Este martes, tras la decisión judicial, las autoridades retiraron las tobilleras de monitoreo electrónico a Carlos Cerdas, de la empresa Meco y Mélida Solís de H. Solís.
En el caso Cochinilla se investiga un supuesto esquema de dádivas a funcionarios públicos e intercambios de favores para beneficiar a las compañías constructoras y dejarlas en condiciones de ventaja sobre otras.
Las autoridades judiciales señalan que, con este tipo de acciones, presuntamente se procuró la adjudicación de contratos de obras viales y el trato preferencial para el pago facturas, entre otras irregularidades.
Los abogados defensores de los empresarios conversaron con Noticias Columbia y expusieron las razones que, a su criterio, motivaron al Juzgado Penal de Goicoechea a levantar la medida de arresto domiciliario, conocida popularmente como “casa por cárcel”.
Esto implica que tampoco deben utilizar el dispositivo que permitía al Ministerio de Justicia controlar sus movimientos.
La Fiscalía apeló la resolución y ahora se espera que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública programe una nueva audiencia.
Las medidas que sí se mantuvieron por seis meses fueron el impedimento de salida del país, la entrega del pasaporte y el no acercarse a testigos en la causa. También se mantuvo la fianza de $10 millones para Cerdas y $5 millones para Solís.
Lea también: El ‘ABC’ del caso ‘Cochinilla’: Así se mueven los hilos del mediático expediente un año después
Cuestionan monto por daño
El 14 de junio del 2021, cuando se hicieron los allanamientos, el director del OIJ, Walter Espinoza manifestó que Cochinilla es uno de los casos más importantes que han trabajado el Ministerio Público y la Policía Judicial.
Citó que se investigaban eventuales malversaciones de fondos en el tema relacionado con la construcción de obra pública, principalmente carreteras.
En declaraciones a dos televisoras, dijo que se trasladaron fondos de proyectos que ya tenían contenido presupuestario hacia obras que beneficiaban a las empresas investigadas.
“Esto lo hemos detectado desde 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020 y hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria, generado por esos traslados irregulares que ronda los ₡78 mil millones”, expresó.
“Eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído, sino que lo han malversado, lo han malversado, lo han utilizado para fines diferentes sin autorización”, añadió.
No obstante, desde el inicio del proceso, los abogados de los empresarios aseguraron que ese monto no estaba debidamente acreditado y que la Fiscalía lo estaba utilizando como un argumento de peso para pedir la prisión preventiva de sus clientes.
Audiencia tras audiencia, los defensores insistieron en que no existe el perjuicio económico que alega el Ministerio Público. Así lo explicó Erick Gatgens, abogado de Mélida Solís.
“Se establece un tema muy relevante en el que hemos venido insistiendo ya desde largo tiempo y es relacionado con la inexistencia de lo que en su momento produjo la prisión preventiva de ella, y era el famoso tema de los ₡78 mil millones”, dijo.
“Efectivamente, ya tuvo por establecido en este caso el señor Juez Penal que eso ya no es un tema, que ya siquiera el Ministerio Público lo discute y con esto se confirma lo que sostuvimos de era arbitrario, ilegal que se hubiera ordenado la prisión preventiva a doña Mélida con base en ese argumento que era erróneo”, indicó Gatgens.
El abogado sostiene que el juez Félix Castellón manifestó que en ningún documento se desprende la suma millonaria como daño al Estado.
En noviembre del 2021, la exministra de Hacienda Rocío Aguilar compareció ante los diputados y dijo que el llamado hueco presupuestario de 78 mil millones en el Conavi se originó porque no hubo una transferencia de fondos que por Ley le correspondía al MOPT.
“Ha quedado acreditado por ejemplo con la declaración de doña Rocío de que era más bien un faltante presupuestario que tenía en ese momento el Conavi. No se trató de una sustracción de fondos, sino que hubo un problema de transferencia del Gobierno Central hacia el Conavi y había un hueco financiero”, resaltó Gatgens.
Erick Ramos, abogado de Carlos Cerdas (Meco), también resaltó el cambio de medidas cautelares tiene relación con lo que se ha discutido sobre el supuesto monto por perjuicio económico.
Aseguró que el juez Castellón fue claro y enfático en establecer que la hipótesis que originalmente planteó el Ministerio Público del daño de 78 mil millones de colones, “ha sido superada” y que “ese daño es inexistente”.
Con base en ese argumento, calificó de innecesarias las medidas de arresto domiciliario y monitoreo electrónico que Cerdas tenía desde marzo pasado.
Ramos aseveró que la filtración del expediente del Caso Cochinilla provocó que las intervenciones telefónicas se usaran de forma descontextualizada y por ende, el asunto “se infló”.
Tiempo transcurrido
Otro elemento que los abogados mencionan como importante para el cambio de medidas es el nivel de avance de la investigación después de un año y tres meses de los allanamientos.
“Del 14 de junio del año pasado, pese a que el Ministerio Público ha señalado que tiene que entrevistar a 208 personas, se han entrevistado solo ocho personas. Entonces creo que la ciudadanía se dará cuenta de la inercia del Ministerio Público y que es absolutamente injustificado mantener, no solo a mi cliente, sino a todas las personas sindicadas en este proceso con medidas cautelares cuando no hay un avance real”, afirmó Ramos.
El abogado incluso insistió en que este caso en realidad se remonta a hace seis años y no a la fecha de los operativos.
Por su parte, Gatgens comentó que “el transcurso del tiempo es muy relevante en este caso”.
El defensor relató que el juez pidió al Ministerio Público continuar de manera diligente con las investigaciones.
Comportamiento
Los representantes legales de ambos empresarios aseguraron que sus clientes, a lo largo de todo el proceso, han demostrado su apego al proceso judicial, asistencia a las audiencias y cumplimiento a cabalidad de todas las medidas que se les han impuesto.
Gatgens incluso resaltó que no ha habido ningún tipo de interferencia con la investigación del Ministerio Público.
