Este lunes, varias personas fueron detenidas, por orden de la Fiscalía, durante las manifestaciones en Hatillo por el faltante de agua en la zona.
Las personas que fueron detenidas en las manifestaciones de Hatillo, por la falta de agua en la comunidad, se exponen a una pena de entre 10 y 30 días de prisión.
Según información del Ministerio de Seguridad Pública, fueron nueve detenidos, seis hombres y tres mujeres.
El delito por el cual podrían ser procesados corresponde con la obstrucción de vía pública, según explicó a Noticias Columbia el abogado penalista, Julio Córdoba.
“La Constitución Política establece, en el artículo 22, que tenemos un derecho humano al libre tránsito por el territorio de la República. Esto es algo que tiene que proteger, obviamente, el Estado con sus autoridades. En la situación que se vive el día de hoy (lunes), lo que se aplica es el artículo 263bis del Código Penal, que establece plena de 10 a 30 días de prisión a las personas que sin autorización bloquean las vías públicas. Esta situación es lamentable porque nadie debería bloquear la vía pública y, por una costumbre social, se ha utilizado este como un mecanismo de protesta predilecto”, detalló el abogado.
Según Córdoba, ante una situación como la vivida este lunes con los bloqueos, es obligación de las autoridades correspondientes permitir el libre tránsito de las personas en el sector.
“Lamentablemente, hay un grupo de personas que tienen una necesidad válida y necesaria que es la del agua, no encuentran una forma para comunicarla y ser escuchada por las autoridades y toman la carretera. Sin embargo, tomar la carretera, al impedir el libre tránsito, están vengándose contra los demás ciudadanos que no hemos generado la situación. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Aplicar la ley. ¿Qué es aplicar la ley? Levantar el bloqueo y las personas que corresponden deben ser arrestadas. En ese sentido, es lamentable lo ocurrido y uno esperaría que se abran espacios de diálogo para que esa situación sea atendida y que la situación que de fondo hay, de salud pública, al no tener agua, sea resuelta lo más pronto posible”, agregó Córdoba.
Por su parte, el también abogado penalista, Dennis Solano, explicó que, además de la obstrucción de la vía pública, los manifestantes también suelen quedar expuestos a ser acusados del delito de resistencia a la autoridad.
“Las personas, eventualmente, se exponen a dos delitos, la resistencia cuando el oficial de Fuerza Pública le indica que abandonen el lugar. Esto tiene una pena de prisión, inclusive, hasta un máximo de tres años o bien la perturbación de un espacio público, que es una contravención”, mencionó el especialista.
Finalmente, Solano añadió que este tipo de detenciones suelen presentarse en los procesos de expropiación.
“Frente a este tipo de actuaciones, lo que le corresponde hacer a la Fiscalía es abrir el proceso penal en curso. Una vez identificadas las personas, si tienen un domicilio fijo, si tienen un arraigo y se sujetarán al proceso, estos quedarán en libertad. Han existido muchísimos casos en relación a lo que es obstaculizar la justicia u ordenes de fuerzas públicas. Por lo general, las zonas de expropiación es cuando mayor parte de las personas no están anuentes a retirarse de los lugares”, afirmó Solano.
