La Defensoría de los Habitantes pidió información a la SUGEF sobre los plazos de entidades financieras para atender denuncias por estafas.
La Defensoría de los Habitantes emitió una serie de inquietudes a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), ante el inicio del capítulo 3, denominado “Aspectos Mínimos de Control para Prevenir y Mitigar la Ocurrencia de Estafas Informáticas en Contra de los Usuarios Financieros”, realizado por Conassif.
Según el ente defensor, es necesaria la información de SUGEF debido a que se trata de elementos de interés para los habitantes en materia de sus derechos como consumidores de entidades financieras.
Uno de esos elementos tiene que ver con el plazo que tienen los bancos y similares para responder a los clientes ante eventuales casos de estafas.
De igual manera, el vocero de la Defensoría, Geovanny Barboza, aseguró que solicitaron información sobre la aplicación de los reglamentos que entrarán a regir en materia de seguros y demás.
«La Defensoría de los Habitantes ha recibido, en los últimos meses, una cantidad importante de denuncias que están vinculadas con el tema de estafas y fraudes electrónicos, entre otros temas. Siendo que a partir del 1 de junio la SUGEF pondrá en vigencia el capítulo 3 denominado «Aspectos mínimos de control para prevenir y mitigar la ocurrencia de estafas informáticas en contra de los usuarios financieros», la Defensoría aprovechó esta oportunidad para hacer una solicitud de información a SUGEF, fundamentalmente en tres líneas. Uno, si esta nueva normativa se encuentra alineada con las recomendaciones emitidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en materia tanto de fraudes, estafas electrónicas y transacciones electrónicas no autorizadas, de modo que los habitantes tengan la certeza de que la legislación nuestra está acorde con los altos estándares en materia de tecnologías de la información por los entes supervisados por SUGEF. Lo otro también tiene que ver con el tema de la responsabilidad objetiva, que es un derecho de los consumidores financieros, derivado sobre todo de la aplicación de la ley 7.472 y que ha sido reconocida por la jurisprudencia de los tribunales de justicia. En este aspecto, es importante tener en cuenta que cuando suceden este tipo de delitos, la parte débil de la cadena son las personas afectadas y, lamentablemente, nos hemos encontrado con casos donde los bancos duran hasta 120 días hábiles para resolverle a la persona afectada», afirmó el funcionario de la Defensoría.
Por su parte, el abogado de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Ernesto Solano, se refirió a los plazos que tienen las entidades para responder a sus usuarios ante las estafas.
Según Solano, es necesario tener en cuenta que estas deben solicitar información a las empresas que emiten las tarjetas, lo que también toma tiempo.
«El tema de los plazos está establecido de conformidad con una serie de disposiciones normativas. Propiamente el artículo 25 del Reglamento del sistema de tarjetas de pago establece que los emisores nacionales van a tener 45 días hábiles contados desde la fecha de la presentación del reclamo para efectuar la investigación y responderle al reclamante, es decir, al tarjetahabiente. Entonces, vamos a tener ahí un plazo de 45 días hábiles para que las entidades que emiten tarjetas de pago, llámese crédito o débito, puedan hacer investigaciones con respecto a temas de fraudes o estafas. Por otro lado, también tenemos el artículo 32 del Reglamento de tarjetas de crédito y débito, que es un reglamento que generó el Ministerio de Economía, que establece un plazo de hasta 120 días naturales contados a partir de la recepción de la impugnación cuando se trate de transacciones internacionales. Entonces, como podemos observar, ya tenemos normas que hablan propiamente sobre estos plazos que deben de tener las entidades financieras para responder y uno esperaría que no sobrepasen las entidades financieras estos plazos», detalló Solano.
Finalmente, la representante del movimiento Gente Estafada en los Bancos de Costa Rica, Carmen Rojas, lamentó que los plazos son extensos y que, en la experiencia del grupo, las resoluciones de las entidades terminan culpando a los clientes por la estafa sufrida.
«La realidad de las respuestas por demanda es, primero, que la respuesta es lenta, no tiene un plazo definido sino que los bancos contestan cuando quieren o cuando pueden. Lo otro es que no entendemos el porqué de las demoras de las respuestas porque no es que se dé un estudio de cada caso, sino que en todos los casos, sin excepción, es una respuesta machote, que es el mismo machote para todos los bancos y que siempre es lo mismo, que ‘la estafa se dio porque la víctima dio información sensible’. No importa si la víctima está durmiendo y no dio nada, no importa si la víctima se presentó en el banco mientras le hacían la estafa para decir que lo estaban estafando. No importa si estaba en un hospital y le estaban haciendo una cirugía. Es decir, en todos los casos la respuesta siempre es la misma: ‘usted es el culpable porque dio información sensible'», manifestó Rojas.
