Iniciativa busca proteger a clientes bancarios que han sido víctimas de fraudes electrónicos o robos de dinero en sus cuentas.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) advirtió que el proyecto de ley contra estafas informáticas, aprobado en primer debate por la Comisión Plena III bajo el expediente 23.908, está «lejos de resolver» el problema del crimen organizado vinculado a estos delitos.
Según la organización, las estafas electrónicas responden a este tipo de estructuras y requieren un enfoque integral que incluya prevención, educación financiera y cooperación entre autoridades, entidades financieras y ciudadanía.
La ABC cuestionó que los legisladores no atendieran todos los criterios técnicos necesarios para enfrentar el fenómeno de manera integral, al señalar que el texto no establece responsabilidades para quienes cometen los delitos.
La Asociación también insistió en la necesidad de incorporar de forma expresa la figura de la «culpa grave» dentro del análisis de responsabilidades. A su criterio, este concepto permitiría delimitar con mayor precisión los casos en que procede una indemnización, reforzar la seguridad jurídica y mantener un equilibrio entre la protección de las personas usuarias con los principios de justicia y razonabilidad.
El proyecto
Fue este miércoles que los diputados de la Comisión Plena III dieron su visto bueno a la iniciativa, tras tres años desde que fue presentada.
El texto busca proteger a clientes bancarios que han sido víctimas de fraudes electrónicos o robos de dinero en sus cuentas.
Sus principales postulados son los siguientes:
- Establecer reglas claras sobre la responsabilidad de los bancos cuando hay sospecha de fraude.
- Invertir la carga de la prueba a favor de las personas que denuncian una estafa, de modo que sea más fácil demostrar que no realizaron la transacción.
¿Cuáles son las obligaciones de las entidades financieras?
- Investigar y terminar en un plazo máximo y razonable los procesos cuando un cliente reporta fraude.
- Devolver rápidamente los montos retenidos que resulten ser operaciones ilegítimas, siempre que exista evidencia de que fue un fraude.
- Informar a las autoridades competentes sobre cuentas vinculadas a fraudes electrónicos.
En entrevista con Noticias Columbia, la representante de la organización ‘Gente estafada en los bancos de Costa Rica’, Carmen Rojas, celebró dicha aprobación
«Estamos muy felices y muy satisfechos. Ha sido una lucha dura. Tenemos más de tres años de haber presentado el proyecto y casi cuatro años de haber iniciado con el movimiento. Uno de los objetivos más importantes que nos planteamos con el movimiento fue presentar el proyecto y lograr su aprobación», destacó Rojas.
