su avance”, dijo.
Al final, la Sala III y el Juzgado Penal a cargo, determinaron que solo debe revisarse la información vinculada con UPAD mediante parámetros de búsqueda que deben definirse.
Por su parte, el abogado Rodolfo Brenes, criticó que la Fiscalía haya separado la causa en dos y que presentara una acusación que ahora no se sabe si se mantendrá.
“El Ministerio Público pretendió una acusación contra don Carlos Alvarado con la cual claramente pretendía someterlo a un proceso de desafuero ante la Asamblea Legislativa, pero una vez que don Carlos dejó la Presidencia de la República, se han negado a promover esa acusación como corresponde en cualquier caso”, aseveró.
“¿Se imagina usted un Ministerio Público que presente acusaciones penales y luego no las promueva ni las impulse? Pues eso es lo que sucede en este caso y la opinión pública tiene el derecho de saber y de ver cómo se manejan algunos procesos penales cuando entra en juego intereses distintos de los de buscar la verdad real y hacer justicia”, añadió.
