Iniciativa avanza en la Asamblea Legislativa y pretende que bancos respondan por daños ocasionados en estafas a clientes financieros.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) alertó sobre posibles aumentos en estafas a consumidores financieros ante un proyecto de ley que pretende invertir la carga de la prueba en favor de los usuarios cuando se den robos en sus cuentas.
La iniciativa, presentada por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Oscar Izquierdo, pretende que las entidades financieras que custodien el dinero de los consumidores respondan por los daños ocasionados en contra de estos, independientemente de su culpa y del mecanismo utilizado para la sustracción.
“En los casos relacionados con la defensa al consumidor, ambiente, fraudes electrónicos personales o de cualquier tipo de entidades bancarias o similares, tanto a nivel administrativo como judicial, regirá la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas afectadas”, agrega la propuesta.
Ante esto, desde la Asociación Bancaria Costarricense señalaron que, según evidencia internacional, esto puede generar un aumento en el número de estafas, según detalló su asesor, Rodrigo Cubero.
«Había algunas versiones que estaban circulando del proyecto o que incluso habían recibido como texto sustitutivo aprobación y que no establecían un sano equilibrio. Al no hacerlo, bajo el principio de que el banco siempre paga, lo que iban a estimular era más bien un aumento significativo en las estafas bancarias. Eso es un fenómeno que ocurrió en Chile, donde se introdujo una legislación similar y llevó a una duplicación en el número de estafas bancarias entre el año 2022 y 2023 y que obligó al congreso chileno justamente a revertir y a modificar esa reforma original», destacó Cubero.
El asesor económico de la ABC aseguró que es necesario que los bancos tengan la posibilidad de realizar una investigación para determinar si los clientes tuvieron dolo o fueron parte de la propia presunta estafa en su contra.
«El señalamiento va entonces en la dirección de introducir mayor equilibrio en dos áreas específicas. En primer lugar, establecer causales para excluir la responsabilidad de los bancos o de las situaciones donde el banco no respondería. Por ejemplo, en caso de autofraude por parte del cliente, de culpa grave por parte del cliente o incluso cuando se cumplen con los estándares que establece la Superintendencia de Entidades Financieras en manejo de gestión informática y gestión de los datos de los clientes y de los fondos de los clientes. Esto me parece que es la línea en la que se ha movido la Asamblea Legislativa para incorporar esos principios. En segundo lugar, establecer también un procedimiento de investigación por parte de los bancos en un periodo perentorio, para no dejar esto muy abierto, pero ciertamente un periodo perentorio, una fase de investigación para que el banco determine si hubo precisamente algún nivel de dolo o culpa grave por parte del cliente y si consigue evidencias para sustentar esa conclusión, de manera que si hubiera esa evidencia el asunto pase a estrados judiciales y si no la existiera, pues que el banco pague, pero que haya un procedimiento donde el banco deba hacer la investigación y emitir una resolución fundada sobre si hubo o no participación en fase de dolo o de culpa grave por parte del cliente», afirmó el economista.
Eso sí, Cubero se mostró complacido con la disposición de algunos diputados por realizar algunas correcciones clave para el proyecto, con el fin de dar un equilibrio al tema.
«Yo creo que se ha avanzado en una dirección correcta, justamente tratando de reconocer la realidad social de las miles de víctimas de estafas que tenemos en el país y también en la importancia que esta legislación que viene a protegerla se haga de una forma razonable, equilibrada y responsable para que no se vaya a estimular más bien la delincuencia. Entonces, creo que ha habido mucha responsabilidad de parte del señor Óscar Izquierdo y de otros miembros de la Asamblea Legislativa para ir introduciendo reformas necesarias en la dirección de equilibrar el proyecto de ley y alcanzar una solución viable, razonable, mesurada, justa que atienda el problema de las estafas bancarias y que no las vaya más bien a estimular», agregó el asesor de la ABC.
Ante estos señalamientos, el proponente del proyecto, Oscar Izquierdo, afirmó que los bancos pronto deberán garantizar mecanismos ágiles de devolución de los montos retenidos por fraudes, con excepción de casos donde se simula la estafa u operaciones ilegítimas.
Para esos escenarios, la persona usuaria sería sancionada con una pena de prisión de 1 a 3 años.
“La iniciativa no fomenta la proliferación de las estafas informáticas, dado que, para que la persona reciba los recursos reportados como robados, el banco debe primero realizar una investigación”, agregó el diputado verdiblanco.
