Grupo operaba desde Costa Rica pero las víctimas eran personas residentes en Estados Unidos, según informe de Fiscalía. Foto con fines ilustrativos.
La semana anterior, agentes del OIJ detuvieron a 30 personas a quienes el Ministerio Público vincula con una organización criminal a la cual se le atribuye la legitimación de capitales o lavado de dinero proveniente de estafas telefónicas.
El Juzgado Penal de San José dictó medidas cautelares contra 17 de los supuestos integrantes. Este es el desglose:
—Tres meses de prisión preventiva en contra de los imputados de apellidos Fonseca, Brenes P., Brenes A. y Chaves.
— Tres meses de arresto domiciliario con monitoreo electrónico en contra de los imputados de apellidos Sánchez, Calvo, Hannigan, Paniagua, Chacón, Santana y Vindas (mujer).
— A un sospechoso de apellido Zavaleta se le ordenó presentarse a firmar una vez al mes por todo lo que dure el proceso.
— A un hombre de apellido Aguirre, se le ordenó presentarse a firmar una vez al mes e impedimento de salida del país, por todo lo que dure el proceso.
“En cuanto al resto de las personas detenidas en los operativos y que no se indican en esta lista, el despacho indicó que les tomó la declaración indagatoria y, tras valorar sus arraigos procesales, se determinó que, por ahora, pueden continuar apegadas al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”, respondió la Fiscalía ante una consulta de Noticias Columbia.
El caso
La Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público informó que este grupo habría operado entre julio del 2019 y setiembre de este 2023. En la investigación participaron la Oficina Federal de Investigación (FBI) del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Sección Especializada contra el Crimen Organizado del OIJ.
Se cree que los sospechosos instalaron centros de llamadas en Costa Rica para cometer los delitos. Los allanamientos se realizaron en Pavas, Santa Ana, Ciudad Colón, Escazú, Tibás, Curridabat, Aserrí, Heredia y La Unión.
El Fiscal, Esteban Aguilar, hizo un recuento de los hechos que se les atribuyen.
“De parte de estas entidades internacionales se informó acerca de una organización de costarricenses; costarricenses nacionalizados estadounidenses y estadounidenses, siendo el factor común el hecho de que hablaban a la perfección el idioma inglés y que se dedicaban precisamente a estafar a ciudadanos estadounidenses en la mayoría de oportunidades adultos mayores”, expresó.
Aguilar comentó que hacían creer a las víctimas que fueron beneficiados con un premio de lotería y que para recibir el dinero, debían realizar pagos a cuentas que les hacían pensar que también se trataba de organizaciones gubernamentales en Estados Unidos
“Así, en diferentes oportunidades, les hicieron este requerimiento logrando arribar una suma de perjuicios aproximada a más de un millón de dólares estadounidenses”, añadió.
Los fondos eran remitidos a cuentas de estadounidenses y luego movilizados a cuentas de costarricenses. Aquí es donde entraba en juego esta estructura, de hecho la causa tiene declaratoria de crimen organizado.
“Existían figuras de liderazgo, figuras que se dedicaban a legitimar el dinero que entraba a circulación nacional; asimismo, personas que se encargaban de adquirir bienes con el mismo fin de legitimarlos… el dinero que venía de esta delincuencia y personas que se encargaban de la logística, de la ubicación y de los servicios como la contratación de internet de los centros de llamadas o call centers”, explicó.
Los allanamientos desplegados por los agentes judiciales permitieron el decomiso de evidencia importante para la Fiscalía como dinero en efectivo, equipos de telefonía IP, computadoras, tabletas, joyas, vehículos, entre otros.
