Para experto en riesgo, la propuesta puede no ser positiva debido a un posible conflicto de interés político.
La jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, pidió a los diputados que aprueben un proyecto de ley, tramitado bajo el expediente 24.256, el cual dota a la institución de mayores facultades.
Según el inciso b, del artículo número 7 de esta iniciativa, la Sugef podría “ordenar el cese o sustitución de cualquier funcionario, empleado, auditor o subauditor o similares, miembros del Órgano de Dirección o alta administración”, de entidades financieras que puedan estar en riesgo en el futuro cercano.
Esta medida fue solicitada por Aguilar, ante la polémica en torno a una serie de directivos del Banco Popular, quienes no cuentan con algunos requisitos, como la experiencia, para ocupar sus cargos, los cuales son respaldados por el Poder Ejecutivo.
«Le recomiendo a la Asamblea Legislativa curar esta enfermedad para siempre y es, efectivamente, darle la competencia a la superintendencia para que pueda ordenar la remoción de un director. Esto no significa que esto lo va a hacer arbitrariamente. Hay que seguir un debido proceso, debido proceso al cual por supuesto tiene derecho la persona, pero creo que si no va a ser una discusión esta y en otras oportunidades, porque no es el único caso que hemos tenido nosotros dificultad en esa materia», indicó Aguilar.
La presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, Dinorah Barquero, respaldó la necesidad de que Sugef pueda tomar este tipo de decisiones.
«Por supuesto que eso es importante, porque si no sería como que le dieran una entrada en primera fila al Parque Central. No tendría fuerza, no tendría peso, no tendría capacidad ejecutoria. Eso se necesita para que tenga esa autoridad y esa capacidad de decisión», afirmó la diputada liberacionista.
La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo, en el marco de fortalecer los controles y la supervisión de las entidades financieras, según detalló el diputado oficialista, Manuel Morales.
«La reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y otras leyes relacionadas, dado que en razón del préstamo del Fondo Monetario Internacional, conocido como préstamo de estabilización económica, se asumieron compromisos productos de las últimas evaluaciones realizadas por el fondo, dentro de las cuales destacan la mejora en la gobernanza de los antes financieros, resolución bancaria y otros aspectos relacionados para que el país se ajuste a los estándares internacionales. Viendo las recientes quiebras financieras y robos de las propias bóvedas de los bancos, está a la vista que el país requiere hacer ajustes para proteger los ahorros de todos y todas y confiamos en los entes financieros», mencionó Morales.
En la misma línea, el economista y experto en Banca, Gerardo Corrales, añadió que, ante las situaciones que se han presentado con las recientes intervenciones a Coopeservidores y Desyfin, es necesario dotar de este tipo de herramientas a la Sugef.
«Me parece que es la medida sí es necesaria porque es evidente que algunas entidades tienen debilidades en la idoneidad de los miembros de la junta directiva y, sin embargo, la superintendencia no tiene poder de exigirles que destituyan a ese directivo. Yo prefiero tener una ley dura, en ese sentido, que no por negligencia o mala gestión de las juntas directivas poner en riesgo el ahorro de los depositantes, como ha sido en los dos casos recientes de intervención», aseguró el economista.
¿Es realmente beneficioso este proyecto?
Para el profesor de la Maestría de Riesgos de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, Vidal Villalobos, esta eventual potestad de la Sugef podría traer un conflicto de interés a nivel político.
«La potencial remoción de funcionarios por parte de la Sugef abre, para mí, una peligrosa beta de coadministración o incluso de conflictos de interés en materia política. Es preferible poner requisitos para que esos funcionarios, antes de llegar a la alta dirección, realmente puedan cumplir con no solamente competencias técnicas, sino que también morales y éticas», manifestó el experto.
