La resolución afecta medidas relacionadas con casi ₡30.000 millones del Poder Judicial y un recorte de ₡8.048 millones al financiamiento universitario.
La Sala Constitucional declaró inconstitucionales disposiciones aprobadas por los diputados en el presupuesto nacional de 2027, relacionadas con los recursos del Poder Judicial y el financiamiento de las universidades públicas.
En el caso del Poder Judicial, los legisladores habían aprobado normas que restringían el uso de casi ₡30.000 millones de su presupuesto.
Estas restricciones establecían condiciones para utilizar determinados recursos, trasladar dinero entre partidas y ocupar plazas vacantes.
Sin embargo, la Sala IV determinó que los diputados no respetaron los procedimientos establecidos en la Constitución para aprobar medidas que afectan el funcionamiento del Poder Judicial.
Por otra parte, los magistrados también declararon inconstitucional una moción que recortaba ₡8.048 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), destinado a financiar las universidades públicas.
Los diputados habían decidido trasladar esos ₡8.048 millones a otra partida del Ministerio de Educación Pública, pero la Sala concluyó que el cambio no respetó el procedimiento constitucional para modificar el financiamiento universitario.
La resolución no significa que todos los recortes presupuestarios sean inconstitucionales. Los magistrados señalaron errores en la forma en que se aprobaron estas medidas, sin entrar a conocer el fondo de los expedientes.
Ahora, la Asamblea Legislativa deberá eliminar las disposiciones señaladas y realizar los ajustes correspondientes antes de aprobar definitivamente el presupuesto nacional de 2027, cuyo plazo vence el próximo 30 de noviembre.
Reacción desde el Poder Judicial
Desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) celebraron la disposición de la Sala Constitucional. Según su jerarca, Michael Soto, esto les permitirá operar durante el próximo año y luchar por mejorar la seguridad en el país.
«Es muy importante para nosotros, lo recibimos con complacencia debido a que teníamos una alta preocupación sobre cómo íbamos a operar en el año 2027. Aquí es importante indicar que no es más recursos, sino que se nos va a permitir utilizar el recurso y utilizar también las plazas vacantes para el año 2027.
Esto también debe ser un motivo de alegría importante para la ciudadanía, porque vamos a poder seguir trabajando, vamos a poder seguir permitiendo el acceso a la justicia a los ciudadanos, especialmente las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, lo recibimos con regocijo, con alegría, siempre con el compromiso de trabajar por mejorar la seguridad del país en momentos tan complicados», manifestó el jefe de la Policía Judicial.
Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas, afirmó que la resolución confirma las advertencias que han realizado ante la opinión pública, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.
«En la reunión de este viernes de supremos poderes, hubo un compromiso expreso a respetar lo que el tribunal resolviera. Así lo haremos y confiamos en que los demás poderes también lo hagan. Es importante que la ciudadanía tenga claros tres puntos. Primero, el Poder Judicial no está pidiendo más dinero ni un aumento en su presupuesto. Lo que hemos solicitado es poder disponer oportunamente de los recursos que ya fueron aprobados para cumplir con nuestras responsabilidades y garantizar los servicios de justicia que necesita el país. Segundo, la rendición de cuentas no está en discusión.
Rendir cuentas es parte de nuestro trabajo y una obligación con la ciudadanía. Lo hacemos y seguiremos haciéndolo. Además, estamos impulsando mecanismos para que esa rendición de cuentas tenga mayor alcance y esté cada vez más cerca de las personas. Tercero, los casi ₡30.000 millones que se bloqueaban con estas normas de ejecución son indispensables para sostener los servicios de justicia, atender las necesidades de la población y fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Costa Rica necesita de un sistema de justicia fuerte e independiente. Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando, escuchando y mejorando siempre al servicio de las personas», añadió Vargas.
CONARE también celebra disposición
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) también se pronunció luego de la sentencia de la Sala Constitucional.
Desde la institución académica pidieron a la Asamblea Legislativa respetar la disposición y no restringir nuevamente los recursos.
«Para el CONARE, lo resuelto pone de manifiesto la importancia de que las decisiones legislativas relacionadas con el financiamiento de la educación superior universitaria estatal se adopten con apego a las disposiciones constitucionales y a los procedimientos que regulan esta materia. Los recursos objeto de la moción corresponden a ₡8.048 millones cuyo reintegro había sido acordado entre el Poder Ejecutivo y las universidades estatales en el marco de la Comisión de Enlace. Su destino está vinculado con compromisos de inversión de las universidades públicas, por lo que su incorporación presupuestaria es relevante para la planificación y el desarrollo de sus funciones», señalaron a través de un comunicado.





