La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, lamentó violación a soberanía de Costa Rica: «Banana Republic es lo que nos van a decir en adelante».
El canciller de la República, Arnoldo André, argumentó razones ‘políticas’ detrás de la urgencia de Estados Unidos para el envío de 200 migrantes asiáticos a Costa Rica, el pasado 20 de febrero.
Así lo señaló el ministro de Relaciones Exteriores durante una interpelación que le realizó el Plenario Legislativo.
Ante una consulta del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Mendoza, André afirmó que esta decisión puede haberse dado debido a una promesa de campaña por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.
«Estados Unidos le pidió a Panamá, a Costa Rica y a Guatemala ayudarles en una urgencia de deportación que tenían. Hasta esa solicitud que hizo Estados Unidos fue que Costa Rica accedió a recibir hasta 200, porque era la capacidad que tenía el Catem-SUR en ese momento para atenderlos. Si me pregunta a mí el porqué de esa urgencia, yo creo que es una razón política del presidente Trump de cumplimiento de su promesa de campaña. Me parece a mí que quiere completar algún número que tiene en mente para poderlo anunciar a los 100 días de su gobierno. No encuentro otra razón de la gran urgencia de deportación», mencionó André.
Durante su presentación, el canciller también se refirió a la realidad de estos migrantes, quienes se encuentran en el Catem-Sur.
Según André, de los 200 deportados, 69 ya regresaron a sus países de origen y 34 se encuentran en ese proceso. De igual manera, ninguno habría solicitado asilo o refugio.
Además, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que estas personas fueron aceptadas en el marco de una relación estratégica de amistad y cooperación con Estados Unidos.
«Este acuerdo se condujo y se concretó en el marco de la buena fe y el ánimo de cooperación entre los países. Esta decisión encuentra fundamento, además, en el principio de solidaridad en materia migratoria, cardinal en la gestión ordenada, segura y humanitaria de las personas migrantes en condición irregular, prevista en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular del año 2018. En este instrumento, nuestro país ha reconocido el valor de la cooperación internacional y de una gobernanza migratoria efectiva bajo principios de solidaridad y responsabilidad compartida. Dentro de todo este proceso, las facultades y competencias de la Cancillería están limitadas a las acciones propias tendientes a facilitar ese puente diplomático de comunicación y acercamiento, asegurando además que toda esa interacción ocurre en el marco de las reglas propias del derecho internacional», agregó el canciller.
La diputada del Frente Amplio (FA), Priscilla Vindas, fue crítica de las razones poco claras para la negociación, la cual, según André, fue verbal.
Además, lamentó que el país pueda enfrentar denuncias en materia de derechos humanos por malos tratos hacia estas personas migrantes.
«Usted lo mencionó al inicio su intervención, hizo énfasis en que Estados Unidos es un socio comercial y ya lo dice el presidente, que si nosotros no accedíamos, les ponían un impuesto a las zonas francas y ahí realmente íbamos a sufrir las consecuencias. A mí lo que me parece, tanto de su poco conocimiento de la situación, que negoció, pero desde ahí nos desentendimos, es que lo que importa acá es el tema comercial y no los derechos humanos», señaló Vindas.
La también frenteamplista, Rocío Alfaro, cuestionó que en el proceso se haya violentado la soberanía de Costa Rica.
«Ellos fueron obligados a ingresar a nuestro país, no han sido juzgados en nuestro país. Bueno, esta irregularidad es un irrespeto absoluto a nuestra soberanía. Yo quiero que el pueblo costarricense lo tenga claro. Hemos sido tratados como el patio trasero de los Estados Unidos, se ha irrespetado nuestra soberanía, se han irrespetado los principios básicos de los derechos humanos de la mano del señor canciller, poniéndonos en vergüenza internacional otra vez. ‘Banana Republic’ es lo que nos van a decir en adelante», lamentó la frenteamplista.
Finalmente, la diputada independiente, Johana Obando, criticó la negativa de André de poder señalar cuáles son los beneficios para Costa Rica con este acuerdo.
«A esto hay que ponerle el rostro humano. Son personas que, como si fueran ganado, son trasladados de un lugar a otro violentando todo tipo de derechos. La dignidad de las personas no se negocia. No se negocia ni por favores políticos, no se negocia por arreglos que uno no sabe a qué llegaron, porque toda la audiencia que tenemos con usted, toda la interpelación, pues no se ha dicho exactamente qué gana Costa Rica con respecto a este intercambio y esa aceptación violentando la soberanía nacional», manifestó Obando.
