El experto en derecho penal Ewald Acuña asegura que hay un fenómeno a nivel internacional y en Costa Rica que politiza ciertos procesos legales
Marta Eugenia Esquivel dejó su cargo en el Ministerio de Trabajo en septiembre de 2022 para convertirse en la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Puesto que desempeñó por 2 años, en donde los cuestionamientos a sus decisiones fueron el principal protagonista, inclusive siguen siéndolo, ahora que lidera el Ministerio de la planificación.
Este miércoles el fiscal general, Carlo Díaz, pidió al Consejo de Gobierno certificar en el plazo de cinco días hábiles el acuerdo mediante el cual se nombró a Marta Esquivel en la cartera de MIDEPLAN.
Recordemos que ella estaba suspendida desde el mes de octubre del año anterior, cuando fue detenida e investigada por la adjudicación de 138 ebais a varias cooperativas y el 8 de enero el mandatario Rodrigo Chaves decidió nombrarla ministra, dándole inmunidad para continuar con el proceso de investigación.
¿Cuáles han sido algunos de los cuestionamientos a los que se ha enfrentado Esquivel?
Uno de los más sonados y que no ha tenido respuesta, ni solución ha sido el pago de más que recibió la exjerarca de la Caja, en donde la Contraloría General de la República (CGR) pidió ajustar el salario de ₡7.158.848 a ₡5.565.000.
“Realmente el tema del salario y para que sepan, a mí nadie me ha informado oficialmente, casi que han sido los medios de comunicación los que me han dado las noticias, la resolución que emite la contraloría es de tres páginas, realmente no tiene ni siquiera una adecuada fundamentación legal” (enero 2024).
Sin duda la deuda de las listas de espera no pasó desapercibida y a pesar de haber presentado una ruta para bajar los tiempos de espera esto no ha llegado.
“No se trata aquí de privatizar la caja ni nada por el estilo, pero cuando usted logra ver 19 personas del 2016 en en una lista de espera y algunos de ellos personas jóvenes con procesos complejos de operaciones de columna, honestamente creo que les tenemos una deuda enorme como Caja Costarricense del Seguro Social y no pudimos logramos avanzar” (octubre 2023).
Y no se puede dejar de lado el cuestionamiento a los terrenos del Hospital de Cartago, en donde inclusive se ha mencionado una presión del gobierno a la empresa mexicana que construiría el centro médico para que abandonara el proyecto, tema del que habló Esquivel en un video en sus redes sociales una vez iniciado el proceso judicial.
“El 23 de septiembre marcó, sin lugar a dudas, una fecha particular en mi vida personal y profesional y como presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, en estos días, sobre todo después de la suspensión que se nos ha dictado para ejercer el cargo en la presidencia ejecutiva de la Caja, me he cuestionado si habrá detrás de esto alguna razón para que no me quieran dentro de la institución tomando decisiones ya que pues desde que entré hace más de 2 años han sido difíciles, duras, complejas y con muchos eh ataques desde el día 1 que entré a la institución” (octubre 2024).
Pero este caso en específico nos permite llegar a otro análisis y hacernos otra pregunta.
¿Hay una politización de los procesos legales y discusiones entre poderes?
Para el conocido abogado penalista, Ewald Acuña en nuestro país está viviendo un fenómeno en este entorno que crea preocupación.
“Costa Rica no escapa de un fenómeno que está ocurriendo en el mundo occidental que es el uso de procesos legales de carácter judicial con motivación política, esto significa que se instrumentaliza el sistema jurídico para afectar políticamente a alguna persona o agrupación. Y en eso desgraciadamente la presentación de denuncias que obligan al Ministerio Público a realizar investigaciones tienen en muchos casos la finalidad de enturbiar procesos de carácter político, afectar la imagen o reputación de las personas o crear cuestionamientos alrededor de ellos independientemente de si la denuncia tiene o no tiene una fundamentación probatoria suficiente. Y en este sentido hay que entender que no toda denuncia implica la responsabilidad penal de la persona o la existencia del hecho que se denuncia, sino que en muchos casos esa motivación puede deberse a finalidades de carácter político estrictamente”.
El poder ejecutivo remitió este jueves una carta al fiscal general Carlo Diaz en la que justifica el nombramiento de Esquivel en el Ministerio de Planificación.
