Preocupado por la situación, el director del OIJ planteó que se excluyan algunas profesiones de la Ley de Empleo Público.
En su sesión de este lunes 15 de enero, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia encargaron que se realice un informe sobre la política salarial de la institución y la situación de los funcionarios en ese campo.
Los magistrados indicaron que el informe tiene como finalidad “idear acciones y estrategias para afrontar la fuga de cerebros”, en referencia a la constante salida de talento humano de este Poder de la República por diversas razones.
La Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público del Poder Judicial será la encargada de hacer el análisis y presentar los resultados.
La Corte alega que el tema de la “fuga de cerebros”, se volvió a poner sobre la mesa tras la renuncia de odontólogo forense, José Manuel Fernández, quien laboraba para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La semana pasada, Fernández envió una carta al Consejo Superior del Poder Judicial en la cual se refirió a la problemática de los salarios como consecuencia de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público.
El especialista dijo que, a pesar de si experiencia y preparación académica, su salario era bajo en comparación con lo que se paga en otras instituciones, al punto que podría conseguirse trabajando como conductor de una plataforma tecnológica de transporte.
Entre el 2018 y el 2023, según datos de la Dirección de Gestión Humana, se registraron un total de 834 renuncias.
Planteamiento
A inicios de enero, el director del OIJ, Randall Zúñiga, dijo que en un período de cuatro años, se han ido más de 250 investigadores. Las salidas incluyen personas en el área de Medicina Forense, laboratorios e Informática.
El jefe policial explicó que entre las razones que hay para la renuncia de los funcionarios está el salario que no es competitivo o atractivo.
Por esta razón, planteó la posibilidad de que algunas profesiones se excluyan de la Ley de Empleo Público, de manera que se pueda pagar sueldos comparables con el sector privado.
“Este Estado no se puede quedar con personas que o no tengan de pronto toda la competencia laboral técnica para laborar en un puesto o que se les paga muy por debajo de lo que les paga cualquier otra empresa privada del país”, comentó.
“Es difícil ahora poder reclutar un informático; antes nos sobraba las posibilidades de personas informáticas que querían trabajar en el Poder Judicial, en el OIJ, ahora difícilmente alguien quiere venir acá a trabajar en estas áreas”, añadió.
Zúñiga también mencionó renuncias de médicos psiquiatras. De 12 que había antes, ahora solo quedan dos.
