En marzo del 2024, un exmiembro de la Junta Directiva de la Caja y un directivo suspendido abogaron por la contratación de un seguro igual a la polémica póliza que busca el Gobierno para su gabinete.
Directivos suspendidos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pidieron que la institución evaluara la posibilidad de darle a la Junta Directiva y a las gerencias una póliza de responsabilidad civil.
Se trata de un seguro como el que el Ministerio de Hacienda pretende contratar con el Instituto Nacional de Seguros (INS) para los miembros del gabinete.
La discusión se dio en una sesión del pasado 14 de marzo, en la que el representante de los patronos, Johnny Gómez, aseguró que los directivos deberían tener una póliza que los cubra ante errores o negligencia.
«Yo ando detrás de que la Caja, tanto la Junta Directiva como las gerencias deben de tener una póliza de responsabilidad civil que las proteja por errores en la toma de decisiones. En el fondo, los estamos asumiendo personalmente cuando tomamos decisiones. Las gerencias y la Junta Directiva deben tener una póliza de responsabilidad civil que las proteja por errores en las decisiones o por negligencia en la toma de decisiones, como son los contratos típicos de responsabilidad civil», pidió Gómez.
Esta propuesta fue apoyada por el exdirectivo Jorge Porras, quien representaba al Estado y cuya salida de la junta se hizo efectiva el pasado 25 de setiembre.
Porras, quien también fue detenido por el caso Barrenador, aseguró que en otros órganos directivos sí se utilizan estas pólizas para cubrir a sus miembros.
«Nosotros aquí, como miembros de Junta Directiva, casi trabajamos a ad honorem. Ni café, no hay presupuesto. Es importantísimo porque yo estaba en otras juntas directivas donde, efectivamente, hay una póliza porque nosotros trabajamos prácticamente ad honorem aquí, pero tenemos una gran responsabilidad», respaldó Porras.
El representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Deivis Ovares, fue crítico de esta idea planteada en el seno de la Junta Directiva de la institución.
«En Undeca creemos que no es responsabilidad de los costarricenses pagar los actos de corrupción de los políticos mediante pólizas, que se pagan con fondos públicos. Es una barbaridad que en este gobierno se esté pensando de esa manera y que los representantes que incluso pongan en la Caja tengan esas ideas de hacer lo mismo que pretendió el Gobierno y que, por dicha, fue denunciado públicamente y parado por la Contraloría General de la República. Los costarricenses no tenemos por qué pagar pólizas para las tortas que hacen los políticos en su función, para eso hay legislación que les atribuye responsabilidades y por medio de las cuales tienen que enfrentar los procesos en los que hayan incurrido en omisiones o delitos. No somos los costarricenses los que tenemos que estar pagando ese tipo de barbaridades de la clase política en nuestro país», cuestionó el representante de Undeca.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), Lenin Hernández, calificó de ‘inoportuno’ el momento en el cual se discutió la posibilidad de contratar esta póliza para los directivos de la Caja.
«Me parece que la propuesta que llevó días atrás el directivo separado del cargo, don Johnny Gómez Pana, a la Junta Directiva de la adquisición de una póliza por eventuales errores administrativos se hizo en un momento muy poco oportuno y decimos esto porque ya se está ventilando, desde esa época, la adjudicación de esos 138 ebais a las cooperativas con procedimientos totalmente atípicos en la Caja. Aunado a ello, como un hecho histórico, ninguna junta directiva de la institución ha adquirido una póliza de esta naturaleza. Siendo además que del Ejecutivo se estuvo ventilando la adquisición de estas pólizas en los diferentes ministerios para los puestos de alta gerencia, en donde también se han cuestionado algún tipo de decisiones, es que a los costarricenses se nos hace un poco incómodo el que se tenga que asumir, por parte de los contribuyentes y por parte de las instituciones públicas, estas erogaciones a través de estas», apuntó Hernández.
