Fundación de la segunda república, en 1949, sugiere una serie de cambios en el orden público.
La presidenta electa, Laura Fernández, explicó “la tercera república” que quiere impulsar “se trata de una nueva etapa política para Costa Rica, que deja atrás el bipartidismo tradicional y retoma los cimientos construidos por la actual administración”.
“Será una república de diálogo, de paz y de tolerancia a la diferencia, pero también un espacio que nos permitirá reflexionar como democracia madura y modernizar el país, para que Costa Rica no se quede atrás frente a la región”, afirmó Fernández durante su primera conferencia de prensa luego de las elecciones.
¿Qué implica una “tercera república”?
Según detalló el historiador, Wilson Arroyo, es inevitable pensar en los eventos de la guerra de 1948 y la creación de la Constitución Política cuando se habla de la segunda república.
Pese a tener un carácter más simbólico que formal, Arroyo recordó que en dicho contexto hubo ataques a rivales políticos que incluso se promulgaron desde las instancias de poder.
«Hay que tener en cuenta que, en ese contexto, la utilización de esa terminología respondía a una estrategia política en la que se entendía cabalmente el valor de los símbolos para conformar un relato heroico, ya que se remitía a grandes rasgos y a transformaciones de otras latitudes, como fue el caso, por ejemplo, de la Segunda República Francesa surgida hacía 100 años, en 1848 o, por ejemplo, la Segunda República Española en la década de 1930.
Más allá del significado concreto que tiene en términos de las reformas a la Constitución Política y a las leyes, tiene una carga de carácter simbólico muy fuerte. También, hay que señalar que cuando hablamos de esa segunda república estamos haciendo referencia a un momento crítico de la vida nacional que tuvo un costo en vidas humanas y que estuvo mediado por el surgimiento de una junta militar, que toma decisiones que lamentablemente implicaron derivas autoritarias; como ha señalado la historiadora Mercedes Muñoz, en el paquete de decretos ley que se promovieron, se encontró, por ejemplo, la deslegalización de adversarios políticos o inclusive la declaración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia como un traidor a la patria.
En ese momento, se consideró que ese era el precio a pagar por reformas que se impulsaron y moldearon nuestro país hasta la actualidad, como es el caso de la nacionalización bancaria y la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, por señalar únicamente dos muy concretas de esa época», indicó Arroyo.
El historiador afirmó que, luego de la consolidación de la segunda república en 1948, han habido otros momentos en los cuales ha surgido la idea de realizar una “tercera”.
Arroyo mencionó que ha existido poca claridad acerca de las reformas que se buscan cuando se habla de establecer una “tercera república”.
«En 1998, por ejemplo, en el marco de los 50 años de ese evento histórico ya se mencionaba la necesidad de la refundación de una tercera república. También, en el gobierno de don Abel Pacheco, en el 2003, sectores sociales, sindicales y empresariales promovieron un diálogo con Presidencia que planteaba la necesidad de desarrollar una economía para buscar la distribución de la riqueza que, justamente, se llamó ‘Hacia la tercera república’.
En el contexto de la discusión del tratado de libre comercio con Estados Unidos, en el 2007 y posteriores, varios grupos intelectuales y políticos también hablaban de ideas que conducían a la idea de una nueva reforma constitucional. Ninguna de ellas, hasta el día de hoy, se ha concretado y mucho menos hay una claridad de qué tipo de reforma es la que se busca», añadió el experto.
El abogado constitucional, Marvin Carvajal, detalló parte de los cambios que hubo en el país al momento de instaurarse la Carta Magna del año 1949, momento en el cual se identifica a la creación de la segunda república.
«Los principales cambios que se consideran parte de esa segunda república son la limitación del Poder Ejecutivo para que sea más limitado en el ejercicio del poder, ya que el anterior Ejecutivo había abusado de su poder en diversas ocasiones. También, la creación de una serie de instancias que garantizaran el sufragio, que garantizaran la protección de los derechos de las personas, como el recurso de amparo, o que garantizaran el buen manejo de los fondos públicos, como la creación de la Contraloría General de la República o de la autoridad presupuestaria.
Todos estos cambios inmersos en un sistema económico mixto, tanto un sistema de mercado como un sistema con una visión social, dieron las condiciones para el desarrollo posterior del Estado y del país en lo que se denominó segunda república», señaló el abogado.
Finalmente, Carvajal afirmó que lo esperable sería que una “tercera república” pretenda conformar una sociedad más justa y competitiva.
«Si lo que se busca es eliminar los frenos y contrapesos, darle poderes monárquicos al presidente o presidenta de la República y eliminar esas garantías previstas en la Constitución, probablemente discreparemos de manera significativa. En todo caso, es normal pensar que un gobierno que va a iniciar con un mandato muy fuerte, una cantidad importante de personas electoras que además le han dado una mayoría significativa en la Asamblea Legislativa, quiera llegar a hacer reformas.
Además, esto no lo ocultó durante la campaña política, que pretendía hacer reformas y eso sería lo natural en un gobierno con esas características. El punto es que la magnitud de esas reformas debe fortalecer el Estado de derecho, debe fortalecer los derechos de las personas para lograr una sociedad obviamente más competitiva, pero también más justa y, si así lo es, en buena hora», agregó el constitucionalista.
