El Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con personas menores de edad entre enero y setiembre de 2025, frente a 2.772 en 2020, según cifras del Poder Judicial.
Los expertos en niñez llamaron la atención sobre la amenaza de la explotación sexual en menores de edad, delitos que se han presentado con mayor frecuencia durante los últimos años en nuestro país.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), de la Universidad Nacional (UNA), Rolando Barrantes, señaló la captación como uno de los principales riesgos.
«La captación puede darse, incluso, por un tema intergeneracional entre las familias que se ha visto como una práctica normalizada que se va pasando de generación en generación, personas que van incurriendo en este tipo de prácticas, pero también en los últimos años y con el surgimiento del internet y las redes sociales, esto se ha intensificado y se ha masificado, incluso llegando a aspectos de índole tecnológica, que han facilitado y masificado también el tema de la captación», indicó.
Efectos y acompañamiento
La coordinadora del Programa “SOS Niñez” de Aldeas Infantiles SOS, Dulce Ramírez Jiménez, aseguró que el impacto de un delito sexual en contra de un menor va más allá del momento en el que sucede el acto.
«Va a depender mucho del contexto, como por ejemplo, edad, duración del abuso, el vínculo que se tenga con el agresor y el apoyo que se reciba posteriormente. Las consecuencias pueden variar, pero en todos los casos siempre va a existir una afectación importante en el desarrollo emocional de la persona.
Por ejemplo, podemos observar síntomas como ansiedad, depresión, miedo, culpa, la vergüenza, que es como la primera emoción que salta, alteraciones del sueño, dificultades para regular, por ejemplo, las emociones, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar…
Si lo vemos desde un ámbito más educativo, el aislamiento social que provoca también como parte de esos efectos y en algunos casos también aparecen conductas autolesivas, que son los famosos cutting, el consumo de sustancias o pensamientos suicidas, especialmente cuando el trauma no se recibe la atención especializada que se le pudiera brindar en ese momento», detalló.
Ramírez recordó que la confianza en los menores es fundamental para acompañar a quienes son víctima de este tipo de delitos.
«Creer en ese niño, en esa niña, en ese adolescente que tuvo la confianza y que se atrevió a contar esa situación tan traumática que vivió y cómo eso genera un enorme esfuerzo de esta persona víctima en poder generar un poquito de confianza y poder expresarlo.
Escucharlo, escucharla sin juzgar, sin cuestionar, sin responsabilizarlo, eso es lo primordial y lo fundamental que tenemos que hacer para poder acompañar realmente a una persona menor de edad», pidió.
Responsabilidad de los adultos y el país
Por su parte, el coordinador nacional de Advocacy World Vision Costa Rica, Edder Araya Fernández, explicó que los adultos se aprovechan de la relación de poder con los menores cuando cometen la explotación sexual.
«Sin duda la persona menor de edad está en desventaja con esa persona adulta que, además, aprovecha situaciones de vulnerabilidad social como la exclusión, la falta de oportunidades o la pobreza que sin duda hace que sea que utilice ese recurso de poder para favorecerse y explotar o cometer esos actos delictivos en contra de las personas menores de edad.
También es evidente que hay una normalización de la violencia o una normalización de ciertos delitos y sin duda alguna este tipo de situaciones calan en la sociedad y permite que haya una permisividad con situaciones que deberían ser denunciadas y, al mismo tiempo, hay que reconocer que todos los entornos digitales han facilitado este tipo de recursos, han facilitado el conectar con otras personas fuera del país y extender estos hechos delictivos que sin duda cuando la justicia interviene y se logra detectar y se han y han desarticulado bandas no solo es en el país sino otros o en otros entornos o en contacto con otros sectores a nivel internacional», explicó.
Por eso, Fernández hizo un llamado a revisar con atención la forma en la que el país cuida a sus menores de edad para evitar estas agresiones.
«Es importante tener en cuenta, por ejemplo, todo lo que es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y en este sentido tiene que ver con la activación de protocolos de manera adecuada para poder intervenir apenas haya una denuncia. Hay que tener canales para poner denuncias, ojalá confidenciales, donde además la persona se le dé un acompañamiento para su seguridad y activar inmediatamente, por ejemplo, el Sistema de Atención Especializada a las personas menores de edad.
Es importantísimo recordar que ya en 2020 el Comité de los Derechos del Niño había hecho en sus observaciones al país algunas recomendaciones en este sentido, sobre la necesidad de fortalecer la prevención de la explotación sexual, adoptar los procesos judiciales para evitar la revictimización de niños, niñas y personas adolescentes y mejorar la identificación y atención de las víctimas y combatir con mayor eficacia las redes de explotación sexual comercial», indicó.
El Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con personas menores de edad entre enero y setiembre de 2025, frente a 2.772 en 2020, según cifras del Poder Judicial.
