En conversación con Columbia, la viceministra de Transportes Sofía Fallas se refirió al subsidio para adultos mayores.
La viceministra de Transportes, Sofía Fallas, asegura que no se ha planteado eliminar ni modificar el subsidio de transporte público para las personas adultas mayores, sino analizar su financiamiento.
Este beneficio surgió en 1999 a partir de una reforma al artículo 33 de la Ley de Transporte Remunerado de Personas (Ley 3503), con el fin de proteger a los adultos mayores y garantizar su movilidad sin que el costo fuese un impedimento. Actualmente, los adultos mayores representan el 10% de los usuarios.
En conversación con Columbia, la viceministra de Transportes explicó que se trata de un “subsidio cruzado”, lo que significa que se costea con el resto de usuarios del transporte público.
Actualmente, el subsidio es total para rutas menores a 25 kilómetros; del 50% para rutas entre 25 y 50 kilómetros; y del 25% para rutas de más de 50 kilómetros.
Fallas insistió en que no se ha planteado eliminar ni modificar el subsidio, sino una discusión sobre cómo se financia.
“Actualmente no existe ninguna propuesta para una modificación y una eliminación del subsidio, yo quisiera que la ciudadanía esté tranquila, que los adultos mayores estén tranquilos, eso no va a suceder, lo que sí va a suceder es que necesitamos conversar sobre cómo garantizarles que tengan un sistema de transporte público de calidad, y esa sí es una discusión muy importante porque sí necesitamos hablar sobre la sostenibilidad del transporte público para garantizar que todos y todas tengamos buena cobertura, buena frecuencia y que de verdad tengamos un sistema que responda a las necesidades de movilidad de la población, toda la población, no solo los adultos mayores, sino toda la población”, expresó.
La jerarca indicó que impulsará mesas de trabajo entre todos los interesados, sobre todo usuarios, para abordar el tema.
Posteriormente, el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, comentó a Columbia que pidieron información tanto al Consejo de Transporte Público (CTP) como a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), de los cuales el CTP está pendiente de responder.
El defensor enfatizó en la necesidad de un estudio profundo del transporte público y la población adulta mayor.
“Se requiere de un análisis integral y no un análisis aislado sobre la existencia o no de un beneficio para una población que es vulnerable, para la población adulta mayor, que hace uso de este servicio principalmente para poder acceder a la atención, por ejemplo, médica o realizar algunas gestiones propias de su vida cotidiana, entonces para nosotros es importante conocer si se está trabajando en un análisis integral sobre las condiciones del transporte público, que tiene que ver desde el modelo tarifario, las condiciones en que se brinda el servicio, la continuidad o la periodicidad con que las rutas prestan este servicio para la población en general, pero bueno, de forma particular para la población adulta mayor, que es el tema que nos tiene en estos días en análisis”, comentó.
Por su parte, la trabajadora social Andrea Monge, gestora del Programa de Incidencia y Vigilancia de Derechos de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), comentó que debe considerarse a la población adulta mayor como un grupo heterogéneo, con personas en situación de pobreza y de pobreza extrema.
Según dijo, la aplicación del subsidio en el transporte público permite a estos ciudadanos alcanzar otros derechos.
“Esta exoneración lo que ha permitido es encadenar con otros derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, a asistir a una cita médica, poder participar en espacios de salud mental, a la participación creando redes, sabiendo que esto es un elemento fundamental para envejecer activamente, de aprendizaje a lo largo de la vida para poder buscar opciones de participación a nivel formal o no formal, entonces esta acción puntual ha sido una acción afirmativa que ha permitido y ha promovido estos procesos de envejecimiento activo; sin duda alguna, pensar en eliminar este subsidio es un retroceso que pueda derivar en que muchas de estas personas ya no puedan salir, movilizarse con la regularidad que lo hacían al no contar con estos recursos económicos”, indicó.
