Diputados oficialistas denuncian un exceso del Tribunal, mientras otros partidos defienden la aplicación del Código Electoral y la necesidad de reformas legales.
La solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantar la inmunidad del presidente de la República genera dudas sobre las normas y reglamentos que utilizarán los diputados para tomar una decisión.
La diputada oficialista Pilar Cisneros afirma que debe prevalecer lo que establece la Constitución Política, por lo que el TSE no tiene la potestad de solicitar la destitución del mandatario. Además, considera necesario impulsar reformas constitucionales para dar claridad a estos procedimientos.
“El Tribunal Supremo de Elecciones se basa en el Código Electoral, que indica que se puede inhabilitar a un presidente por beligerancia. Sin embargo, ¿qué prevalece: la ley o la Constitución? El artículo 102, inciso 5, de la Constitución dice claramente que, en caso de beligerancia, si la investigación contiene cargos contra el presidente, ministros, diplomáticos o magistrados, el Tribunal debe limitarse a informar a la Asamblea Legislativa del resultado. Por tanto, prevalece la Constitución. Le guste o no al Tribunal, no tiene competencia para pedir el levantamiento del fuero ni, mucho menos, para destituir al presidente Rodrigo Chaves«.
Cisneros señala que es necesario realizar reformas en la Constitución Política para que existe claridad en el tema. «Más que reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa, se deben hacer cambios constitucionales y legales para que el procedimiento quede absolutamente claro. Estoy completamente segura de que no existe ningún artículo que autorice a la Asamblea a quitarle el fuero al presidente por un caso de beligerancia política. Además, la beligerancia política no es un delito, sino un ilícito, por lo que mucho menos se podría quitar el fuero a un presidente, magistrado, diplomático o contralor por esa causa”, afirmó Cisneros.
Los diputados socialcristianos Daniela Rojas y Alejandro Pacheco coinciden en que el Código Electoral contempla la destitución del cargo en casos de beligerancia política. Rojas, además, reconoce la necesidad de reformar los reglamentos para dar mayor claridad al proceso.
“Este caso evidencia la necesidad de revisar los vacíos existentes en el reglamento de la Asamblea Legislativa, especialmente en los procedimientos relacionados con la inmunidad presidencial. La claridad normativa es esencial para evitar interpretaciones discrecionales y garantizar la seguridad jurídica. El último párrafo del artículo 146 del Código Electoral contempla la posibilidad de destitución en casos de beligerancia política. Persisten vacíos y contradicciones entre la Constitución, la ley y el reglamento legislativo, que deben analizarse con detenimiento para definir el procedimiento correcto”, explicó Rojas.
Por su parte, Pacheco recordó que el artículo 270 del Código Electoral establece que el presidente y los vicepresidentes pueden ser inhabilitados por el TSE, y señaló que el procedimiento legislativo ya cuenta con un precedente.
“En la primera solicitud presentada contra el presidente Chaves ya se aplicó un procedimiento. Si hay desacuerdos, que se presenten los recursos necesarios. Estamos en un Estado de derecho, y las instituciones están para eso. Lo correcto es darle trámite cuanto antes, sin alargar el proceso”, dijo Pacheco.
El candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano, Antonio Barzuna, asegura que existe una persecución política contra el presidente y anuncia que, de llegar al Congreso, impulsará reformas para evitar interpretaciones arbitrarias.
“A mi criterio, es una barbaridad. La persecución contra el presidente Rodrigo Chaves es evidente. Se están utilizando todos los medios institucionales posibles para perjudicarlo, pero no lo van a lograr. Desde la Asamblea Legislativa plantearemos las reformas necesarias para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y no queden a criterio de los políticos de turno”, afirmó Barzuna.
Finalmente, la candidata a diputada del Partido Liberación Nacional, Iztarú Alfaro, considera que las normas deben revisarse, aunque subraya que el presidente debe respetar las leyes vigentes.
“El presidente Rodrigo Chaves asumió el poder el 8 de mayo de 2022 con las leyes y reglamentos que hoy se le aplican. Ni en su campaña ni durante su gestión se cuestionaron esas normas. En su momento se podrán analizar los cambios necesarios, pero actualmente debe cumplir con la ley y la Constitución, ante las cuales juró al asumir el cargo”, concluyó Alfaro.
