Por primera vez en la historia, las presidencias de la República, la Corte, el Congreso y el Tribunal Supremo de Elecciones son simultáneamente de mujeres. Este viernes se reunieron.
Este viernes 20 de noviembre quedará marcado en la historia del país porque fue la primera ocasión en que se reunieron cuatro mujeres como jerarcas de los Supremos Poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El encuentro fue en el edificio de la Corte Suprema de Justicia en San José a las 10:00 a.m. Participaron Laura Fernández, presidenta de la República, Patricia Vargas, presidenta del Poder Judicial, Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa y Eugenia Zamora, presidenta del TSE.
Las jerarcas se encontraron en el ingreso principal y luego caminaron a la galería de arte que se ubica al costado sur para que la prensa pudiera realizar fotografías y tomas.
La reunión se desarrolló en uno de los salones del tercer piso. En una mesa redonda, pequeña, las cuatro se sentaron como quien llega a una cafetería a conversar. Luego de un breve acceso a los medios, comenzó la sesión de trabajo.

A las 12:20 p.m. las presidentas llegaron al salón de expresidentes de la Corte para dar declaraciones y atender consultas.
Las cuatro firmaron una declaración conjunta que incluye seis compromisos, a los cuales se dará seguimiento en febrero próximo en una reunión en la Asamblea Legislativa. Estas son partes del documento:


Proyectos de ley
La presidenta de la Corte, Patricia Vargas, expuso el interés en que se apruebe el proyecto de ley 24.913 que busca agilizar los procesos penales y reducir la mora judicial mediante reformas al Código Procesal Penal.
También pretende el impulso al proyecto 25.869: «Reforma a la Ley de Régimen Sancionador de Personas Servidoras e Integrantes de Listas de Suplentes, Elegibles y Meritorias del Poder Judicial.

Se acordó una mesa de trabajo para el impulso de audiencias judiciales virtuales. En ese aspecto, la presidenta Fernández dijo que le interesa que privados de libertad de alta peligrosidad (como los que están en el CACCO) no salgan de los centros penales para asistir a Tribunales, sino que puedan tener sus diligencias vía remota.
Sobre el presupuesto del 2027, Vargas dijo que el tema no se tocó porque estaba pendiente la resolución de la Sala Constitucional.
Solo unas horas después, los magistrados dieron a conocer el voto en el que encontraron vicios de procedimiento en el trámite del presupuesto. Ordenaron eliminar las disposiciones declaradas inconstitucionales que restringían el uso de ₡30.000 millones en el Poder Judicial y ₡8.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior.
«Coordinación no implica subordinación»
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, destacó el hecho histórico de que haya cuatro mujeres al frente de los Poderes y el TSE. “Merece un capítulo especial en la historia de nuestro país y espacios de participación activa entre nosotras”, dijo.
Jiménez resaltó que en la conversación quedó claro que se respeta la autonomía e independencia de cada institución.
«Nuestra constitución establece un diseño institucional donde existen poderes independientes, cada uno con sus competencias y facultades. La coordinación es necesaria y responde a un mandato constitucional», indicó.

«Coordinar no significa ningún tipo de subordinación, al contrario, significa estar del lado, una con la otra, coordinando en conjunto. Los costarricenses están esperando que cada institución cumpla con sus funciones, que respeten las competencias de cada una de las instituciones. El país necesita madurez política, necesita paz, que nos alejemos de instrumentalizar las diferencias», agregó.
La jerarca legislativa aseveró que están al pie del cañón en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Además, identificaron algunos proyectos de ley que se comprometió a impulsar.
«Diálogo franco, con las cartas en la mesa»
La presidenta de la República, Laura Fernández, se mostró satisfecha con la reunión y aseguró que se trató de una «jornada de diálogo franco, honesto, con todas las cartas sobre la mesa».
«Hemos demostrado por qué somos las presidentes de los Supremos Poderes de la República. Somos capaces de anteponer los intereses de Costa Rica por encima de cualquier otro interés. Es un momento de celebración para la igualdad y la equidad de género en Costa Rica», resaltó.
Con respecto a los compromisos que firmaron, Fernández dijo que será acuciosa en velar por su cumplimiento.
La mandataria explicó que llevó a la mesa de trabajo varios puntos de interés del Gobierno, la mayoría relacionados con seguridad ciudadana.

Acordaron un espacio para revisar asuntos relacionados con órdenes de captura de modo que se encuentre la forma de que las Policías del Poder Ejecutivo, como la Fuerza Pública, puedan acceder a la base de datos de personas requeridas por la justicia.
Actualmente los oficiales pueden hacer consultas una vez que abordan a una persona o la detienen, pero la intención es conocer de antemano quiénes cuentan con órdenes de captura para enfocar el trabajo. Las coordinaciones incluirán a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, pues se trata de información sensible.
Otro pedido de Fernández a la presidenta de la Corte es que se revise el tiempo que tarda la Fiscalía en validar las solicitudes de allanamientos de la Policía de Control de Drogas (PCD) pues muchas veces pasan semanas sin que la diligencia se pida ante un juez y ese es tiempo que ganan los delincuentes.
Otro punto clave para la presidenta es mejorar la gestión penitenciaria. El propósito es conciliar criterios con respecto a temas como los beneficios para privados de libertad.
Los jueces de ejecución de la pena pueden tomar decisiones con respecto a medidas como la libertad condicional, sin embargo, el Gobierno sostiene que muchas veces estos beneficios se dan a pesar de que hay un criterio negativo del Instituto Nacional de Criminología (INC), del Ministerio de Justicia.
Los dictámenes del INC no son vinculantes para los jueces, sino un isumo más entre una gran cantidad de consideraciones que toman en cuenta.
“Nos han preocupado algunos casos donde el Instituto Nacional de Criminología dice: ‘no lo saquen de la cárcel, es peligroso, está vinculado a una banda de crimen organizado’… lamentablemente se le dio algún tipo de medida, la persona sale de prisión y por ejemplo, la masacre que vimos en un gimnasio en Cartago, hace pocos meses, fue de un sujeto que tenía que estar tras las rejas y estaba afuera», citó.
Finalmente, la mandataria habló de la necesidad de modernizar y blindar el sistema de financimiento de partidos políticos pues considera que hay vacíos.
«Actualmente basta con que una persona presente su cédula y tenga una cuenta en el banco para hacerse con certificados de deuda o hacer una donación a un partido«, comentó.
“Ningún partido político, por limpio que sea, tiene como saber si un sujeto que va al banco a invertir en estos fondos tiene o no causas penales abiertas, está vinculado a una organización criminal, no hay ninguna forma de que un partido político pueda saber esas cosas y eso es una preocupación y un inmenso riesgo», subrayó.
La presidenta de la Asamblea Legislativa propuso a la presidenta del TSE trabajar en el tema pues implicaría reformas al Código Electoral.
La fotografía no es lo único que importa
Eugenia Zamora, jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones hizo énfasis en la importancia de que cuatro mujeres ostenten los cargos más altos de la institucionalidad costarricense, pero pidió que no se olvide el camino recorrido y las luchas que se dieron para llegar hasta ese punto.
«La fotografía (de las cuatro juntas) importa, pero no es lo que más importa. Lo más importante de que las mujeres lleguemos a puestos de liderazgo institucional es que este acceso se traduzca en políticas públicas que hagan efectiva la igualdad entre hombres y mujeres», expresó.
«El desafío no es solamente llegar a los puestos… esta foto cambiará, tarde o temprano. Si no que esa presencia se refleje en el rumbo que le imprimamos al Estado», adicionó.

En cuanto a la mesa de trabajo, informó a las demás presidentas el cronograma electoral para los comicios municipales del 2028 que inicia el próximo 5 de diciembre.
En esas elecciones se estarán designando 6.200 cargos con aproximadamente 45.000 candidaturas. A la fecha 160 partidos políticos pero hasta agosto del 2027 se sabrá cuáles podrán participar.
El TSE tendrá la fiscalización de 4.300 asambleas partidarias de renovación de estructuras y elección de candidaturas.
El 5 de diciembre del 2026 se da el congelamiento de la división territorial administrativa y el 5 de febrero del 2027, vence la solicitud de inscripción para nuevas agrupaciones políticas.
Zamora destacó que es de interés el combate a las diferentes manifestaciones del crimen organizado, no solo por la participación de la Fuerza Pública en el resguardo del proceso electoral venidero, sino por temas de financiamiento partidario.





