Texto establece condenas de hasta 18 años si abandono provocara muerte del adulto mayor; sin embargo, este elemento será modificado a solicitud de Fiscalía.
El Plenario Legislativo aprobó en primer debate un proyecto de ley que fortalece las penas a quienes hagan abandono de un adulto mayor.
Este viernes, en sesión extraordinaria, se llevó a cabo la primera votación del expediente 24.244, el cual establece prisión de uno a cuatro años si el abandono pone en peligro la vida, la salud física, mental o social de la persona adulta mayor.
Las penas serían de tres a seis años si el abandono genera un daño grave en el cuerpo o salud. En caso de provocar la muerte, el tiempo en prisión pasa a ser de 12 a 18 años.
Sin embargo, esta última pena será modificada previo a una segunda votación en primer debate, según detalló el diputado de Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, quien propuso la iniciativa.
«El Ministerio Público considera que esta última pena, en el caso de muerte, es una pena excesiva porque se compara en la misma que existe en el Código Penal en los casos de homicidio simple u homicidio doloso. El argumento de la Fiscalía es que no se pueden comparar, a pesar de que sí es grave de todos modos ocasionar la muerte de un adulto mayor por un abandono. Entonces, el arreglo que hicimos en la Asamblea Legislativa todas las fracciones es aprobar en primer debate, que es lo que corresponde por reglamento. Luego, presentaremos una moción que se conoce como moción 148bis, que es para traer atrás el proyecto otra vez y mediante una moción arreglar, en este caso particular, esa pena, la que se relaciona con el abandono de la persona adulta mayor y que esta provoque la muerte. La Fiscalía considera que debe dejarse en 10 años máximo, como está actualmente. Nosotros consideramos que sí se podría aumentar, por lo menos un poco y esa es una discusión que se vendrá a dar en las próximas semanas cuando esté el texto, cuando ya hayamos definido cuál es esa pena que se va a establecer para estos casos», detalló el legislador.
Pese a ver con buenos ojos el aumento en las penas, para el expresidente del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Norbel Román, queda una deuda pendiente.
Según el doctor, no se ha logrado procesar judicialmente a personas que incurren en este delito.
«Alegra el saber que hay un reconocimiento al delito y eso suena muy bien. Excelente, aplausos. Pero hay un problema relacionado a este tema que deben mejorar. En años pasados que me tocó, justamente con el apoyo de los señores diputados, preguntar al Poder Judicial cuántas condenas ha habido en los últimos 3 años y la respuesta es: ninguna condena. Entonces, creo que el ingrediente aquí que sigue es no solamente que la pena aumente y reconocer esta forma terrible que, luego del homicidio, es el abandono, en severidad. Lo importante no solamente aumentar el castigo, sino que hayan condenas. Es decir, llevar a los tribunales a los que corresponda», mencionó Román.
Desde la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) también ven con buenos ojos el proyecto.
Eso sí, la gestora del Programa de Incidencia y Vigilancia de Derechos de la asociación, Andrea Monge, pidió que también se promuevan iniciativas con enfoque preventivo.
«Desde AGECO, como organización de sociedad civil comprometida con la vigilancia y defensa de los derechos de las personas mayores, identificamos la aprobación en primer debate de ese proyecto como progresivo y afirmativo para cumplir con los derechos de las personas mayores, específicamente el derecho a vivir una vida libre de violencia que está así consignado en la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el artículo 9. Desde AGECO, vemos de forma positiva que se legisle en la vía de proteger a todas las personas personas mayores, principalmente a aquellas de mayor vulnerabilidad. Recordamos la importancia de que también se normen proyectos fuera del eje punitivo, la importancia también está en proyectos de carácter preventivo sobre la necesidad de acompañar a las personas cuidadoras que muchas veces realizan el proceso de cuidado autodidacta, por filiación parental o familiar y que, en muchos de estos casos, se podría causar negligencia o abandono aún sin quererlo las familias», señaló Monge.
Finalmente, la presidenta de la Junta de Salud del Hospital Geriátrico, Alicia Avendaño, destacó que el proyecto reconoce la contribución de las personas adultas mayores.
No obstante, manifestó que es necesario fortalecer los mecanismos de aplicación de la ley para aplicar las condenas cuando corresponda.
«Representa un avance significativo en la protección de las personas adultas mayores. Esta iniciativa busca endurecer las penas para quienes, teniendo la obligación de cuidar, abandonan al adulto mayor en estado de vulnerabilidad, reconociendo la gravedad de este acto y sus potenciales consecuencias. Este endurecimiento refleja el compromiso de los costarricenses en garantizar la dignidad y seguridad de sus ciudadanos de mayor edad y responde a una creciente preocupación por el bienestar de esta población vulnerable. Es fundamental que la sociedad, en su conjunto, tome conciencia sobre la importancia del cuido y respeto hacia las personas adultas mayores. El fortalecimiento de las sanciones legales debe ir acompañado de campañas de sensibilización y educación que promueven una cultura de respeto. La aprobación de esta reforma es un paso adelante en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, donde se reconoce y valora la contribución de los adultos mayores. No obstante, en la actualidad, el artículo 142bis está vigente y no ha existido precisamente una sanción para una persona en ese término. Entonces, ¿Qué es necesario? Es necesario fortalecer los mecanismos de aplicación de la ley», mencionó Avendaño.
