Quedarán en libertad si se concreta una caución o garantía con propiedades y deberán cumplir otras medidas. Información la confirmó abogado a Noticias Columbia.
Tras una audiencia de revisión de medidas cautelares que se efectuó esta semana en los Tribunales de Goicoechea, un Juzgado Penal resolvió otorgar la libertad a las dos mujeres que están en prisión preventiva desde marzo pasado. La decisión fue tomada el jueves pero se comunicó a las partes hasta este viernes por la tarde.
La Fiscalía solicitó una prórroga de seis meses de la prisión preventiva, sin embargo, el Juzgado Penal acogió la solicitud de la defensa y permitirá la liberación de las sospechosas siempre y cuando cumplan con otras medidas y una garantía o caución. Así lo explicó el abogado Jorge Rojas Fonseca, defensor de las mujeres de apellidos Hidalgo y Rodríguez.
«Que tengan un domicilio fijo, que ingresen a laborar conforme a una oferta que se les presentó con ocasión de la revisión de la medida. Se les prohíbe cualquier tipo de contacto con los denunciantes, ofendidos y testigos y acercarse a la Fundación Manos Abiertas; y presentarse a firmar cada mes a la Fiscalía a partir del 30 de setiembre», dijo.
«Para garantizar la libertad y la sujeción del proceso se acogió la petición de la defensa de que pusiesen a responder unas propiedades y que estas propiedades se hipotequen a favor del Poder Judicial como garantía de que se van a sujetar al proceso y consecuentemente, una vez que se realicen las respectivas hipotecas, el Juzgado Penal estará indicando, una vez que se le ponga en conocimiento esa documentación y que la revise concretamente, ordenará la libertad de las imputadas», añadió.
Rojas calificó la decisión como acertada, al considerar que se han aportado pruebas que modificaron las razones por las cuales inicialmente se dictó la prisión preventiva.
El caso
La Fundación Hogar Manos Abiertas atendía a personas enfermas o con discapacidad, tanto menores como adultos. El 5 de marzo pasado, el OIJ y la Fiscalía allanaron sus sedes en Alajuela y La Unión como parte de una investigación por los presuntos delitos de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, tortura, malversación de fondos, peculado y legitimación de capitales.
De las cinco personas detenidas esa vez, solo las dos mujeres, de apellidos Rodríguez e Hidalgo, quedaron en prisión preventiva.
Las sospechosas formaban parte de una asociación de fieles católicos y, según la Diócesis de Alajuela, tenían intenciones de recorrer un camino para eventualmente convertirse en congregación.
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Sin embargo, el Ministerio Público alega que se hicieron pasar por monjas con el fin de captar dinero. En el expediente se investiga la presunta sustracción y desvío de dinero público con fines personales.
También les atribuyen maltrato a pacientes, emplear a personas sin conocimientos necesarios y falta de pago de salario a personas que laboraban en la organización.
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El OIJ señaló que las mujeres reclutaban a otras con la promesa de que serían novicias, es decir, aspirantes a religiosas. El abogado Rojas, rechazó todos esos cargos.
«Ellas son parte de la asociación de fieles del Corazón Redentor de Cristo. Son laicos comprometidos, debidamente autorizados, reglados por las más altas autoridades de la Iglesia Católica, en este caso por el obispo Diocesano de Alajuela. Les rigen las reglas del derecho canónico al igual que le rigen las reglas a un instituto religioso. Lo que pasa es que en este tema, no se ha logrado comprender cuáles son las características que tiene una asociación de fieles con lo que es un instituto religioso. Por eso se ha dicho que eventualmente se les ofreció ser novicias sin poder lograr eso. Se trata de una asociación con miras a ser un instituto religioso», expresó el abogado.
«Por su puesto que en los temas de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, tenemos suficiente prueba para poder debilitar lo que dicen las denunciantes. En el tema de la tortura, el maltrato, todos los dictámenes médicos de la Medicatura Forense, han determinado a la fecha que estos pacientes… que los menores de edad nunca han sido torturados, nunca han sido maltratados, que las prescripciones médicas se han respetado, (…) de tal manera que esa tesis tampoco es válida en este caso: mucho menos la malversación, el peculado, el ejercicio ilegal de la profesión, se ha debilitado en criterio de la defensa», detalló.
