La suspensión del concurso expuso errores en el diseño del proceso, unió a sectores críticos del Ejecutivo y recordó a la oposición su responsabilidad en la falta de reformas al canon, según analistas.
La discusión sobre la subasta para las frecuencias de radio y televisión, finalmente suspendida por la Sala Constitucional, acarreó una serie de impactos políticos para diferentes actores, según analistas consultados por Noticias Columbia.
A raíz de este debate, el Gobierno recibió señalamientos por parte de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), quienes negaron recibir un ‘trato especial’ en cuanto a la concesión de las frecuencias.
De igual manera, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pidió que se revisara el proceso para evitar exclusiones por costos excesivos.
Así lo indicó el director ejecutivo de la organización, Jorge Luis Araya.
«La Unión de Cámaras reconoce la importancia estratégica que tiene el espectro radioeléctrico para el desarrollo nacional. Es un insumo esencial para el acceso a la información, la cultura, la educación, la fe, el entretenimiento y la conectividad de los costarricenses. En razón de las medidas cautelares acogidas por la Sala Constitucional y dado los resultados arrojados por este procedimiento de asignación de frecuencias, el sector empresarial hace un respetuoso llamado para que se revise este procedimiento.
Como sector productivo, consideramos que el proceso de asignación de frecuencias debe garantizar, primero, seguridad jurídica para todos los participantes y un mecanismo de adjudicación que asegure competencia efectiva, participación plural y condiciones equitativas para los oferentes, que no generen exclusiones por costos excesivos para la realidad nacional de la mayoría de los concesionarios actuales. UCCAEP reitera su confianza en la institucionalidad pública y hace un llamado constructivo a revisar el proceso de asignación de frecuencias», señaló Araya.
Según el analista y experto en Comunicación Política, Gustavo Araya, el impacto político para el Gobierno radica en que unió, ante un cuestionado proceso de subasta, a diferentes sectores de la oposición.
De igual manera, mencionó que un eventual perjuicio económico para el país, también le podría acarrear un costo político.
«Esta unión tiene que ver con que no solamente afectó a la diversidad de medios que existen, porque incluso afectó a los más grandes, al ser un proceso prácticamente fallido. Significa que las empresas más grandes que ya pagaron, como por ejemplo Canal 7, que tuvo que haber pagado 1.6 millones de dólares, es un dinero que la empresa tuvo que hacer una erogación de la cual no está claro que vaya a recibir ningún beneficio y no está claro que vaya a quedar en firme el otorgamiento de la señal.
Así que, también eso hay que tomarlo en consideración porque potencialmente podría convertirse en una situación difícil para el Ejecutivo en costo económico y político, en donde tiene a grandes empresas, a medianas empresas, a pequeñas empresas, radioemisoras culturales, religiosas, comunitarias y unipersonales, que no necesariamente son agrupaciones con fines de lucro.
Me parece que comete un error enorme porque el costo es equivalente a unir no solamente a las radioemisoras, a las televisoras, sino también a cámaras empresariales, a sectores sociales, a sectores diversos que tienen interés en una cultura democrática de difusión de la información y evidentemente también está en incumplimiento, posiblemente, de acuerdos internacionales que, eventualmente, podrían perjudicar al país y cuyo costo político le va a caer directamente al Gobierno», afirmó el politólogo.
Por su parte, el analista Mario Quirós señaló que la discusión ‘abre un frente sensible’, pero no necesariamente decisivo en contra del Poder Ejecutivo.
«La suspensión que ha hecho la Sala Constitucional del proceso de concurso cambia un poquito el escenario que teníamos y de alguna manera pone en el congelador y le baja la la temperatura, porque de estar impulsando activamente el proceso, al menos formalmente, ahora el Ejecutivo pasa a una posición de espera y esto se refuerza cuando el mismo presidente dice que el plan que iba a dar a conocer ya no lo va a dar a conocer mientras el proceso esté suspendido, reforzando precisamente esa idea de que la bola está ahora en la cancha de la Sala Constitucional.
Aún así, el hecho de que la Iglesia Católica se aparte de las manifestaciones del presidente y la UCCAEP pida revisar el proceso, sí envía que hay señales de preocupación desde algunos actores con peso simbólico y económico, lo cual puede generar algún grado de desgaste en términos de percepción, porque se instala la idea de que el diseño del proceso, hoy detenido por la Sala, podría no ser lo suficientemente equilibrado o dialogado», destacó el analista.
En cuanto al impacto político de la oposición, Quirós mencionó que la discusión recuerda que no ha habido acciones para legislar en relación al canon, tema que también genera debate.
«Del lado de la oposición, el efecto yo creo que es mixto. Por un lado, les permitió una ventana para cuestionar al Ejecutivo y levantar banderas sobre competencia, libertad de expresión y afectación a medios regionales; pero al mismo tiempo el hecho de que no haya existido una actualización del canon es una responsabilidad acumulada de varias legislaturas y entre ellas muchas de las fracciones que critican. En otras palabras, pueden señalar errores en la gestión actual, pero tampoco pueden desentenderse del origen del problema de hace muchos años.
Políticamente, en general, el reto para ambos es el mismo, resolver un problema estructural y pasar de la acusación recíproca a una discusión seria sobre cómo construir un esquema estable, justo y sostenible para la asignación, el uso y la explotación del espectro», amplió Quirós.
