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Caso Madre Patria: 20 personas a prisión preventiva un año

by Alejandro Arley

Fiscalía investiga a organización sospechosa de realizar millonarios con propiedades.

Tras la solicitud de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, un Juzgado Penal de San José ordenó un año de prisión preventiva en contra de 20 personas implicadas en el caso conocido policialmente como “Madre Patria”. La resolución fue comunicada la mañana de este miércoles.

Otras nueve personas deben cumplir medidas cautelares distintas, mientras avanza el proceso en su contra. Entre ellas hay cinco policías de Tránsito, dos notarios y un funcionario del Consejo de Transporte Público.

El Ministerio Público informó que estas personas son sospechosas de conformar una organización criminal, a la cual se le vincula con los “presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho”. La investigación se centra en millonarios fraudes con propiedades en distintas partes del país.

El caso

El nombre “Madre Patria” se debe a que los sospechosos de liderar al grupo son españoles y, en épocas anteriores, el país europeo era conocido con ese calificativo.

De acuerdo con la Fiscalía y el OIJ, la organización buscaba propiedades de extranjeros o en desuso y, mediante un equipo de notarios, presentaban documentos ante el registro para apoderarse de los bienes de forma ilegítima. Hay dueños que ni siquiera saben que fueron despojados de un terreno o que fue vendido.

Randall Zúñiga, director del OIJ

Los terrenos tienen altos valores, hecho que permitió que el grupo manejara montos millonarios. Uno de ellos está valorado en $30 millones pues se construye un proyecto vacacional en El Coco, Guanacaste.

Otra forma de adueñarse de propiedades ajenas, era apuntando a los bienes de sociedades mercantiles que debían disolverse por falta de pago de sus obligaciones.

La organización invirtió en líneas de buses y manejaba tres rutas en San José de Alajuela, Tambor de Alajuela y Caldera-Puntarenas.

Cinco policías de tránsito fueron detenidos como sospechosos de colaborar con este grupo delictivo. Se presume que eran flexibles en la vigilancia de las unidades de esa empresa pero multaban a las “rivales”.

A esto se suma, la supuesta participación de cuatro funcionarios judiciales, uno de ellos un juez de la República que laboraba en Desamparados y ahora descontará prisión preventiva. Aparentemente daba asesoría al grupo criminal en cuanto a la forma de presentar documentos y facilitaba sus empresas de outlet y transporte de mercadería para un presunto lavado de dinero.

La cantidad dinero que se movía era tan elevada, que se registró en un solo día, transacciones por sumas entre $11y $13 millones en criptomonedas.

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