Un 13 de mayo del 2024, Conassif confirmó el inició de una intervención a la cooperativa. ¿Cómo está la situación 365 días después?
«Los procesos de supervisión sobre esta cooperativa han evidenciado falta de precisión, consistencia e integridad en su información financiera, así como una deficiente administración, lo cual pone en riesgo su seguridad y solvencia. Esto obliga a intervenirla, con el fin de actuar en la protección de los intereses de sus ahorrantes e inversionistas, así como para proteger la estabilidad, solidez y el buen funcionamiento del sistema financiero».
De esa manera anunciaba la entonces presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), Laura Suárez, la decisión de intervenir CS Ahorro y Crédito, conocida popularmente como Coopeservidores, hace un año, el 13 de mayo del 2024.
En medio de una gran incertidumbre, miles de asociados de la cooperativa se enfrentaron a la retención de sus ahorros y al congelamiento de sus cuentas.
Hoy, un año después, quedan una serie de lecciones aprendidas de este proceso de intervención y resolución.
Según el profesor de la Maestría de Riesgos de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, Vidal Villalobos, se destaca la manera en que se reintegraron parte de los recursos a los afectados, los cuales se espera que aumenten en los próximos meses.
«Fue un proceso absolutamente doloroso para todos los inversionistas y las familias que habían puesto recursos confiando en que el sistema estaba salvaguardando los intereses de los inversionistas, revisando constantemente la calidad del emisor y todo parece indicar que eso no era del todo cierto. La ley 9.816 trajo también una serie de mecanismos que permitieron, de alguna manera, ordenar y acelerar el proceso de recuperación de recursos, que comparado con otros procesos, al menos da un marco de referencia y esperanzas para los inversionistas. A la fecha, ya se han recuperado para los grandes inversionistas cerca del 50% de las inversiones y se espera que en este mes un banco importante anuncie que compra una parte de la cartera de crédito que había quedado pendiente, pero que también con recursos que el interventor ha logrado captar por la venta de activos se pueda mejorar la recuperación. Esperamos que, en el mejor de los casos, ese 50% de recuperación pueda llegar a un 65% a un 70%. No podemos pasarnos de la fecha límite, que es el 21 de junio, porque en caso contrario ya entraría en resolución judicial y la recuperación de los recursos sería más difícil», explicó Villalobos.
Si bien el proceso y las herramientas de la Ley 9.816 mejoraron la recuperación de recursos, con respecto a otros procesos de intervención, hay elementos por fortalecer, según el experto.
«Por ejemplo, hay que mejorar en alertas tempranas para evitar deterioros de los activos y que las autoridades puedan intervenir más oportuna y rápidamente. De igual manera, para evitar generar demasiada presión, demasiada atención a los inversionistas, crear mecanismos adecuados para mejorar la comunicación con las personas afectadas», detalló el profesor universitario.
Para el líder del movimiento de afectados de la cooperativa LuchaCS, Luis Marín, es importante recordar que los problemas no fueron solo económicos, sino también humanos.
Según el representante de estos asociados, ha habido un manejo poco transparente por parte de la administración del proceso de resolución.
«Hoy, se cumple definitivamente este año de esta debacle y denunciamos graves fallas en la supervisión, como lo hemos manifestado desde un principio. No actuaron a tiempo, a pesar de las advertencias que habían sobre las concentraciones de riesgos en la cartera de créditos de la cooperativa. Criticamos severamente la opacidad en el manejo de los activos. El señor resolutor debió haber conformado un vehículo de propósito especial para hacer las negociaciones que ha hecho y eso lo criticamos severamente. El grupo exige acceso a la información financiera, no está al día, no está actualizada, las negociaciones que se han hecho con el banco bueno, donde se entregaron grandes cantidades de dinero, alrededor de más de 47.000 millones de colones en garantía, en respaldos que no sabemos las condiciones con que se dieron esos descuentos», manifestó el líder del movimiento LuchaCS.
Marín hizo un llamado a los afectados por la intervención a la cooperativa a formar parte del movimiento, poniéndose en contacto al teléfono 7140-3929.
