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Afectados de Coopeservidores demandarán al Estado por ‘mala supervisión’

by David Perez

Este jueves, el Banco Popular procedió con los depósitos a ahorrantes que contaban 6 millones de colones o más en Coopeservidores.

El Banco Popular depositó los fondos a los inversionistas afectados de Coopeservidores que tenían 6 millones de colones o más en la entidad financiera al momento de la intervención.

En total, se pagaron más de 230.000 millones de colones a cerca de 5.500 personas físicas y jurídicas que habían quedado a la espera de su dinero, luego de que en setiembre se depositara al resto de afectados con menos de 6 millones de colones.

La gerente general del Banco Popular, Gina Carvajal, indicó que atenderán las consultas correspondientes y ofrecerán apoyo para gestionar los recursos de manera eficiente.

«El Banco Popular procedió con la devolución de los recursos de los clientes e inversionistas provenientes de Coopeservidores. De esta manera, el banco depositó 234.000 millones de colones en las 5.500 cuentas y también 18 millones de dólares de quienes tenían monedas extranjera. De esta forma, el banco confirma su solidez y su compromiso en este caso y damos por concluida la fase 3. Por supuesto que estamos, en el banco, para atender todas sus consultas con respecto a esta fase y, a partir de este momento, están las sucursales esperándolos para poder hacer las respectivas devoluciones», señaló Carvajal.

El recorte final para quienes tenían ahorros superiores a los 6 millones de colones fue de un 49.32% sobre el exceso de ese monto.

El representante de los inversionistas afectados, Antonio Barzuna, se mostró complacido con el trabajo realizado desde el Banco Popular; sin embargo, confirmó que procederán con una demanda en contra del Estado.

«Los inversionistas de Coopeservidores estamos agradecidos con el Banco Popular por toda esta transacción compleja. Apenas es el primer paso, el primer puente que acabamos de cruzar y todavía faltan tres o cuatro pasos adicionales en todo este proceso de resolución. Evidentemente, vamos a tener un porcentaje de pérdida al final de todo el proceso, que estaremos procediendo con una demanda contra el Estado costarricense, un contencioso administrativo que estaremos presentando un grupo importante de inversionistas para demandar al Estado por una mala supervisión. Tenemos todos los respaldos que nos demuestran que hubo problemas con la supervisión, que hay información desde el año 2016 en donde la cartera de crédito de la cooperativa ya estaba generando problemas y las autoridades de supervisión lo sabían. Así que, vamos para adelante, agradecidos con el Banco Popular, pero firmes en recuperar porcentajes adicionales de las inversiones», manifestó Barzuna.

El abogado experto en Derecho Procesal Civil, Kendall Ruiz, explicó que podrían haber elementos que sugieran una falta de supervisión adecuada por parte de las autoridades en el caso de Coopeservidores.

Ruiz agregó que, pese a iniciarse como un proceso contencioso administrativo, según las pruebas e indicios también podría presentarse una denuncia penal.

«En el caso de Coopeservidores podría entrarse a analizar la responsabilidad civil que podría tener el Estado ante la falta de control adecuado y la afectación que se dio, fruto del manejo de Coopeservidores para con los usuarios. En este caso, una entidad como Sugef y Conassif podría ser que ingresen a tener algún grado de incidencia y responsabilidad con respecto a la falta de supervisión o la falta de intervención oportuna y el perjuicio que, eventualmente, pudieron haber ocasionado a los usuarios. Entonces, según la Ley General de Administración pública, el Estado está en el deber de proteger a los administrados y prevenir estas acciones. Inclusive, desde hace varios años, ya se había dado algún algunas banderas rojas con respecto al comportamiento inusual de la cooperativa y esto podría ser un elemento que se tome en consideración para determinar responsabilidad. También, hay que revisar si es totalmente atribuible la responsabilidad a la Administración o bien si se indujo a error, de una u otra manera, con información que era brindada por parte de la misma cooperativa», detalló el abogado.

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