Pese a que fue aprobada en primer debate en mayo no ha tenido mayor trámite, y está a las puertas de un importante vencimiento de plazo.
¿Qué ha sucedido con el proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”?
La iniciativa (exp. 23.414), presentada por el gobierno en octubre del 2022, propone la creación de una institución autónoma denominada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) y abre la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda participar en el Sistema Eléctrico Nacional.
Estas disposiciones han provocado debate en torno a las tarifas, el servicio y las competencias que tendrían instituciones como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El proyecto se discutió en la Comisión Especial del Sector Energético, donde enfrentó más de 700 mociones, y estuvo paralizado entre octubre del 2025 y mayo anterior, cuando fue incluido por el gobierno en sus convocatorias y aprobado en primer debate con los votos del oficialismo.
¿Qué ha sucedido desde ese 26 de mayo?
La propuesta se ha mantenido sin mayor trámite, pasando únicamente por ajustes de redacción la semana anterior, pero a la espera de que se coloque en agenda para su segundo debate.
Además, el próximo lunes vence su plazo cuatrienal, o su vigencia en la corriente legislativa, por lo que debe atenderse prontamente.
Según indicó el subjefe de la fracción de Pueblo Soberano, Juan Manuel Quesada, se buscará la ampliación de su plazo para que el proyecto no se archive, mientras dialogan con las otras bancadas.
“El plazo que tenemos para que el proyecto de armonización eléctrica sea ley de la República vence este próximo 21 de octubre, hemos tenido un acercamiento con la fracción del Partido Liberación Nacional para hablar de este proyecto y en general del fortalecimiento del sector eléctrico y las instituciones que están involucradas, en ese contexto y con el fin de que el expediente de armonización no se archive, vamos a aprobar una ampliación del plazo con el objetivo de que en las próximas semanas podamos tener resultados favorables, aún mantenemos ese diálogo con la fracción del Partido Liberación Nacional, importante mencionar que ese diálogo se está llevando de una manera muy constructiva por parte de ambas fracciones y es así entonces que, como el proceso de diálogo no ha finalizado, no quisiera adelantar ningún criterio sobre el detalle de las propuestas de acuerdo que tenemos en este momento sobre la mesa, aunque lo que sí podría decirles es que de nuestra parte estamos muy muy interesados en llevar a buen puerto este tema”, expresó Quesada.
Sin votos: oposición al proyecto de ley
Según la normativa costarricense y el análisis del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la propuesta requiere 38 votos para ser aprobada.
Sin embargo, la fracción de Liberación Nacional se opuso al texto del gobierno y, en su lugar, presentó en setiembre cuatro proyectos de ley: la Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional (exp. 25781); la Ley para la modernización de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) (exp. 25.782); la Ley para la creación del Fondo Nacional de Solidaridad del Servicio de Electricidad (FONASSEL) (exp. 25.783); y la reforma a la Ley 7789 para la transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (exp. 25.784).
Según explicó el diputado Salvador Padilla, las iniciativas buscan fortalecer la capacidad del país para asegurar un servicio eléctrico continuo, confiable, sostenible y al menor costo posible.
“Lo primero es evitar racionamientos eléctricos, proteger a los consumidores reduciendo los costos, esa es una de las máximas, modernizar por supuesto el sistema eléctrico nacional, adaptarlo a los nuevos tiempos, hacer un país más competitivo y sostenible y, por supuesto, todo esto sin eliminar la solidaridad del sistema”, indicó.
La fracción del Frente Amplio también se opone al proyecto, razón por la cual presentó dos alternativas a inicios de este mes de octubre.
Se trata de una reforma constitucional para reconocer la electricidad como derecho humano, y una propuesta de ley para evitar las denominadas “puertas giratorias” en el ICE.
“El primero es una reforma al artículo 50 de la Constitución Política para garantizar el derecho humano a la electricidad; en este momento las personas utilizan la electricidad para todo, para cocinar, para lavar, para estudiar, para trabajar, hay personas que depende su vida de la electricidad y queremos garantizar esto, independientemente de lo que suceda con el futuro eléctrico de Costa Rica, queremos garantizar que a la gente no le falte la luz”, explicó la diputada Sigrid Segura.
“Además, hemos presentado el expediente 25.820 para evitar las puertas giratorias en el Consejo Directivo del ICE, ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Particularmente evitar esas puertas giratorias y que los intereses privados y de sectores que se benefician del mercado del Sistema Eléctrico Nacional tomen las decisiones que deben ser técnicas en el Consejo Directivo del ICE, queremos prevenir esos conflictos de interés y justamente que prive el criterio técnico y el interés público como siempre se ha manejado bajo el sistema solidario de nuestro sistema eléctrico nacional”, agregó la diputada Joselyn Sáenz.
Fuera de la Asamblea Legislativa la propuesta también provoca debate entre sectores.
Cámaras empresariales, por ejemplo, respaldan la propuesta y piden su aprobación, mientras que sectores sociales y academia consideran que la iniciativa podría tener consecuencias negativas para los usuarios de la electricidad.
