Mayoría de costarricenses consideran que el Legislativo, Ejecutivo y Judicial son los responsables de inseguridad en el país.
Los costarricenses consideran que la culpa de la crisis de inseguridad que atraviesa el país es de los tres poderes de la República: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Así respondieron los ticos en la encuesta de Enfoques Investigaciones MP, en la cual un 17% responsabilizó a las tres instituciones.
Mientras tanto, un 15% consideró que es culpa de los diputados, un 14% señaló al presidente y el Poder Ejecutivo y un 11% al Poder Judicial.
El analista y experto en datos, Mario Quirós, explicó a qué se debe esta repartición de responsabilidades por parte de los costarricenses.
«Definitivamente, los mensajes cruzados entre los poderes del Estado tienen que tener un efecto en la percepción ciudadana, porque cuando cada institución está señalando a la otra como responsable, la gente termina concluyendo que todos tienen la culpa. Eso definitivamente ha jugado un factor, pero creo que también eso lo que ha hecho es reforzar una lógica más profunda de la gente y que explican en mayor medida estos resultados. Yo creo que la gente ha visto a lo largo del tiempo que sin importar quién esté en el poder o desde qué institución se actúe, el Estado no ha logrado darle soluciones en materia de seguridad.
Esta experiencia acumulada, por decirlo de alguna manera, transmite la idea de que la responsabilidad no es de un actor aislado, sino compartida entre los tres poderes. La encuesta refleja tanto el efecto inmediato de los discursos políticos como una evolución crítica sobre la incapacidad estructural del Estado en su conjunto y como un todo para responder a una de las principales demandas y preocupaciones de la población», detalló Quirós.
El secretario general del Sindicato de la Defensa Pública, Hugo Solís, se refirió a esta repartición de culpas de los costarricenses.
Según el líder sindical, parte de los señalamientos que se hacen al Poder Judicial surgen luego de que otros actores políticos y sociales realicen críticas.
«Creo que, en síntesis, de las conclusiones más relevantes que nos deja esta encuesta, es el hecho de que las personas tienen una percepción de que el tema seguridad es un tema país que incumbe efectivamente a los tres poderes de la República en sus diferentes responsabilidades, tanto el Ejecutivo a través de la ejecución de las acciones necesarias para cumplir las normas, del Legislativo en la producción de las mismas, pero también en el Poder Judicial a través de la labor a posteriori. Es una labor que tiene que ver más que con seguridad, con justicia. Así lo entienden las personas, tanto así que el Poder Judicial es desde el punto de vista de la encuesta y en sus resultados el que menos responsabilidad tiene.
Sí hay que tener claro que la percepción que tienen las personas sobre el tema seguridad y la responsabilidad que le asignan al Poder Judicial pasa mucho por el tamiz del análisis que hacen los demás actores, tanto políticos como mediáticos de las decisiones que toman muchas veces los jueces. Aquí es un tema que es fundamental y que hay que analizar con lupa y con lujo de detalle y es que las decisiones de los jueces en el Poder Judicial tienen una independencia y esa independencia tiene que respetarse porque ellos están sometidos única y exclusivamente a las leyes y a la Constitución. No están netamente influidos por los temas políticos y de políticas de seguridad.
Desde esta perspectiva, el análisis tiene que fundamentarse más en la necesidad que tiene el Poder Judicial de muchísimos más recursos y de mejores instrumentos para la investigación, para que se puedan tomar de manera correcta las decisiones basados en los elementos probatorios contundentes y en las investigaciones que se pueden hacer con los mejores elementos para poder hacer justicia. Los jueces, desde esta perspectiva, simple y sencillamente toman decisiones a partir de lo que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, siguiendo la dirección funcional de la Fiscalía, llevan a los procesos», afirmó Solís.
Para el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, el problema de la inseguridad no es culpa de la Fuerza Pública, según la propia encuesta.
El jerarca defendió la labor que ha realizado la Policía en los últimos meses y señaló al Poder Judicial por ‘dejar libre’ a quienes son detenidos.
«El señalamiento de los tres poderes de la República viene dado por el reconocimiento del hecho de que la Policía actúa, pero depende de la ley que corresponde, la adecuación y modernización de la legislación, a la Asamblea Legislativa y su aplicación al Poder Judicial. Creo que el elemento más importante es que la gente reconoce que no es un problema de la Policía. Esa misma encuesta señala que no es responsabilidad de la Policía, las policías adscritas al Ministerio de Seguridad Pública, dado que la Policía está haciendo su trabajo y se emplea a fondo.
Prueba de ello es que el año tras anterior hicimos 110.000 aprehensiones, el año anterior 120.000 aprehensiones en el primer semestre del año y en este primer semestre del 2025 llevamos 140.000 aprehensiones. Es decir, la Policía está trabajando más, de forma más intensa, con más frecuencia operativa y, sin embargo, muchos de los delincuentes que detenemos todos los días, lamentablemente vuelven a quedar sueltos el mismo día o al día siguiente y vuelven a cometer sus fechorías. La gente reconoce que no es un problema de la Policía, sino también este de la conjunción que establece nuestro estado de derecho entre los tres poderes de la República», afirmó Zamora.
Por su parte, el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) y miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gilberto Campos, cuestionó los datos de la encuesta sobre la responsabilidad que tienen los poderes, como la Asamblea Legislativa, en la crisis de inseguridad.
«En primera instancia, el estudio es omiso en evaluar el impacto de la comunicación violenta que tiene la Casa Presidencial y específicamente el presidente sobre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Entonces, es difícil poder determinar si los datos son realmente contundentes. Yo pondría en entredicho la fidelidad de los datos, toda vez que no mide el impacto de este estilo de bombardeo mediático en el cual ha tenido el presidente del país durante más de 3 años ya.
En segundo lugar, hay que tomar en consideración que, si bien es cierto, las variables que son incorporadas dentro de este estudio son lugares comunes para lo que ocurre en el país, no profundiza de manera significativa en las razones ni en las causas. Entonces, es difícil poder hacer una valoración con mucha más profundidad desde el punto de vista de la ciencia política, sobre este tipo de percepción.
En última instancia, uno podría valorar que los análisis o los criterios que han sido tomados en consideración para la formulación de estos datos se acercan mucho más bien a la retórica presidencial y entonces no es de sorprender que los resultados vayan a terminar siendo lo que se muestre», manifestó el legislador liberal.
