Iniciativa establece colegiatura voluntaria, con algunas excepciones y elimina la fijación de tarifas obligatorias. Algunas entidades expresan rotunda oposición y otras alegan que están en análisis.
El proyecto de ley de la legisladora de Pueblo Soberano es el 25.747 y se llama Reforma para la Promoción de la Libre Competencia en los Servicios Profesionales y Modernización del Régimen de Colegiatura.
En su primer artículo, establece que su objetivo es «garantizar el libre ejercicio profesional, eliminando la obligatoriedad de incorporación a colegios profesionales como condición para el ejercicio de actividades profesionales lícitas, sin menoscabo de la protección del interés público».
“La incorporación a los colegios profesionales será de carácter voluntario tanto en el sector público como en el sector privado, salvo en aquellos casos en que el ejercicio de la profesión, por su naturaleza, pueda generar una afectación directa y grave a la vida, la salud, la integridad física, la seguridad estructural, la fe pública, la defensa técnica en sede jurisdiccional o los derechos de terceros”, dice el artículo 3.
El proyecto de ley indica que quedan exceptuadas del régimen de colegiatura voluntaria las siguientes profesiones:
A. Medicina y Cirugía, Farmacia, Microbiología, Odontología, Enfermería y especialidades médicas cuyo ejercicio implique la atención clínica directa de personas.
B. Derecho: cuando se ejerza la representación, el patrocinio, la defensa técnica o la asesoría jurídica en sede jurisdiccional o en mecanismos de resolución alterna de conflictos, así como la función notarial.
C. Las ingenierías civil, estructural, eléctrica, mecánica, electromecánica, topográfica, en construcción y en telecomunicaciones, siempre que su ejercicio comprenda el diseño, cálculo, dirección técnica, inspección, certificación, construcción, operación o mantenimiento de obras, infraestructura, instalaciones, equipos o sistemas cuya falla pueda comprometer la vida, la salud, la integridad física, el ambiente o la seguridad pública.
–Se exceptúan los funcionarios públicos de la obligatoriedad por cuanto la actividad disciplinaria le corresponde al patrono y no al colegio profesional.
–Se prohíbe a los colegios profesionales establecer tarifas u honorarios obligatorios por los servicios de quienes ejercen profesiones liberales. A instancia del colegio profesional respectivo, podrán establecerse honorarios profesionales de referencia.
Reacciones
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestó su «profunda preocupación y oposición al proyecto de ley».
Considera que la razón de ser de estas entidades responde, fundamentalmente, a la protección de la sociedad frente a los riesgos derivados de un ejercicio profesional carente de competencia, responsabilidad o ética.
«Debilitar esas funciones sin proveer un sistema equivalente, efectivo y especializado de fiscalización y responsabilidad profesional supone trasladar a la ciudadanía los riesgos que actualmente previene el control ejercido por los colegios profesionales. La libertad de ejercicio profesional y la promoción de la competencia son objetivos legítimos, pero no pueden alcanzarse a costa de disminuir los mecanismos de protección del interés público», detalla.
«Advertimos que una reforma de esta naturaleza trasciende ampliamente la discusión sobre la colegiatura obligatoria. Lo que está en juego es el modelo mediante el cual Costa Rica garantiza la idoneidad, la ética y la responsabilidad de quienes ejercen profesiones que inciden directamente sobre los derechos, el patrimonio, la salud, la seguridad y las libertades de las personas», recalca.
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica anunció quen hará un análisis con el fin de determinar los alcances del proyecto pero comunicó una valoración inicial.
«Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, a partir de una primera revisión, el Colegio ve con profunda preocupación que se pretenda la regulación del ejercicio de la medicina de forma desigual pues la posibilidad de regulación y vigilancia que realiza el colegio exige de forma indispensable que la totalidad de los profesionales, tanto del sector público como privado, estén debidamente incorporados para garantizar un control ético, cientítico y legal unificado sobre el ejercicio de la profesión», dice el documento.
El Colegio anunció que analizará el texto a profundidad y participará en las instancias legislativas para resguardar la salud pública y el correcto ejercicio de la medicina en el país.
Desde el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria sostienen que el proyecto debilitaría la capacidad fiscalizadora de estas instituciones.
«(…) No solo propone que las personas con títulos universitarios de instituciones públicas o privadas puedan ejercer su profesión sin estar obligadas a incorporarse a un colegio profesional, sino que hace una peligrosa división entre lo que, para la legisladora, son profesiones ‘importantes’ y otras que no lo son, sin siquiera mencionar criterios que justifiquen esa diferenciación, casi antojadiza», dice la posición institucional.
“Vemos con profunda preocupación el proyecto presentado por la diputada del PPSO, Marta Esquivel. De ser aprobado, dejaría a todos los habitantes del país en absoluta indefensión cada vez que se pretenda acceder a cualquier tipo de servicio profesional«, expresó la presidenta Silvia Coto.
El Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) está haciendo un análisis detallado del proyecto de la diputada Esquivel y tiene algunas consideraciones. Considera necesario que cualquier modificación al régimen de colegiatura parta de un análisis técnico y diferenciado sobre los riesgos y las responsabilidades asociadas con cada profesión.
«En el caso de la informática y la computación, el CPIC estima indispensable que el análisis legislativo contemple las responsabilidades asociadas con ámbitos como la ciberseguridad, la protección de datos personales, la continuidad de los servicios tecnológicos y la operación de sistemas vinculados con infraestructura crítica, especialmente considerando que la tecnología tiene un carácter transversal y actualmente sustenta, habilita y conecta prácticamente todos los sectores de la actividad pública, privada, económica y social»
«(…) por ello, las decisiones, actuaciones u omisiones de quienes prestan servicios profesionales en tecnologías de la información pueden generar impactos que trascienden el ámbito estrictamente tecnológico, por lo que resulta pertinente valorar si los mecanismos previstos en el proyecto permiten asegurar adecuadamente la idoneidad profesional, la conducta ética y la rendición de cuentas de quienes desempeñan estas funciones», expresa el pronunciamiento.
El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) informó que realizará un análisis técnico y jurídico integral de la iniciativa, con el propósito de determinar sus alcances y posibles implicaciones para el ejercicio de las profesiones vinculadas.
«Sin perjuicio de este análisis, el Colegio considera fundamental destacar que la colegiatura profesional cumple una función que trasciende el requisito de incorporación. Constituye un mecanismo de interés público que permite promover principios éticos, procurar el ejercicio responsable de la profesión, impulsar la actualización permanente y brindar mayores garantías a la ciudadanía sobre la idoneidad de quienes ofrecen servicios profesionales», resalta el comunicado.
«El CCECR considera que el ejercicio de las Ciencias Económicas tiene una incidencia directa en ámbitos estratégicos para el desarrollo del país, tanto en el sector público como en el privado. Las decisiones y servicios brindados por profesionales de estas disciplinas tienen repercusiones sobre las organizaciones, las instituciones, la gestión de los recursos y el bienestar de la sociedad. Por ello, resulta esencial preservar mecanismos que contribuyan a garantizar un ejercicio profesional responsable, actualizado y sujeto a principios éticos», añade.
La institución está dispuesta a participar en los espacios de diálogo técnico e institucional que correspondan, aportando criterios que contribuyan a una discusión informada, responsable y equilibrada.
La tarde de este sábado, el Colegio de Cirujanos Dentistas emitió un pronunciamiento en el cual manifiesta su «profunda preocupación» por las «posibles consecuencias que una reforma de esta naturaleza podría generar sobre el sistema de regulación y fiscalización del ejercicio profesional en nuestro país».
«Nuestra posición no responde a la defensa de privilegios gremiales ni de interese económicos institucionales. El riesgo radica en debilitar las garantías que protegen a la población, de manera de que toda persona que reciba atención odontológica en Costa Rica, tenga la certeza de ser atendida por un profesional debidamente habilitado, sujeto a estándares éticos y científicos y sometidos a mecanismos efectivos de fiscalización y responsabilidad», resalta.
El Colegio de Contadores Públicos se opone a la iniciativa de ley de la diputada Esquivel al considerar que «transgrede el ejercicio de la Contaduría Pública, la fe pública y los derechos de terceros; así como debilitar mecanismos esenciales de protección del interés público».
«Considerar cualquier modificación al marco legal de los colegios profesionales debilita los mecanismos de control, responsabilidad y protección existentes. El proyecto propone convertir la colegiatura en voluntaria para la Contaduría Pública, pese a que la propia iniciativa reconoce que la colegiatura obligatoria puede justificarse cuando el ejercicio de una profesión pueda afectar gravemente la fe pública o los derechos de terceros”, indicó el presidente del Colegio de Contadores Públicos«, indica el comunicado.
«Los Contadores Públicos Autorizados en el ejercicio de la profesión emiten certificaciones, informes y otros trabajos que tiene carácter de documento público que sirven de fundamento para decisiones de personas, empresas e instituciones públicas y privadas. Por ello, su ejercicio trasciende la relación entre el profesional y su cliente y compromete la confianza pública depositada en sus actuaciones», subraya.
Otras posiciones
Organizaciones vinculadas al sector también emitieron pronunciamientos en las últimas horas. La Unión de Fiscalías de Colegios Profesionales de Costa Rica, por ejemplo, se opone al proyecto de ley.
La organización, que agremia a los fiscales de estos entes públicos no estatales, sostiene que la iniciativa, de aprobarse, reduciría la capacidad de los colegios para vigilar el trabajo de sus agremiados y sancionar faltas éticas o técnicas.
«El proyecto plantea equiparar el ejercicio profesional a una lógica estrictamente comercial. Ese cambio, advierte la agrupación, desconoce la función que hoy cumplen los colegios: no solo agremiar, sino también fiscalizar el ejercicio de cada profesión y actuar cuando un colegiado incumple sus deberes», enfatiza.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica emitió un pronunciamiento este viernes, el cual fue compartido por el Colegio de Profesionales en Psicología.
La presidenta de la organización, Anny Chaves, manifestó que el proyecto de la diputada de Pueblo Soberano afecta el ejercicio profesional y lo que los profesionales aportan en los diferentes temas en que laboran.
Cerramos esta primera nota del tema con la posición de la Asociación de Abogados y Abogadas Litigantes (AALIT) pide un diálogo y análisis sobre esta propuesta, de la forma en que está presentada, pues podría tener algunos inconvenientes.
«De parte de la Asociación siempre vamos a estar en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Todo proyecto de ley que se presente en Costa Rica siempre tiene que estar apegado en esto. Este tipo de proyectos igual tienen que revisarse bajo esa óptica y eso es lo que piensa nuestra organización», expresó su presidente, Kendall Ruiz.
«(…) Consideramos que el proyecto de la forma en que está presentado podría tener algunos elementos que generarían algunos problemas con respecto a la institucionalidad… que de repente podría dejar y recaer en la ciudadanía la responsabilidad, la idoneidad de los distintos y las distintas profesionales que se desempeñan. Igual hacer esta división de lo que es el sector público y sector privado no es lo más correcto, dado que son los mismos profesionales», añadió.
«Nuestra asociación está en plena disposición de sentarse en la Asamblea Legislativa y con los distintos foros, las distintas federaciones, distintos colegios que inclusive tenemos convenios para analizar este proyecto, revisar las oportunidades de mejora, siempre respetando los derechos de las personas y claro, también estableciendo cuáles son los deberes que se tienen que respetar, mantener y establecer en pro de nuestra sociedad costarricense», concluyó.
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) aún no ha emitido un pronunciamiento institucional. En la oficina de comunicación nos informaron que el proyecto de ley está en un análisis desde el punto de vista técnico.
