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Abogado sobre Coopeservidores: “Hay que revisar qué tan rigurosos son esos procesos de revisión”

by David Perez

Una serie de organizaciones presentó acciones legales por falta de información clara, veraz y oportuna de Coopeservidores.

Tanto SUGEF como CONASSIF han manifestado que esta entidad financiera brindó información falsa. Ante esto, y de previo a la resolución, ya hay organizaciones que han establecido medidas cautelares y procesos legales contra la cooperativa.

El abogado experto en Derecho Procesal y Comercial, Kendall Ruiz, calificó de muy grave “la actuación de Coopeservidores y las personas que viciaron la voluntad de sus clientes, induciendo a error con información falsa. No cumplieron con la normativa para defensa de consumidores financieros, que es brindar información clara, veraz y oportuna”.

Sobre la responsabilidad que podría tener la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (CONASSIF) por los cuestionamientos de su labor preventiva y auditora, ante un escenario en el que se vean afectadas personas a partir de la situación de la cooperativa, el especialista afirmó que aún debe analizarse su proceder.

“Como establece la Ley General de Administración Pública, la Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión. Tendrá que analizarse si fueron o no diligentes y si entra el eximente de responsabilidad, pero lo cierto es que, a la fecha, no hay organización que se haya salvado de una liquidación o resolución, lo que hace tener qué revisar que tan oportunos y rigurosos son esos procesos de revisión y gestión por parte de las autoridades reguladoras”, no me parece que se indique por parte de diversas autoridades y representantes de diversos grupos que la responsabilidad sea de inversores cuando los responsables sin dudas se evidencia que son otros”, señaló Ruiz.

El proceso de resolución tiene una extensión máxima de un año. En los próximos días se estarán fijando las medidas que se establecen, las cuales pueden ser impugnadas por quienes no estén de acuerdo con esos procesos.

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