Este es el motivo por el cual el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, interpuso una denuncia contra la oficialista Cindy Murillo.
¿En qué consiste el delito de legislación en provecho propio?
Este es el motivo por el cual el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República contra la diputada oficialista Cindy Murillo.
A la legisladora de Pueblo Soberano se le cuestiona su voto afirmativo al proyecto de “Ley de creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal y fomento de actividades asociadas al uso sostenible en su zona de amortiguamiento” (exp. 22.981).
El proyecto crea una zona protegida en la que se permiten actividades como pesca, acuacultura, navegación deportiva y turística, infraestructura turística y actividades turísticas, entre otros.
Según apuntó el diputado Araya, la propuesta estaría beneficiando a un negocio familiar de la oficialista.
“Es una obligación nuestra presentar la denuncia, porque tenemos que evidenciar para quién realmente estamos trabajando y representando, ¿votamos para la gente o votamos para nuestros intereses personales? Todo está bien si yo lo anuncio, si yo lo digo: ‘miren, esta ley me va a beneficiar directamente a mí o a mis familiares’, se anuncia, se separa, se abstiene y listo, se cumple con el deber de probidad, pero en este caso la señora diputada no lo hizo”, señaló.
¿En qué consiste el delito de “legislación en provecho propio”?
Columbia consultó a expertos en Derecho al respecto.
Entre los especialistas se encuentra el abogado especialista en Derecho Penal, Ewald Acuña, que explicó que el delito se encuentra en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422).
“Tiene una pena de hasta 8 años de prisión y sanciona al funcionario público, que violando el deber de probidad, participe con su voto o con sus gestiones para beneficiarse directamente o a parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad en la promulgación de actos, decretos o leyes que le beneficien directamente o beneficien a sus familiares o personas jurídicas en las que sus familiares tengan participación accionaria”, explicó.
En similar sentido se pronunció el abogado John Brenes, quien comentó que este delito se relaciona con lo que se conoce como “conflicto de interés”.
El especialista se refirió a las sanciones a las que se exponen quienes cometen “legislación en provecho propio”.
“Un conflicto de interés se da cuando hay una colisión entre los intereses públicos y los intereses privados de ese individuo, de forma que se afecta la objetividad y lo que se debe hacer es abstenerse de participar en esa toma de decisiones; nuestro legislador consideró que era tan relevante proteger la objetividad de los funcionarios públicos y garantizar su probidad e imparcialidad que el no hacerlo podría crear responsabilidad penal, entonces encontramos en el artículo 48 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito el tipo de legislación o administración en provecho propio, que es un delito que castiga entre 1 y 8 años de prisión a los funcionarios públicos que sancionen, promulguen, autoricen, suscriban o participen con su voto favorable en ciertos actos, como pueden ser leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos, que otorguen un beneficio para ellos, para sus parejas o para sus parientes hasta en un tercer grado de consanguinidad o afinidad, o bien, para las empresas en las que esas personas o sus parientes posean una participación accionaria, sean apoderados o sean miembros de alguno de los órganos de dichas sociedades”, complementó.
La oficialista decide no dar declaraciones
La diputada Murillo ha defendido el proyecto en su trámite, agradeció públicamente al Gobierno por convocarlo, y votó a favor de la propuesta en sus dos debates.
Sin embargo, y pese a las peticiones de la prensa, la oficialista ha decidido no dar declaraciones sobre posibles beneficios y sobre la denuncia en su contra.
Solamente conversó con el medio Trivision, donde confirmó que es la tesorera de la Junta Directiva de la sociedad anónima dueña del negocio familiar ubicado en los alrededores del Lago Arenal, y que no se arrepiente de apoyar la propuesta.
“Si tuviera que volver a defender ese proyecto lo voy a defender, por cada una de esas familias, por cada uno de esos tilaranenses que están esperando esta ley por años, para que se dé esa reactivación económica”, dijo.
“No soy socia de la empresa, solamente son mis padres, mis familiares, pero sí te voy a decir algo: si hubiera sido egoísta y hubiera pensado solamente en mi familia quizás entonces me hubiera abstenido o hubiera votado en contra, pero eso no estaba sobre mis principios, porque no podemos pensar en que solamente una familia que tenga más de 10 años se vea beneficiada en lo que es el embalse”, agregó.
