Allanamientos en la Casa Presidencial fueron el 28 febrero del 2020. Fiscalía alega que retrasos son ajenos a su control.
La noticia fue de alto impacto; de esas que sacuden las redacciones de los medios de comunicación y obligan a dejar tirado cualquier otro tema que estuviera en cobertura.
Ese viernes 28 de febrero del 2020, la Fiscalía General y agentes judiciales, con autorización de los magistrados de la Sala III, allanaron la Casa Presidencial en Zapote como parte de una investigación en la que figuraban el entonces mandatario Carlos Alvarado Quesada y el entonces diputado y ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.
La razón de la histórica diligencia judicial giraba en torno a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida como UPAD
En la causa se investiga a otras cinco personas vinculadas a la Unidad o a la Presidencia de la República. En un expediente aparte, se abrió un proceso contra el exministro interino de Planificación, Luis Daniel Soto Castro.
Cinco años después de los allanamientos, la lentitud del proceso en el sistema judicial es tan evidente que, a la fecha de esta nota, no había podido revisarse el contenido de los aparatos electrónicos decomisados al expresidente y a las otras personas investigadas. Se trata de celulares, computadoras y otros dispositivos.
El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el contenido y trámite del decreto que creó la UPAD. Esto por cuanto pretendía que instituciones públicas permitieran acceso a todo tipo de información, incluyendo de índole confidencial.
La tesis de la Fiscalía es que el decreto infringía legislación, no pasó por filtros legales y se fundamentó en un hecho falso.
Además, el ente judicial busca determinar si, con el funcionamiento de la UPAD, hubo violación de datos personales de los habitantes.
Los aparatos decomisados se abrieron, el contenido fue respaldado y está listo para revisarse; sin embargo, pero una extensa disputa legal ha impedido que ese proceso se realice.
La Fiscalía mostró interés en ver todos los archivos, sin embargo, los abogados defensores del exmandatario Alvarado, han exigido que sólo se revisen aquellos elementos que estén relacionados directamente con el caso UPAD.
Alegan que en el teléfono celular de un presidente de la República hay información confidencial, muy importante, que debe resguardarse. Citaron por ejemplo, temas de seguridad.
Por otro lado, están los documentos o archivos personales del exmandatario que consideran tampoco deberían estar bajo escrutinio en el proceso judicial.
Añadieron que de inspeccionarse todos los archivos de los dispositivos, existe además un alto riesgo del filtraciones y por ende, de exposición de los datos al público.
«Retraso significativo»
Noticias Columbia consultó al Ministerio Público cuál es el estado del caso UPAD cuando se cumplen cinco años de los allanamientos en la Casa Presidencial.
La fiscal, Natalia Villalta, respondió que aún se mantiene en trámite en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
«Es importante resaltar que la demora que ha existido proviene de circunstancias totalmente ajenas al Ministerio Público. Podríamos mencionar entre ellas, las actividades procesales defectuosas presentadas (por defensores), los recursos, gestiones varias que tienen que pasar por el Juzgado Penal para ser resueltas; el tiempo que la causa se mantuvo en la Sala Tercera, circunstancias todas que han hecho que la causa tenga este retrasos significativo», explicó.
«Es importante hacer notar que ya la apertura de dispositivos electrónicos se realizó y, en este momento, nos encontramos a la espera de que el Tribunal Penal de Hacienda defina los parámetros de búsqueda para realizar el análisis forense. El 1° de abril de este año tenemos la vista de apelación en donde se definirá este aspecto. Una vez definido lo anterior, se va a proceder al análisis forense y así continuar con el trámite de esta investigación», añadió.
Ewald Acuña, abogado del exministro Morales, manifestó que la defensa técnica comprende los retrasos en el proceso derivados del paso de una causa especial, contra miembros de los Supremos Poderes, a un proceso ordinario, sin embargo, no está de acuerdo con lo sucedido.
«(…) Pero (la defensa) no puede justificar o manifestarse conforme con esos atrasos. Una justicia lenta, afecta a todas las partes en el proceso», comentó.
«En cuanto al estado del proceso, es básicamente el mismo que hace cinco años, porque en la hipótesis que maneja el Ministerio Público, la prueba electrónica resulta fundamental y aún no se ha realizado la discriminación de todos los archivos electrónicos que fueron objeto de secuestro. Luego de eso, estamos seguros de que se acreditará», resaltó.
Noticias Columbia intentó tener una declaración de los abogados del expresidente Alvarado, Roger Guevara y Rodolfo Brenes, sin embargo, nos informaron que nos podrían atender más adelante, debido a que se encuentran atendiendo juicios.
Desde el inicio del proceso, los defensores alegaron que su representado no cometió ningún delito. Incluso pidieron al Ministerio Público que agilizara el proceso pues tenían la certeza de que, en un juicio, demostrarán la inocencia del expresidente.
En una entrevista con Noticias Columbia, en mayo del 2024, el exmandatario afirmó que tiene se siente tranquilo pues no incurrió en conductas ilícitas.
«Este no es un caso que se diga que yo me robé plata o que me hice de plata porque no hay nada de eso. Ni siquiera remotamente cerca. Tampoco hay una sola evidencia de yo espié o que el Gobierno usó información para esos casos», aseveró.
Un caso lleno de demoras
En octubre del 2019, el Gobierno de la República emitió el decreto Nº 41996-MP-MIDEPLAN para la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), sin embargo fue publicado en La Gaceta hasta el 17 de febrero del 2020.
Según el decreto el objetivo principal de la UPAD era “institucionalizar en el Despacho del Presidente un enfoque de toma de decisiones de política pública fundamentadas en la evidencia que aporta el análisis de los datos y fortalecer el proceso decisorio del Presidente de la República con alternativas certeras, eficaces, eficientes y de mayor impacto positivo para el país”.
Sin embargo, la polémica llegó con el artículo 7, el cual dice que “las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado”.
“(…) También se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”, añade el decreto que fue derogado el 21 de febrero tras las publicaciones de la prensa.
Lento andar
Ante la dificultad para revisar la evidencia electrónica, en febrero del 2022 la Fiscalía General, comandada entonces de forma interina por Warner Molina, decidió dividir la causa en dos: Una por el decreto y la otra por la supuesta violación de datos personales.
Molina acusó al expresidente Alvarado y el exministro Morales por los presuntos delitos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), abuso de autoridad y fraude de ley. En esa oportunidad, les atribuyeron presuntas irregularidades relacionadas con el trámite del decreto y su contenido.
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No obstante, con la llegada de Carlo Díaz a la Fiscalía General, las cosas cambiaron. En enero del 2023, el jerarca del Ministerio Público dijo a Noticias Columbia que analizaba reformular la acusación por el caso UPAD de manera que la causa judicial no estuviera separada.
Díaz explicó que esa acusación se hizo cuando los imputados eran funcionarios de Supremos Poderes pero que, al dejar el cargo en mayo del 2022, el proceso pasó a la llamada “vía ordinaria”.
Alegó que el trámite “es completamente diferente” y por eso no descartaba que se elabore una nueva acusación que deje sin efecto la anterior. Reconoció que ese proceso causaría una demora o prolongación en el trámite, hecho que salta a la vista actualmente.
