Cuestionamientos apuntan a los traslados de privados de libertad a sistemas “semiabiertos” y asignación de tobilleras electrónicas a sospechosos de hechos graves.
El homicidio en Montes de Oca de Keylor Gamboa, de 19 años, avivó la polémica con respecto a algunos beneficios que se conceden a personas que cumplen condenas o medidas cautelares.
El sospechoso de cometer el crimen es un hombre de apellido Zepeda, de 34 años, que tenía una sentencia por robo agravado. Se le autorizó estar bajo un régimen semi-institucional que le permitía salir a la calle y firmar una vez a la semana.
El fiscal general de la República, Carlo Israel Díaz, mostró su preocupación por este tipo de situaciones. Explicó que algunos privados de libertad, por disposición de autoridades penitenciarias, tienen la posibilidad de pasar a este régimen, distinto al carcelario, que les permite incluso salir mucho tiempo antes del que establecía la sanción impuesta.
“Dentro de las funciones que tiene el Ministerio Público en la fase de ejecución, está velar por las disposiciones de la sentencia y hemos detectado que, por parte de las autoridades penitenciarias, estas no se están ejecutando tal y como lo han ordenado los jueces y las juezas, sino que están liberando u otorgando una libertad anticipada de las personas”, dijo.
Díaz argumentó que hay efectos negativos cuando las sentencias no se cumplen en los términos establecidos por los Tribunales o jueces.
“La consecuencia de que las sentencias no se ejecuten tal y como se han ordenado es que las personas sentenciadas prácticamente se encuentran en libertad, no cumplen con el plan de atención técnica profesional que se les debe diseñar en los sistemas penitenciarios, pueden reincidir en delitos, eso incluso ya lo hemos detectado; o puede que ni siquiera hayan ingresado al sistema penitenciario”, añadió.
El fiscal general aseguró que se han detectado casos, que calificó como graves, en los que se permitió a privados de libertad descontar penas fuera de las cárceles.
“Recuerdo un caso de diez años de prisión por un delito económico y lo que estuvieron en prisión fue aproximadamente tres meses; no se diseñó ningún plan de atención técnica y ya la persona goza de libertad. Hemos detectado otros casos en donde debiendo estar en prisión han cometido delitos graves como homicidios dobles incluso. A una persona se le ha negado en tres oportunidades la libertad condicional por parte de los jueces y pese a esta negativa, Adaptación Social ha otorgado la ubicación en el nivel semiinstitucional lo cual implica la libertad de esta persona”, recalcó.
El jerarca del Ministerio Público, antes de asumir el puesto, se desempeñaba como fiscal adjunto de la Fiscalía de Ejecución de la Pena.
Presentó una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que permite a las autoridades penitenciarias trasladar personas sentenciadas hacia el régimen “semiabierto”, sin tener el aval de un juez.
Monitoreo electrónico con tobilleras
El Ministerio de Seguridad se sumó a las inconformidades por los llamados beneficios para personas vinculadas a procesos judiciales.
Las críticas se enfocan a la asignación de monitoreo electrónico, como medida cautelar, a personas investigadas por delitos graves y con alto riesgo de reincidencia. En este tipo de casos, el uso de tobillera lo definen autoridades judiciales y no las penitenciarias.
El director de la Fuerza Pública y viceministro de Seguridad, Daniel Calderón, asegura que la Policía cumple con su labor de detener a sospechosos pero que les sorprende cómo en el Poder Judicial les asignan la tobillera incluso sin restricción de movimiento.
En una reciente entrevista con Noticias Columbia, Calderón se refirió a este problema como uno de los factores que impide bajar la cantidad de homicidios y otros hechos violentos.
“Hay un tercer componente que es la forma en que desde el ámbito judicial, con las herramientas que se disponen actualmente, sin violentar derechos, si se tomaran medidas más drásticas con los delitos que nos están generando el aumento en la violencia. Estamos hablando de portación ilegal de armas de fuego, homicidios, tentativas de homicidio y personas vinculadas al narcotráfico. Ya nosotros lo habíamos venido diciendo, no es posible que más del 40% de las personas que están en libertad, sujetas a monitoreo electrónico, estén vinculadas a esos delitos que son los que están disparando la violencia”, expresó.
El director de la Fuerza Pública citó como ejemplo el caso del homicidio del joven Marco Calzada en San José, donde dos de los sospechosos, que aún no han sido juzgados, actualmente usan tobillera.
“No es posible que personas que ya han sido detenidas una y otra vez, como pasó con las personas que se procesaron y que Policía Judicial detiene después de la investigación, ya estén en libertad. Recordemos, que lo denunciamos nosotros en ese momento, esas personas habían sido detenidas en el último mes, en dos ocasiones, por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego”, explicó.
El jefe policial aseguró que estos casos ejemplifican la dificultad que hay para sacar de las calles a personas peligrosas.
Considera que algunos hechos ameritan medidas cautelares más rigurosas que las que se imponen actualmente. Indicó que hay casos de uso de tobillera pero sin restricción de movimiento, en los que la persona puede salir del domicilio.
“Y si usted revisa los datos de la cantidad de personas que ha detenido la Policía, vinculadas a esos delitos, empieza a encontrar las respuestas de por qué no se ha logrado quebrar esa tendencia. Se está logrando hacer el trabajo policial, se detienen, pero no es suficiente porque se requieren medidas más drásticas; que las personas que realmente representan un peligro para la sociedad porque están procesadas con suficientes elementos de prueba a este tipo de delitos, no deberían estar en libertad o deberían tener restricciones más fuertes que las que no estamos encontrando“, recalcó.
¿Qué dice Justicia?
Unos días antes de que ocurriera el homicidio del muchacho de 19 años, Noticias Columbia había consultado al ministro de Justicia, Gerald Campos, por los casos de las personas privadas de libertad que pasan a regímenes más abiertos o semi-institucionales que les permiten salir.
En una entrevista de balance del año 2022, se tocó el tema de la falta de espacios en las cárceles y fue cuando el jerarca habló de la posibilidad de que haya más traslados de personas a este tipo de sistema para desahogar los centros penales. Aseguró que sería únicamente para casos calificados y bajo estudios muy rigurosos.
Subrayó que esto no tiene nada que ver con el monitoreo electrónico pues las tobilleras son medidas que fija el Poder Judicial y no el Ministerio de Justicia.
“Una etapa más abierta, donde la persona pueda tener un cumplimiento de ejecución condicional fuera del centro penitenciario pero que sea merecedora de eso. Se requieren estudios psicológicos, sociológicos y desde el punto de vista criminal para ver el delito, su comportamiento y ver si verdaderamente esta persona puede salir y no va a generar un impacto negativo en la comunidad”, manifestó.
“Situación distinta es el monitoreo electrónico donde es una decisión que toma un juez de la República para una persona que tiene un asunto pendiente con los Tribunales de Justicia, indistintamente del delito se está dando y muchos de estos los hemos encontrado cometiendo nuevamente hechos delictivos”, puntualizó.
El Ministro afirmó que le preocupa que un alto número de personas con tobilleras son investigadas por hechos de drogas o crimen organizado. Por eso, pide al Poder Judicial que se haga un perfil criminal antes de otorgar ese beneficio para definir a quién se le puede dar y a quién no.
“Y por eso encontramos que casi un 80% de personas que tienen este beneficio, son delitos relacionados con narcotráfico o crimen organizado y esa situación nos preocupa”, destacó Campos.
En cuanto a las decisiones que tomaría Justicia sobre el traslado de personas al régimen semi-institucional insistió en que los casos se revisarán minuciosamente.
“Con el trabajo que queremos hacer para poder ir avanzando en la ejecución de las penas que involucran los privados de libertad e ir pasándolas a etapas no tan cerradas pero de acuerdo al perfilado. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Criminología en un perfilado de cada una de las personas para ver cuáles pueden ir avanzando y reintegrándose. También estamos hablando con otros colegas… nos interesan posibilidades de estudio, de trabajo, dentro y fuera del sistema penitenciario. Hay población que está en ejecución condicional y no encuentra lugares de trabajo y tienen que mantenerse y mantener a su familia”; concluyó.
